La PGR citó a comparecer a 10 ejidatarios que desde hace tres años mantienen un campamento en defensa del río Jalcomulco, donde la empresa Odebrecht proyectó una presa
Regeneración, 27 de abril de 2017.- Los citatorios fueron entregados en los domicilios de los ejidatarios después de las 20 horas del 22 de abril por agentes de la PGR que iban en vehículos sin logotipos. En los papeles les indican que deben acudir ante la 2l representación social de la Federación en calidad de inculpados, pero sin especificar el delito hasta este miércoles, cuando se supo que se trata de despojo.
Guillermo Rodríguez Curiel, vocero de La Asamblea Veracruz de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) consideró este hecho un amago contra la organización Pueblos Unidos contra las Presas en la Cuenca del Río de La Antigua, municipio de Jalcomulco.
En marzo de 2013 el Congreso local autorizó al gobierno de Javier Duarte de Ochoa construir una presa sobre el río La Antigua y un sistema de bombeo, conducción y entrega de líquido en bloque para abastecer la zona metropolitana de Xalapa.
El proyecto incluía una central hidroeléctrica en el municipio de Jalcomulco, a 30 kilómetros de Xalapa.
Hipólito Rodríguez Herrero, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Golfo, especializado en desarrollo sustentable, medio ambiente y sociedad, cuestionó la viabilidad económica, ambiental y social de la obra.
El 20 de enero de 2014, cuando una subsidiaria local de Odebrecht comenzó a realizar trabajos de exploración en la zona de El Tamarindo, unos 500 comuneros sacaron a los empleados y la maquinaria de la empresa.
Desde ese día, habitantes de la región acamparon en la zona para impedir que la empresa los tomara por sorpresa.
Por esos días falleció el titular del comisariado ejidal y se realizó una asamblea para elegir a los nuevos representantes del ejido. El proyecto dividió a los comuneros, pero los opositores mantuvieron la representación del ejido.
Los inconformes establecieron su campamento para impedir las obras, el grupo que está en favor de Odebrecht interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una demanda por despojo, integrada en la carpeta de investigación 34/2013. En mayo de 2015 se giraron órdenes de aprehensión contra los 10 ejidatarios, quienes ahora han sido citados de nueva cuenta.
Después de varias diligencias, la FGE se declaró incompetente en este caso y señaló que debe desahogarse ante un tribunal agrario de representación social y no ante el Ministerio Público.
El 22 de abril la PGR reactivó esta denuncia y envió citatorios.
El asesor legal de los ejidatarios, Darío Lamarroy Valenzuela dijo: “De manera facciosa, arbitraria y agresiva contra los ciudadanos, la PGR reabre el caso tres años después, ahora en el fuero federal”. El abogado mencionó que esta semana los 10 ejidatarios elaboraran su declaración por escrito y comenzarán su defensa.
Por su parte, Guillermo Rodríguez Curiel, vocero de Lavida, dijo que el citatorio significa que el “proyecto no está cancelado, que el grupo político de Javier Duarte, que promovió este convenio con Odebrecht, está moviendo sus influencias para sacarlo adelante”.
Rodríguez Curiel dijo que la obra requería permisos federales. Si Duarte está en una cárcel, entonces alguien del gobierno de Enrique Peña Nieto está pugnando por estos proyectos.
Este día, fuera de la delegación de la PGR en Xalapa, Rodríguez Curiel pidió al Congreso local que abrogue los decretos que mantienen vigentes los proyectos de Odebrecht.
Con información de: La Jornada