Marcha Nacional por la Paz, Jalisco. 8 de Mayo de 2011
Demandas y Propuestas Ciudadanas
Manifestamos en primer término nuestro rechazo a cualquier forma de violencia y condenamos de manera enérgica la violencia brutal del crimen organizado.
Los grupos y organizaciones convocantes que nos sumamos desde Guadalajara y Jalisco al llamado nacional del poeta Javier Sicilia, presentamos a la opinión pública nacional, a las autoridades y a los medios de comunicación, las siguientes demandas y propuestas:
1. Demandamos la creación de un Registro Nacional de Víctimas, Desaparecidos y Personas privadas de su libertad, confiable, oportuno y público. Que permita contar con un instrumento veraz y eficiente, que posibilite:
a) El seguimiento en el caso de las personas desaparecidas y datos relevantes que coadyuven a su localización.
b) Restituir dignidad a las personas fallecidas en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, para que no sean consideradas “daños colaterales” y se cuente con información precisa
de las circunstancias de su muerte (ejecuciones indiscriminadas, víctimas de fuego cruzado; acciones militares o policiacas; desaparición forzada).
c) Información transparente sobre las personas privadas de su libertad, las circunstancias de su detención y el estado que guardan sus procesos judiciales.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado recientemente aprobó la creación de la Ley del Registro Nacional de Niños, Adolescentes y Adultos Desaparecidos (27/04/11); sin
embargo, consideramos que es fundamental que este Registro incluya a las víctimas, a las personas privadas de su libertad y que su consulta (pensada en esta Ley, para las
autoridades) sea abierta a la ciudadanía.
2. Demandamos a los Medios de Comunicación escritos, electrónicos y digitales, que no operen como “Ministerios Públicos”, que partan del principio de “presunción de
inocencia” y no presenten, a la opinión pública, la información como “cosa juzgada”. Exigimos un cambio en la rutina de presentación de “delincuentes” que pese al membrete “presuntos”, son exhibidos como culpables de antemano, propiciando que gente inocente sea ya considerada culpable.
Esto es fundamental para fomentar un cambio en la cultura política y para construir un clima de concordia que no tienda a la criminalización de personas o grupos.
3. Proponemos crear en los programas educativos de la educación primaria y media, un curriculum transversal que incluya:
a) Educación cívica para la paz.
b) El respeto y protección de los Derechos Humanos.
c) La gestión pacífica de las diferencias de todo tipo.
d) La deliberación como instrumento de gestión del conflicto.
Cuyo eje vertebrador sea la formación temprana de ciudadanos. Así como un cambio en las reglas que permiten la complicidad entre los líderes del sindicato y el gobierno y que a su vez impiden que propuestas como estas se lleven a cabo.
4. Demandamos la recuperación de la convivencia social a través de la apropiación del espacio público, por lo que exigimos la creación de infraestructura pública que lo facilite
(ciclovías, parques lineales, banquetas, centros deportivos y culturales).
5. Celebramos la decisión de posponer la llamada Ley de Seguridad Nacional, así como la iniciativa de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que presentó un plan de trabajo para dictaminar las reformas a esta Ley y que contempla abrir una consulta con especialistas, organizaciones civiles y sociedad (29/04/2011).
Sin embargo, insistimos y demandamos que esas reformas incluyan, como principio
fundamental, la seguridad de las personas y no sólo la del Estado.
No toleraremos:
a) La aprobación de un “estado de excepción” que de pie al uso de las “fuerzas armadas
permanentes”.
b) Que se considere bajo el mismo rubro de “obstáculos” para la seguridad interior
al crimen organizado y a los movimientos sociales. Que abre las compuertas para la
criminalización de la protesta social pacífica y el ejercicio de la libertad de expresión.
Por tanto, exigimos a las Comisiones responsables de la revisión y aprobación de esta Ley,
que ponga al centro la preservación de los Derechos Humanos.
–
Que acote el poder discrecional del Ejecutivo, que en su estado actual, le otorga
esta propuesta de Ley.
Que ponga candados democráticos a la actuación de las Fuerzas Armadas.
–
6. Como parte de la Reforma Política, exigimos que sea incluida la figura de Consulta
Popular en los términos de la iniciativa aprobada ya por el Senado, y que uno de sus
primeros usos sea la Consulta Popular sobre la Estrategia de Seguridad Ciudadana.
En apego al artículo 35 de la Constitución Mexicana, debe considerarse como derecho
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ciudadano
“Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”.
De tal manera la ciudadanía podrá participar, con legítimo derecho en la orientación de la
Estrategia de Seguridad Ciudadana.1
Estas son las propuestas de Jalisco para contribuir a la deliberación nacional desde la
perspectiva de una ciudadanía pacífica, participativa, reflexiva y preocupada por el país.
CONVIRTAMOS LA INDIGNACIÓN EN VOLUNTAD COMUNITARIA: ¡RESPETO Y JUSTICIA
PARA TODOS!
Guadalajara, 8 de Mayo 2011
Por un México Sin Violencia. ¡Basta!
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)
El Congreso Ciudadano de Jalisco
El Grupo Bien Muchos por la Paz
El Tianguis Cultural de Guadalajara
Estudiantes ITESO
EL IMDEC
GDL en Bici
Iluminemos México
CDH Coordinadora 28 de Mayo A.C.
Consejo Estudiantil 2011 Campus Gdl. TEC
Ciudad para Todos
Queremos seguir Vivas/CLADEM, México
1
Adoptamos este término porque compartimos el punto de vista de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, A.C., que considera que el término de Seguridad Ciudadana, es el
modelo más integral y respetuoso de los derechos humanos.
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Datos relevantes en torno a la situación del país:
De acuerdo a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas
en las calles u otros espacios públicos, cumpliendo tareas – incluyendo cateos,
detenciones y retenes, entre otros – que en un estado de normalidad democrática
corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles. Asimismo, en 17 de las 32
entidades federativas de la República, esto es, el 53.12% del total, los encargados
de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de
militares al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad
en al menos 25 estados.
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Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por
violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un
1,000% entre 2006 y 2009; el 33% de las quejas recibidas en México durante 2010
correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). De diciembre de 2006
a finales de 2010, el propio Gobierno Federal contabilizó un número de 34 mil 612
ejecuciones en el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”.7
Como efecto de la actual política de seguridad federal, se han multiplicado los casos
de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
de personas8 por parte del Ejército,9 policías y grupos armados irregulares.
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•
El aumento exponencial en la tasa nacional de homicidios rompe una tendencia de
casi veinte años en los que ese indicador había disminuido sistemáticamente cada año
hasta un mínimo histórico de alrededor de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes
en 2007; en 2009, la tasa de homicidio se disparó a 18, una variación de 75.43%. Según
cifras oficiales, al menos dieciocho de las treinta y dos entidades federativas (56.25%)
ha experimentado una variación igual o mayor al 50% de incremento en la tasa de
homicidios. Un dato relevante en este comportamiento anómalo de la estadística
nacional de homicidios lo aporta un doble hecho: 1) por una parte, que el 57.3% de
la incidencia homicida se concentra en nueve entidades federativas, cuyo peso en
el total de homicidios del país excede a su peso demográfico en el período (41%); y
que, por otra parte, 2) esos mismos estados, sumando a Nuevo León y Tamaulipas, son
aquellos en los cuales se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas en
el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada”, incluyendo los llamados
“Operativos Conjuntos” de SEDENA y autoridades locales.
Con información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A.C.