Regeneración, 8 de octubre de 2014.-En una jornada en la que se esperan manifestaciones para exigir justicia por el crimen, el gobierno de México afronta una creciente presión, también desde el exterior, para esclarecer las desapariciones ocurridas el 26 de septiembre.
Las autoridades también son cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en las balaceras contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.
Enrique Peña Nieto ordenó el lunes un amplio despliegue con centenares de efectivos para encontrar a todos los responsables del crimen, después de que el fin de semana se hallaran fosas clandestinas con 28 cadáveres entre los que se teme que hayan estudiantes.
A ese operativo se sumó un contingente de autodefensas de la zona aparentemente sin armas de fuego. «Vamos a encontrar a los jóvenes, vivos o muertos», dijo uno de sus comandantes identificado con el nombre de Moisés.
Unos 500 milicianos trataron en la mañana de llegar hasta el apartado lugar de las fosas. Pero cuando ya habían iniciado la travesía a pie por el cerro, ayudándose de machetes y palos, recibieron una orden para dar media vuelta, constató un equipo de la AFP.
«Regresen, suban a sus autos lo antes que puedan», se oyó decir por radio a un mando sin dar motivos de la orden.
Estos milicianos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de la región de Guerrero (UPOEG), uno de los primeros grupos de autodefensa levantados a principios de 2013 para hacer frente al narcotráfico, emprendió su propia búsqueda «porque los policías solo buscan en las orillas de la carretera; nosotros lo haremos a ras del suelo», dijo su líder, Bruno Plácido.
Reclamos desde el exterior
Aunque años de lucha contra el narcotráfico, con decenas de miles de muertos, han mermado la capacidad de asombro en el país, los mexicanos siguen horrorizados tratando de entender qué llevó a policías y sicarios a atacar con esa brutalidad a los jóvenes.
La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos han reclamado a México que esclarezca pronto este caso y haga justicia.
Organizaciones civiles han convocado en la tarde a protestas a lo largo del país, incluida una en la capital y otra en Chiapas (sureste) donde se anunció la participación de la guerrilla indigenista del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
Las familias de los jóvenes se siguen concentrando en la escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), donde cursaban estudios universitarios sus hijos y que es reconocida por su combatividad y activismo de izquierda.
Los padres siguen esperando las identificaciones de los 28 cadáveres de las fosas, en las que colaboran expertos argentinos de su confianza, que podrían demorar varias semanas por la carbonización de los cuerpos.
El gobierno de Guerrero reconoció que hay una «posibilidad real» de que en las fosas haya estudiantes por una confesión de dos sicarios que aseguran que mataron a 17 alumnos en ese lugar.
Sin embargo, las familias se resisten a creer que sus hijos estén muertos y denuncian que están en manos de policías locales.
Denuncian investigación tardía
Los detalles que se van conociendo del caso han incrementado las sospechas contra el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes se cree que huyeron tras las balaceras.
La noche del ataque, policías y sicarios del cártel local Guerreros Unidos dispararon contra autobuses de los que se adueñaron los estudiantes en Iguala, donde estaban recaudando fondos, para volver a Ayotzinapa.
En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportaron las desapariciones. Muchos jóvenes fueron vistos por última vez en patrullas policiales.
Un reporte de los servicios de inteligencia, citado por el diario El Universal señaló que la mujer del alcalde ordenó al director de Seguridad Pública municipal que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella daba aquel día.
Dos hermanos de Pineda estaban en 2009 en la lista de los narcotraficantes más buscados como cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del cual surgieron los Guerreros Unidos, informaron senadores del partido izquierdista PRD, por el que Abarca es alcalde.
Además, el PRD y varios testimonios han recordado que a mediados de 2013 fue presentada una denuncia contra Abarca por asesinar personalmente a un compañero de partido.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, se defendió el martes de los señalamientos por no haber actuado antes en Iguala.
Murillo Karam aseguró que, aunque supo de la denuncia por asesinato contra el alcalde, ésta era competencia de la justicia de Guerrero y allí fue presentada.
Sobre la esposa del alcalde, «no investigamos en razón de parentesco sino de hechos», recalcó el funcionario, que se niega a comentar pistas sobre los motivos de las desapariciones.