En Tepoztlán, habitantes y autoridades impidieron la ampliación de la autopista La Pera- Cuautla y tomaron la caseta de cobro en defensa del territorio y de la zona ecológica.
Regeneración, 24 de mayo de 2017.- El alcalde Lauro Salazar Garrido se sumó a la protesta contra la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, luego de que un grande grupo de campesinos, ambientalistas e intelectuales denunció el ecocidio perpetrado el viernes 19 y exigió castigo para los responsables.
Salazar Garrido señaló que no tenía conocimiento del estado de los permisos y autorizaciones, por lo que se tomó el acuerdo de detener las obras hasta que se analicen los documentos, autorizaciones y permisos, entre ellos la Manifestación de Impacto Ambiental.
Expresó que si hubo alguna autorización, corrió a cargo de la anterior administración encabezada por el actual diputado local Francisco Navarrete Conde, perredista ligado al senador Fidel Demédicis, enemigo acérrimo del gobernador Graco Ramírez.
También dio luz verde para establecer mesas de trabajo jurídicas y científicas para el análisis de todos los asuntos relacionados con el proyecto de ampliación de la autopista. No obstante, los vecinos inconformes con los trabajos señalaron que en ese proceso también deberían participar los comuneros, pues advierten que algunos de ellos dieron el permiso sin consultaron a la comunidad en su conjunto.
La tala “indiscriminada” de cientos de árboles endémicos de la zona, como guayabos, amates, guajes, guamúchiles, jacarandas, parotas, acacias, cuaulotes, ciruelos, entre otros, por parte de los trabajadores de la constructora que realiza la ampliación de la autopista La Pera- Ocalco, el jueves y viernes pasado en las inmediaciones del pueblo de Tepoztlán, indignó a los tepoztecos, quienes el mismo viernes presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia por «ecocidio», en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador Graco Ramírez.
Algunos de los inconformes aseguraron que no existe documento que sustente la cesión de tierras ni el permiso de ocupación previa, y tampoco ocurrió expropiación alguna.
Otros más pidieron al alcalde que en ese momento, junto con el cabildo, se trasladaran al oriente del municipio, en los límites con Yautepec, a la comunidad de Oacalco, para detener las obras.
Al terminar la sesión, el alcalde encabezó la caravana de inconformes que iban en dos camiones de la línea Ometochtli, la única que da el servicio de transporte colectivo intercomunitario y foráneo a Cuernavaca y Yautepec, a cuyos conductores pidieron “su colaboración” para el traslado. Los choferes aceptaron a regañadientes.
Al llegar al sitio señalado se encontraron con pocos trabajadores y les preguntaron por el jefe de la obra. El único con el que pudieron hablar fue el superintendente de bacheo Jesús Aníbal Fernández Rojo, quien escuchó las propuestas.
En conferencia de prensa, Salazar Garrido dijo que el compromiso principal es, “en forma respetuosa y apropiada, hacer venir a las autoridades responsables de este tipo de trabajos, solicitar sus permisos y conocer el respaldo documental para hacer esta obra”.
Agregó, la sociedad tomó el acuerdo de “detener las obras de forma pacífica y no violenta”, y mencionó que no es cuestión de negociar, sino de “hacerles entender que cometieron un ecocidio de dimensiones superiores” al derribar cerca de tres mil árboles.
“Lo más importante es evitar un enfrentamiento entre la gente y los trabajadores”, insistió el alcalde.
Luego de que los inconformes se apropiaron del área, junto a las máquinas apagadas, Salazar Garrido manifestó que el problema de fondo es agrario y, por lo tanto, es necesario “rastrear” quiénes han dado autorización para la ampliación de la autopista. Admitió que la población de Tepoztlán está dividida porque existen personas que están a favor de la ampliación, pero al final, subrayó, la mayoría se impondrá.
Por unanimidad, el cabildo, conformado por el alcalde, un síndico y cinco regidores, todos presentes en la sesión abierta de este lunes, acordó detener las obras hasta que se revisen los permisos, así como hacer el recorrido para verificar el tamaño de los daños provocados por los constructores y deslindar responsabilidades del ecocidio.
Con información de: La Jornada y Sur Digital
