Regeneración, 26 de julio del 2015. Con la firma del convenio de colaboración, establecido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique Peña Nieto, delineó su estrategia de control de daños por la vía “jurídica”, para permitir la entrega del petróleo y miles de hectáreas de territorio nacional, para su uso, exploración y explotación, por parte de sus socios comerciales.
El convenio anunciado por Pemex, el miércoles pasado, establece los mecanismos de asesoría y capacitación, a fin de que se puedan realizar, incluso con la utilización de la fuerza, los proyectos de exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, que garanticen el “éxito” de la reforma privatizadora en la materia, dando certidumbre jurídica y viabilidad económica, a los inversionistas transnacionales del sector energético.
Para tal fin, Peña Nieto, a dispuesto el empleo de la Sedatu, como entidad estratégica responsable de la organización, operación y atención jurídica, de los asuntos y litigios que se generen por las expropiaciones territoriales que los proyectos empresariales, traigan consigo, así como la administración y desactivación política que desencadenen-
Encabezada desde (el 27 de) febrero, por el exprocurador de la república, Jesus Murillo Karam, la Sedatu, tiene como tarea (oficial) principal, el planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, buscando contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante la elaboración, instrumentación y difusión de políticas públicas y estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurídica, a través de procesos de coordinación y concertación que permitan el aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo del territorio.
Según sus objetivos institucionales, la Sedatu, debe apoyar la transición hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales para consolidar las políticas, enfoque de intervención, reordenamiento del territorio y el acceso ordenado del suelo. Aplicará como eje rector los preceptos del Artículo 27 Constitucional (justificación jurídica de la privatización), a efecto de dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra.
Además de fomentar acciones que brinden certeza jurídica territorial, la productividad y gobernabilidad, para el desarrollo de los núcleos agrarios.
Los operadores (jurídicos y políticos del saqueo institucional): Murillo Karam, abogado priísta hidalguense, fue el último exprocurador de la PGR, hasta que “cansado” por las jornadas agotadoras en el caso Ayotzinapa, y desgastado por la ausencia de resultados ante la opinión pública, fue “movido” por su jefe, a un encargo menos mediático, pero de gran trascendencia para el proyecto de Peña.
Murillo tiene desde la Sedatu, tareas de “negociación”, amarre jurídico y desactivación por la vía “jurídica” de cualquier conflicto agrario y/o territorial que pudiera enfrentar la posesión de tierras con fines de exploración y explotación en beneficio de las gigantes transnacionales del petróleo que decidan comprar los bienes nacionales, mediante la reforma energética de Peña Nieto.
Para cumplir el encargo en la Sedatu, el “prominente” miembro del “grupo Hidalgo” (junto con el también cuestionado por la –fuga de “el chapo”-, secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong), exgobernador de dicha entidad de 1993 a 1998 y tres veces Secretario General del PRI, e integrante del equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto, como coordinador de asuntos jurídicos; tendrá el apoyo de dos alfiles del presidente y uno propio:
Por el “grupo Atlacomulco”.
Encomienda: Regulación territorial, negociación y contención al conflicto político. A través de la subsecretaría de ordenamiento territorial, que tiene la función de realizar las acciones, que permitan otorgar seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de la tierra rural, regular los terrenos nacionales y plantear las alternativas de solución a la conflictividad derivada de la tenencia de la tierra y procurar la definitividad administrativa.
Tendrá en Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, mexiquense, administrador de empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), expresidente municipal de Jocotitlán, México, diputado local en la XLIX y LV (legislatura en que Peña fue coordinador del PRI-Edomex) legislaturas del Estado de México, y durante el gobierno de Peña en Edomex, diputado federal por Atlacomulco, en la LX legislatura, además de secretario de comunicaciones y transportes, de desarrollo metropolitano, y del medio ambiente en el gobierno priísta del Estado de México. Pero principalmente, hombre cercano y de confianza del presidente.
Desde la subsecretaría de desarrollo urbano y vivienda, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, arquitecto (UAEM) y maestro en planeación urbana y regional, además de economía (University of Southern California); priísta mexiquense desde la época de Carlos Hank González, fue funcionario federal en el sexenio de José López Portillo, en áreas de asentamientos humanos, reservas territoriales y, tierra y créditos para la vivienda. Y burócrata en administraciones mexiquenses con cargos en el catastro, desarrollo económico, urbano y obra pública. Diputado local a la LV legislatura mexiquense (era del Peña diputado); para finalmente fungir como subsecretario de gobierno del Valle de Toluca y subsecretario de desarrollo político del gobierno del Estado de México, cuando Peña fue gobernador.
La cercanía con Peña Nieto se consumó, durante su campaña a la presidencia de la república, cuando fue designado secretario técnico de la campaña, y después de su victoria, asumió el cargo de secretario técnico de la coordinación para la transición gubernamental, en 2012.
