Por Jenaro Villamil | homozapping
Regeneración, 3 de abril de 2015.-En una espiral irrefrenable, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido confrontar a los mensajeros incómodos y no modificar los hechos. Ni siquiera asumir la crisis.
En los últimos seis meses, desde el descarrilamiento de sus “reformas estructurales”, el gobierno peñista ha utilizado tanto a la PGR como al cuerpo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su nuevo vocero para confrontarse con la prensa extranjera, con el papa Francisco por sus declaraciones sobre la “mexicanización”, con los peritos forenses argentinos y ahora con el relator especial sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez.
El episodio contra el relator Juan Méndez se originó porque tras una visita a México, el funcionario de origen argentino afirmó que la tortura es una “práctica generalizada” en nuestro país. En otras palabras, que la utilizan las policías municipales, estatales y federal, las policías ministeriales y las fuerzas armadas.
Su afirmación y sus recomendaciones generaron que el gobierno mexicano lo acusara de violar el código de conducta que rige a los titulares de estos mandatos. El hecho se volvió un escándalo desde que se hizo pública la carta el pasado 31 de marzo.
En respuesta, Juan Méndez reiteró que si no se admite que la práctica de la tortura es generalizada, los cambios pueden “terminar en parches que puedan ser útiles para algunas víctimas, pero que no van a resolver el tema de fondo”.
Las propuestas que hizo el relator Méndez son muy puntuales:
-Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a la práctica de la tortura.
-Expedir una ley general en la materia.
-Eliminar el arraigo, así como otras figuras similares a nivel estatal y federal.
-Eliminar los supuestos de prisión preventiva oficiosa de la Constitución la legislación.
-Advertir a funcionarios de seguridad y justifica federal y estatal que la tortura y el maltrato serán seriamente investigados y castigados.
-Garantizar a todas las víctimas el derecho a una reparación integral.
En lugar de aceptar estas recomendaciones, la cancillería decidió acusar a Méndez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violar el artículo 12 del Código de Conducta que demanda a los relatores cumplir su mandato con “prudencia, moderación y discreción”. La carta, firmada por el embajador mexicano en Ginebra, Jorge Lomónaco, afirmó que México está decepcionado porque este ejercicio de cooperación haya quedado reducido a “señalamientos que carecen de fundamento”.
El conflicto ha escalado hasta convertirse en algo así como un “pleito de verduleras”, según el ex canciller Jorge G. Castañeda, o en una desafortunada suerte de dimes y diretes.
Antecedentes de otros casos
Este reciente pleito es no es una excepción sino una regla del gobierno peñista. Antes de que se ventilara este episodio, la cancillería también conminó al Papa Francisco para desdecirse por utilizar el término “mexicanización” en un carta privada. Este término lo utilizó Jorge Bergoglio para referirse a la grave situación de violencia y violaciones a derechos humanos en su país.
El pontífice católico decidió cerrar el expediente y no escalar el conflicto. Algo similar hizo el ex presidente uruguayo José Mújica cuando criticó la corrupción en México y fue reprendido por el gobierno peñista.
También ha ocurrido lo mismo con medios internacionales como la revista inglesa The Economist que en un célebre análisis del gobierno peñista calificó de “cínicos” a los integrantes del gabinete involucrados en casos de corrupción y le reprochó al primer mandatario mexicano de “no entender que no entiende” lo que está sucediendo.
Quizá sigan pensando los operadores de Peña que gobernar el Estado mexicano es como administrar el Estado de México. Siguen en la idea provinciana de que pueden reprender a los críticos como caudillos arcaicos.