Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 28 de julio 2014.-El viernes 18 de julio el pleno del Senado de la República aún discutía la nueva Ley de Hidrocarburos que legaliza la apertura de contratos a compañías privadas petroleras, incluyendo a las poderosas trasnacionales norteamericanas, pero los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) firmados entre Estados Unidos y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación de Pemex a sólo 20 por ciento de estos yacimientos donde se calcula que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.
La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre de 2013 por el Senado norteamericano –mientras en México se discutía la reforma constitucional en materia energética: originalmente se le prometió a Pemex una participación “mínima” de 50 por ciento y ahora se reducía a 20 por ciento en estos yacimientos.
En tribuna, el mismo 18 de julio, la senadora del PRD, Dolores Padierna, recordó que estos acuerdos son anticonstitucionales. “Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y explotación de hidrocarburos se aprobó antes de aprobar el cambio constitucional”, sentenció la legisladora.
“Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas, competidoras de Pemex, en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar tecnológicamente. No sabemos por qué no se actuó en Pemex. El hecho contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección el interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a una eventual distribución o reglas de ambos países para que nuestros hidrocarburos no se los llevaran al vecino país”, argumentó Padierna.
La senadora perredista advirtió el punto fundamental de los ATH entre México y Estados Unidos que explicaba la celeridad para aprobar en el Congreso mexicano las leyes secundarias: en el artículo 1 de este acuerdo se establece que “estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las empresas que están trabajando en el área limítrofe con México”.
En otras palabras, no se podrán modificar las licencias y el acuerdo no aplica a la jurisdicción de aguas territoriales con Texas.
Padierna afirmó que el área abarca 140 bloques marítimos, en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, de los cuales, 23 ya están concesionados a las grandes empresas norteamericanas como Exxon-Mobil, Chevron, ConcocoPhillips, Shell y decenas de pequeñas compañías con sede en Texas.
Pemex ha explorado esa zona desde hace 14 años, con plataformas sumergibles del Grupo R, del empresario tamaulipeco Ramiro Garza Cantú, y con plataformas de Carlos Slim, semisumergibles, sin extraer los miles de barriles que se habían prometido del lado mexicano.
El senador Luis Sánchez, también del PRD, señaló en el mismo debate que deliberadamente Pemex no explotó los yacimientos transfronterizos para beneficiar a la contraparte norteamericana y consideró que con 20 por ciento de participación la paraestatal mexicana “entregará los recursos del país”.
En defensa de los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH), la senadora del PRI, Hilda Flores Escalera admitió que la Ley de Hidrocarburos “se suma al acuerdo entre México y Estados Unidos, relativo a los yacimientos transfronterizos” porque “las fronteras son divisiones impuestas por los hombres, que las formaciones geológicas no respetan”.
Flores Escalera afirmó que gracias a la Ley de Hidrocarburos “brindamos certeza sobre la explotación de recursos de la forma más conveniente para el país”. “La obligación de una participación en al menos un 20 por ciento de Pemex u otra empresa productiva del Estado, permitirá salvaguardar la soberanía nacional y proteger la propiedad de la nación”, sentenció la legisladora priista.
La senadora confirmó que tan sólo en el yacimiento Eagle Ford, de la Cuenca de Burgos –que abarca a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, estudios de la Universidad de Texas revelan que la explotación en esta zona generó tan sólo en 2011 un total de 25 mil millones de dólares en ingresos y en 2013 alcanzó a producir 529 mil barriles diarios, el equivalente a una quinta parte de la producción mexicana de crudo.
“Hoy, sólo uno de estos cuatro estados (Texas) está aprovechando los beneficios de la explotación que esta formación ofrece y se encuentra lamentablemente para nosotros, en territorio estadounidense, mientras los otros tres contemplamos solamente su potencial”, se quejó la legisladora.
Contratos, a tribunales internacionales
El nuevo modelo de contratos que se detallan en la Ley de Hidrocarburos no sólo legalizarán e intensificarán la explotación de los yacimientos transfronterizos sino que permitirán que cualquier litigio sea resuelto ya no por el Estado mexicano sino por tribunales internacionales.
En su voto particular, el senador Alejandro Encinas, del PRD, advirtió que esta ley establece como objetivo central “la definición de yacimientos transfronterizos, aquéllos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella”.
“También se considerarán como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Mar de las Naciones Unidas”, abundó el legislador.
Bajo este esquema, advirtió Encinas, “legalizan de manera permanente en el derecho interno los acuerdos interinstitucionales que comprometen la soberanía de la nación, y establecen obligaciones onerosas que contravienen la salvaguarda de los bienes nacionales”.
“La Ley de Hidrocarburos, exenta de mecanismos de contrapesos como el control parlamentario. La ausencia del Senado, como revisor de la acción del Ejecutivo y sus secretarías, comprometen el futuro del país”, insistió.
Encinas calificó como “ínfima” la participación de 20 por ciento de Pemex en los yacimientos transfronterizos y bajo el nuevo esquema de contratos que permiten la exploración y explotación del petróleo y el gas hasta en un 100 por ciento de inversión privada, “les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos, sin garantizar de manera efectiva la transferencia tecnológica en beneficio del país que genere el incremento de nuestro capital humano”.
También se establece “un trato discriminatorio” para Pemex, al no poder deducir el monto total de sus costos de producción ante el fisco, como sí se les permitirá a los contratistas bajo las modalidades de licencias, contratos de producción compartida o contratos de utilidad compartida.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD también reprochó en el debate sobre las reservas de los artículos 1, 3, 17 y 42 de la Ley de Hidrocarburos que no se previeron garantías para que Pemex tuviera una participación mayoritaria frente a las empresas privadas, y se le restringió a sólo el 20 por ciento.
Los perredistas argumentaron durante la prolongada discusión de la Ley de Hidrocarburos –considerada la “pieza clave” de todas las 18 leyes reglamentarias- que se mezcla el derecho público con el derecho privado para hacer un estado de excepción a modo, beneficiando a las empresas petroleras privadas.
Se violan la “Cláusula Calvo”, del artículo 27 constitucional que impide que se pueda solicitar el derecho extranjero en materia de bienes del subsuelo; el artículo 25 que establece la soberanía y rectoría del Estado; y el 27 sobre la expropiación por utilidad pública, según documentos de los asesores jurídicos de este partido.
Durante ese debate, que se prolongó hasta la madrugada, el PRI y el PAN rechazaron cualquier posibilidad de que se afecte la soberanía, pero admitieron que los ATH serán benéficos para el país.