Regeneración, 3 de noviembre, 2015. Elva Mendoza escribe en Contralínea sobre siete juicios de amparo que iniciaron comunidades indígenas, campesinas y organizaciones de apicultores en 2012 para revocar el permiso concedido a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada.
Dicho permiso fue otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Jorge Fernández, abogado de la organización de promoción y defensa de derechos humanos Indignación, dijo que el permiso violenta el derecho a un medio ambiente sano. «Las autoridades debieron haber consultado a las comunidades indígenas, fundamentalmente a las que van a ser afectadas por el permiso».
«En caso de completarse la siembra estaríamos ante daños que podrían ser de imposible reparación», dijo.
En 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche otorgó una resolución favorable del amparo 753/2012 a las comunidades mayas de Pac-chen y Cancabchén, pertenecientes al municipio de Holpechén, en contra del permiso otorgado por Sagarpa y la Semarnat para la siembra de soya genéticamente modificada en dicha entidad.
Este amparo obligó a la Sagarpa a garantizar que no se sembrará soya transgénica en todo el estado de Campeche hasta que no cumpla con un dictamen de impacto ambiental y un proceso de consulta en todas las comunidades mayas asentadas en los municipios afectados por el permiso.
Las sentencias fueron impugnadas por la Sagarpa, la Procuraduría General de la República y la multinacional de agroquímicos y biotecnología Monsanto, por lo que los casos serán resueltos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.