Por el “grupo Hidalgo”.
Encomienda: Pagos e indemnizaciones y, negociación jurídica y política. En la subsecretaría de desarrollo agrario, Arturo Nahle García, el abogado (UNAM) zacatecano, maestro en juicios orales Universidad de Durango), fungió como subdirector de concertación política y ciudadana del Departamento del Distrito Federal (1988-1989), durante la regencia de Víctor Manuel Camacho Solís. De donde pasó a la secretaría de la reforma agraria (1991-1992), con cargos como coordinador de pago de predios e indemnizaciones y contralor general adjunto.
De su labor entre 1993 a 1998, como coordinador general jurídico y secretario particular del gobernador del estado de Hidalgo (Jesús Murillo Karam), proviene la confianza de Murillo en su operador, que tuvo como encargo previo (hasta el 2 de marzo), el de procurador general de justicia en el gobierno del priísta Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, y desde el 24 abril 2015, ocupa la cartera federal de desarrollo agrario.
“El extensionista”
El póker de operadores de Murillo Karam, es completado por el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Cruz López Aguilar “el extensionista”, y viejo “lobo o chacal agrario” de la confederación nacional campesina (CNC-PRI). Quien desde su posición dispondrá de ejercer las acciones y mecanismos necesarios para resolver, “preferentemente” por la vía de la conciliación, cualquier controversia que surja de la relación que desarrollen los sujetos agrarios con la empresa.
La PA poseedora de la información sobre la situación jurídica de la tenencia de la tierra también podrá proporcionar a la Sedatu, toda la información sobre la situación jurídica de la tenencia de la tierra, con la finalidad de prevenir posibles conflictos con los núcleos agrarios en el desarrollo de proyectos y obras relacionadas con los hidrocarburos.
Mientras que Pemex podrá solicitar la intervención de la procuraduría para “privilegiar la conciliación” ($?) y otros medios alternativos (¿?) de solución de posibles controversias.
En el marco del anuncio, el titular de la procuraduría agraria, Cruz López Aguilar, señaló que la dependencia ha promovido diversas acciones de capacitación y profesionalización de los funcionarios que conforman su estructura territorial, con el fin de responder a los retos que demanda la “reforma energética”.
El comunicado N°65 (completo)
Pemex y SEDATU formalizan convenio de colaboración
22/07/2015 | 65
Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Procuraduría Agraria (PA), firmaron un convenio de colaboración con el propósito de establecer los mecanismos de información, asesoría y capacitación para que los proyectos de exploración, extracción y transportación de hidrocarburos se realicen conforme al marco jurídico y en pleno respeto a los derechos de los sujetos agrarios.
El acuerdo enfatiza las tareas de asesoría y conciliación que la PA llevará a cabo de acuerdo con las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de Hidrocarburos y, en su carácter de ombudsman en materia agraria, para salvaguardar el patrimonio campesino en los contratos y convenios que celebren los dueños de la tierra social con Pemex.
El convenio determina, asimismo, que la Procuraduría Agraria, conjuntamente con los integrantes del Comité Operativo de Trabajo de Pemex, dispondrá las acciones y mecanismos para resolver, por la vía preferente de la conciliación, cualquier controversia que surja de la relación que desarrollen los sujetos agrarios con Pemex.
El evento fue encabezado por el titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, y el director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, Víctor Díaz Solís, quienes coincidieron en destacar la importancia del convenio, al señalar que si bien logró cristalizarse tras 11 años de gestión, éste es el momento más oportuno para impulsar la inversión y el desarrollo económico de ejidos y comunidades.
La Procuraduría proporcionará información sobre la situación jurídica de la tenencia de la tierra a fin de prevenir posibles conflictos con los núcleos agrarios en el desarrollo de proyectos y obras relacionadas con los hidrocarburos. A su vez, Pemex podrá solicitar la intervención de la PA para privilegiar la conciliación y otros medios alternativos de solución de posibles controversias.
López Aguilar señaló que la Procuraduría Agraria ha promovido a lo largo de la presente administración diversas acciones de capacitación y profesionalización de los funcionarios que conforman su estructura territorial, así como a través de cursos específicos en la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario (ENEDA), con el fin de responder a los retos que demanda la Reforma Energética.
Por su parte, Díaz Solís aseguró que este convenio se concreta en el momento adecuado, ya que Pemex se está transformando a pasos acelerados y desarrollando nuevas líneas de negocio como son las del etileno, fertilizantes y cogeneración de energía, entre otros, por lo que será fundamental contar con el apoyo de la Procuraduría Agraria, indicó.
Con información de: CNN 101114, Notimex y Pemex 220715 y Sedatu 250715