Defensores corren mayores peligros en Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. Solo 3% de los casos siguen proceso judicial
Regeneración, 4 de diciembre del 2018. Defensores asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, suman 61, según el informe Desde la Memoria… la esperanza, que documenta 159 defensores asesinados, a las que se sumaron dos en noviembre con lo que totalizan 161 en el sexenio, más 40 periodistas.
Para la Red Todos los Derechos para Tod@s, ” a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”
Guerrero, Oaxaca y Chihuahua los estados más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos, indicaron.
La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad, indicó la Red.
Agregaron que “en ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia”.
Eso es lo que nos une: la esperanza.
Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018.
Esto demuestra “de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes:
Datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra”, precisó la red defensora de derechos.
El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos- aclararon.
La Red lanzó una pregunta y su respuesta:
Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?
De ninguna manera
Como Red respondemos a esta realidad con convicción de esperanza y de memoria.
Eso nos han enseñado pueblos, comunidades y víctimas.
Hoy estamos aquí para conmemorar la esperanza y retomar la estafeta de las tantas luchas que nuestra sociedad requiere.
Hoy estamos aquí para decirles a nuestras compañeras y compañeros que su muerte no es ni será inútil.
No lo permitiremos.
Por eso queremos dejar constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas.
Según solicitudes de información hechas a Procuradurías/Fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados.
Las investigaciones por asesinato de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato.
Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
Su respuesta se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación, que tiene solo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias.
Este año, incluso, el Fideicomiso que dota de recursos al Mecanismo se quedó sin recursos, colocando en mayor situación de riesgo a 727 personas defensoras y periodistas.
La situación tiene matices importantes:
Por lo menos 42 de 159 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran: yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil, triqui.
Según la documentación los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son: Guerrero (28% de los casos), Oaxaca (20%) y Chihuahua (11%).
El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de DESCA y Tierra y territorio.
El Saldo de este sexenio es de
-más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas.
-8 feminicidios diarios.
-Una crisis migratoria sin precedentes.
-Más de 500 conflictos socioambientales.
-Así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán) y de corrupción en las altas esferas de gobierno (Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra).
La lucha de todas estas personas fue interrumpida de forma violenta, pero no así sus ideales y sus convicciones, no sus sueños ni la memoria de su lucha justa por un mundo diferente.
Ahí está la esperanza.
En todas esas personas que durante y ahora tras estos 6 años persisten en la defensa de derechos humanos, en este servicio por la vida.
La esperanza está en los aprendizajes, logros y siembras de aquellas personas que aunque ya no están, continúan presentes en su espíritu combativo y digno.
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