El presidente de los bienes comunales, Amado Solano, refiere que sólo en San Miguel del Progreso, en Guerrero y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera.

Regeneración, 25 de julio de 2017.- De acuerdo con información del diario La Jornada, Luis Gálvez Ortega, comisario municipal, y Valerio Mauro Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso (o Júba Wajíin, cerro del muerto, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, advierten que “si el gobierno pretende imponer la explotación de una mina en nuestros territorios sagrados, solamente muertos nos van a sacar”.

Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales sostiene que: “No estamos jugando, estamos defendiendo muchas cosas. Primero, pensamos en nuestros hijos y en su bienestar. Esperamos que nadie nos pueda defraudar o destruir en el lugar en que hemos nacido. Además, no molestamos al gobierno federal ni al estatal”.

Agrega: “Llevamos años sin obras del gobierno. En otras comunidades han arreglado las calles, el agua. Aquí, apenas ahora el alcalde está construyendo la comisaría. Nuestras calles están rotas, las que van a Ayutla de los Libres y a Tlapa. La avenida principal la hicimos nosotros, para ello vendimos nuestra madera, porque el gobierno no apoya. Nuestra lucha ha sido de brazo a brazo”.

Cabe recordar que el 28 de junio pasado, la juez primera de distrito, Estela Plata Salado, emitió una sentencia en favor de la comunidad de San Miguel del Progreso que ordena a la Secretaría de Economía federal dejar insubsistente la declaratoria de libertad de terreno 02/2015, que correspondía a las concesiones Reducción Norte Corazón de las Tinieblas, título 232560, y Corazón de Tinieblas, título 237861, las cuales fueron canceladas.

Por su parte, Amado Solano presidente de los bienes comunales, dice que sólo en San Miguel del Progreso y sus seis colonias existen 4 mil 449 hectáreas de zona minera. “Sabemos quiénes las quieren explotar. Para nosotros el fallo que dio la juez en favor de la comunidad fue de mucha importancia porque con eso no nos puede mover la minera”.

Es importante recalcarlo porque las minas contaminarían el agua de los cerros y hacia abajo “todos los pueblos saldrían amolados”, incluidos los grandes ganaderos de la Costa Chica. Lo que defendemos favorece a las comunidades de la Costa Chica y la Montaña alta; no queremos que nadie venga a contaminarnos, insiste Solano.

“Nos hacen falta más obras, pero ya no queremos vender (los recursos). Suspendimos la venta de ocote porque están quedando pobres los cerros y puede haber un deslave que acabe con todo.

Nuestros padres nos inculcaron que siempre hay que defender el lugar en que nacimos, y que nadie nos puede venir a pisotear. Nunca hubo un programa de gobierno, pero pobremente ellos pudieron defenderse.

Insiste: “No vamos a permitir que el gobierno mande a las mineras. Que no nos diga: ‘sálganse porque el gobierno ya negoció, ya pagamos por ustedes’. Vamos a defender nuestras tierras hasta el último instante de nuestra vida porque es la herencia de nuestros hijos y nietos”.

“Aquí nacimos, crecimos y trabajamos. Somos pequeños productores de maíz, café y frijol”; sin embargo, en el periodo 2016-2017 “ya no tuvimos nada que vender porque la plaga de roya dejó puras barañas (ramas secas) y, como siempre, no tuvimos apoyo del gobierno. Por lo menos tuvimos yerbas para comer, como quelites. Por eso no queremos que se contamine el agua con las minas”.

Fue el 12 de abril de 2014 en Malinaltepec, autoridades municipales y agrarias de cuatro municipios de la Montaña y la Costa Chica, que integran el Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, rechazaron a las mineras. Después supieron que la Secretaría de Economía ya había entregado cuatro concesiones de explotación a Hochschild Mining México y a la canadiense Camsin Minas, para la explotación de oro, plata y zinc.

La CRAC-PC denunció en 2010 que los consorcios referidos iniciaron trabajos de exploración en al menos 50 kilómetros cuadrados de los municipios de de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec y Zapotitlán Tablas, de la Montaña y la Costa Chica.

Y fue justo en ese año que explotación a cielo abierto las mineras Los Filos-El Bermejal en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, y la empresa Media Luna exploraba Cocula y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, lo mismo hacía Explo Sierra en Quechultenango y Mochitlán. Todos estos territorios están controlados por el crimen organizado.

Con información de: La Jornada