El monopolio y los precios abusivos son anticonstitucionales.
En este país pobre se paga más que en las naciones ricas por bienes y servicios, con pésimas
condiciones de calidad. A pesar de estar prohibidos por el artículo 28 de la Constitución, los monopolios imponen su ley en el mercado. Vinculados al poder político, encarecen bienes y servicios. Dañan la economía de sectores populares, clases medias, productores, empresarios y comerciantes.
La apertura comercial acabó con la mayoría de las
empresas nacionales y privilegió a unos cuantos.
Acabar con los abusos y los precios exagerados de los monopolios. El salario mínimo en México es doce veces menor que en Estados Unidos, sin embargo pagamos el cemento gris al doble que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por
ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por Cablevisión básico; 176 por ciento más por crédito a la vivienda.
Los precios exagerados golpean el poder adquisitivo y de ahorro de la gente; quitan a las familias entre 10% y 15% de sus ingresos y son factor de inequidad social. Reducen
la masa salarial, el consumo promedio de las familias y el ahorro.
Las grandes empresas monopólicas están protegidas contra la competencia. Con empresas que operan en nichos protegidos no habrá nuevos empleos ni tampoco oportunidades para las nuevas generaciones.
Los precios exagerados frenan la inversión y el empleo.
Las utilidades de empresas o el ahorro de los consumidores, son transferidas a las grandes empresas. Las pequeñas industrias operan muy por debajo de su capacidad.
Sin monopolios y precios exagerados crecería la economía entre 2 y 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentaría el empleo.
La competencia debe ser una prioridad de Estado. La actual Ley de Competencia es ambigua, imprecisa y sin sanciones suficientes. México está en la posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Hay que reforzar, dar mayor cobertura y profundidad a la Ley y a la Comisión de Competencia.