Unión Europea: Alianza inédita del Popular Europeo (PPE) con derecha y extrema derecha. Rompe tradicional coalición centrista de Eurocámara
Regeneración, 10 de marzo de 2026. En redes destacan que la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo avanzó un nuevo Reglamento de Retorno que busca acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo rechazados en todo el territorio comunitario.
Esto para voto en el pleno del Parlamento Europeo a finales de marzo.
Y, permitirá crear centros de detención fuera de las fronteras de la Unión Europea. Además, autorizará registros en domicilios particulares.
E incluso extendería el tiempo de reclusión de los afectados hasta los 24 meses.
Medidas
Esto invocando crisis migratoria persistente desde 2015 y agotamiento de recursos en países como Alemania y Polonia.
Dichos países, donde residen gran parte de los 4,38 millones de ucranianos bajo protección temporal.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos critican la falta de supervisión y el riesgo de redadas violentas.
De ser ratificada, la normativa entrará en vigor este otoño, haciendo que cualquier orden de deportación sea ejecutable de forma automática en los 27 países del bloque.
Al tiempo que fuentes subrayan que es «un mandato negociador» producto de inédita alianza liderada por el Partido Popular Europeo (PPE).
Que incluye derecha y extrema derecha (ECR, Patriotas por Europa y ESN), rompiendo la tradicional coalición centrista de la Eurocámara.
Clave
Centros de deportación externos («Return Hubs») para tránsito y detención en países fuera de la Unión Europea para trasladar a inmigrantes en situación irregular mientras se ejecuta su expulsión.
Además, la propuesta permite que las personas sujetas a procesos de retorno permanezcan detenidas. Esto, por un periodo de hasta 24 meses (dos años) si existe riesgo de fuga o falta de cooperación.
Medidas de vigilancia intrusivas: El texto incluye facultades para realizar registros en domicilios privados y el decomiso de pertenencias, incluyendo dispositivos electrónicos para verificar la identidad u origen del migrante.
Reconocimiento mutuo de expulsiones: Se establece un sistema para que una orden de deportación emitida por un Estado miembro sea ejecutada automáticamente por cualquier otro país de la Unión.
Seguridad y apelaciones: La nueva norma estipula que la presentación de recursos o apelaciones contra la orden de expulsión no detendrá automáticamente el proceso de deportación.
Dicen
Se detalla que el negociador principal del PPE, François-Xavier Bellamy, defendió inaceptable que solo uno de cada cinco inmigrantes con orden de salida abandone realmente el territorio.
Por el contrario, organizaciones de derechos humanos y los bloques de izquierda y liberales han denunciado que estas medidas podrían vulnerar el Estado de derecho y fomentar el perfilado racial.
El texto aprobado por la comisión parlamentaria servirá de base para las negociaciones finales («trílogos») con el Consejo de la UE para que la ley entre en vigor plenamente.
Los trílogos («diálogos a tres bandas») son negociaciones informales y finales en el proceso legislativo de la Unión Europea (UE).
Tienen como objetivo alcanzar un acuerdo de consenso sobre un texto legislativo entre las tres instituciones principales de la UE antes de su aprobación definitiva.
Comparan con ICE
Las negociaciones dentro de la mayoría centrista tradicional, que incluye al PPE, los Socialistas y Demócratas (S&D), el partido liberal Renew Europe y los Verdes, han fracasado.
Así, el texto propuesto por el ponente, el eurodiputado liberal holandés Malik Azmani, fue finalmente rechazado.
Los grupos de izquierda critican duramente el resultado.
«El texto aprobado refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro la vida de las personas y atentará contra su dignidad».
Lo anterior, declaró a Euronews la eurodiputada de los Verdes Mélissa Camara, afirmando que vulnera los «principios básicos del Estado de derecho».
El reglamento de retorno fue propuesto por la Comisión Europea en marzo de 2025 y respaldado por los Estados miembros en diciembre pasado.
Rechazo
Se señala previsibles vulneraciones a derechos de las personas migrantes, ya que serían enviadas de regreso a países con los que no tienen ninguna conexión.
En tanto que centros de detención fuera de la Unión Europea ocasionan preocupación para defensores de derechos por la falta de garantías y de rendición de cuentas.
Incluso, el Parlamento Europeo eliminó una disposición que preveía supervisar la aplicación efectiva de los acuerdos con terceros países, propuesta inicialmente por la Comisión.
“El hecho de que estos centros pudieran establecerse mediante acuerdos, memorandos informales de entendimiento u otras formas de consenso…
«…, significaría que no hay un control claro y sólido de los estándares legales”.
Esto dijo Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, una red de organizaciones en el ámbito migratorio.
