SSP Guerrero niega acceso a visores de derechos humanos a Cerereso de Acapulco

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” informó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Guerrero impidió la entrada a los integrantes de Brigadas de Paz Internacionales.

Regeneración, 23 de marzo de 2018.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Guerrero impidió la entrada al Centro de Regional de Reinserción Social de Acapulco (Cerereso) a integrantes de Brigadas de Paz Internacionales (PBI por sus siglas en inglés), informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

La organización internacional buscaba en esta visita recabar testimonios de los 25 detenidos en los hechos del 7 de enero del 2018 en La Concepción, así como verificar las condiciones de reclusión en la que se encuentran.

Aunque la petición para la visita se entregó el 16 de marzo no hubo respuesta por parte de ninguna autoridad. En el momento de la visita el “encargado” del Cerereso, Víctor Hugo Sánchez Santos, respondió por escrito que la petición estaba en trámite y que las autoridades superiores no habían resuelto nada.

“De manera verbal justificó su negativa diciendo que necesitaba recibir una orden superior para dar el acceso y que además al ser un día de visita familiar se vulneraría la seguridad”, detalla el documento.

La respuesta es ambigua e injustificada la autoridad penitenciaria no establece de manera concreta y razonable los motivos por los cuales la visita de la organización internacional a los presos por los hechos de la Concepción pone en riesgo la seguridad.

CDHM “Tlachinollan” explicó que la organización internacional tomaría el testimonio de las 25 personas para que expliquen cómo fueron detenidos y el estado que guarda su proceso, así como las condiciones de detención en ese lugar.

Puntualizó que el gobierno del Estado viola los derechos humanos de los 25 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP).

Exhortó a las autoridades estatales se apeguen a los tratados internacionales y leyes nacionales vigentes en la materia se brinden condiciones de reclusión dignas para las personas privadas de su libertad.

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