por Pedro Miguel
La primera medida del gobierno de Peña Nieto fue provocar y reprimir con extrema violencia a quienes protestaban por su toma de posesión.
La segunda fue montar una escenografía de pluralismo político, unidad nacional y democracia mediante la incorporación de las oposiciones políticas formales al llamado “Pacto por México”, una maniobra publicitaria con la que el régimen aparenta gozar de consenso.
Tal vez un día llegue a saberse qué les ofreció Peña a los dirigentes formales del Partido de la Revolución Democrática y a los de Acción Nacional para que aceptaran estampar su firma en una simulación que se contradice en los hechos día con día y que sirve de tapadera para consumar modificaciones legales lesivas para la población. Lo que está a la vista, por lo pronto, es el carácter dañino, depredador y privatizador de tales reformas.
Las disposiciones laborales aprobadas el año pasado, por ejemplo, fueron presentadas como herramientas para generar empleos, cuando en realidad son medidas para reducir las conquistas de los asalariados y establecer condiciones de trabajo semejantes a las de la esclavitud, con contrataciones por hora, despidos sin compensación y, eso sí, preservación de la opacidad y la antidemocracia en las organizaciones sindicales controladas por el gobierno.
La llamada “reforma educativa”, presentada como una plataforma para modernizar y dar calidad a la educación, en realidad es una maniobra que propicia la privatización de la enseñanza y transfiere a los padres de familia la responsabilidad gubernamental en el mantenimiento y operación de las escuelas públicas.
En cuanto al encarcelamiento de la dirigente charra Elba Esther Gordillo, es claro que fue un golpe de imagen y un ajuste de cuentas al más puro estilo de la mafia, pero la destrucción del gordillato no tiene por intención contribuir a la democratización del SNTE, el cual sigue siendo un aparato de manipulación política y explotación económica de los maestros, bajo el control directo del gobierno.
El gobierno de Peña ha presentado su plan de entregar a particulares la industria petrolera como parte de un empeño por “modernizarla” y “fortalecerla”, y todos los días asegura que el proyecto no consiste en privatizar Pemex.
En efecto, el plan peñista no es convertir a Pemex en una empresa particular, sino en mantenerla como una oficina que reparta contratos de exploración, extracción, refinanción y transporte a consorcios privados, nacionales y extranjeros, una práctica que actualmente se realiza de manera ilegal, pues está prohibida en el artículo 27 de la Constitución.
Si el programa privatizador de Peña prosperara, el Estado dejaría de percibir buena parte de las utilidades que actualmente recibe por la operación de la industria petrolera, pues irían a parar a manos de contratistas y concesionarios particulares.
Previendo esa disminución de recursos, el peñato pretende llevar a cabo una reforma fiscal, a fin de compensar, mediante la aplicación del IVA a alimentos, medicinas y libros, y otras medidas antipopulares, el quebranto al erario que ocasionaría la privatización de la industria petrolera.
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