Tres exfuncionarios de la SFP fueron vinculados a proceso por desaparecer documentos del expediente de la Casa Blanca de Peña Nieto.
Regeneración, 11 de marzo del 2021. La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tres exfuncionarios, de esa misma dependencia, fueron vinculados a proceso por un juez penal.
A los exfuncionarios se les acusa de sustraer de manera ilegal documentos relacionados al caso de la Casa Blanca de Peña Nieto.
Los implicados en este caso son José Gabriel Carreño, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
Además, del director general de Denuncias e Investigaciones y el girector general adjunto de Investigaciones.
La SFP informó que los funcionarios sustrajeron el expediente original de la llamada “Casa Blanca”, el cual fue sustituido por una versión pública que no contiene todos los documentos que componían la investigación.
“Esta denuncia se originó en una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, después de que exfuncionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación», informó la SFP.
La Casa Blanca que golpeo al gobierno de Peña Nieto
La llamada Casa Blanca de Peña Nieto fue una investigación periodística hecha por el equipo de investigación de Carmen Aristegui.
La investigación señalaba que el contratista favorito del gobierno de Enrique Peña Nieto, Grupo Higa vendió una lujosa residencia en exclusiva zona, Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México a la esposa del presidente, Angélica Rivera.
La mansión era valuada en unos 7 millones de dólares, un costó que excedía por mucho los ingresos de la exprimera dama.
Este caso demostró la enorme corrupción que existía en el gobierno priista, pues se demostraba un conflicto de interés y actos de corrupción.
Caso que fue investigado por la misma SFP, dirigida por Virgilio Andrade quien durante seis meses investigó el caso. Finalmente se determinó que no existió conflicto de interés por la adquisición de la residencia de Sierra Gorda 150.
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