Pese a las obvias agresiones contra las mujeres y las marchas para visibilizar la violencia machista, el Congreso de la Unión aplaza o rechaza iniciativas en favor de la equidad.
Regeneración 07 de mayo de 2016.- Durante los últimos años, el Congreso de la Unión tiene alrededor de 90 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo sobre la violencia de género o contra la mujer, pero menos de la mitad han sido aprobadas, el resto están pendientes o fueron desechadas.
El hecho de que los legisladores nieguen legislar sobre condiciones más seguras y equitativas para las mujeres sólo quiere decir que ellos mismos suman a la discriminación de género.
Por ejemplo, de las 74 iniciativas para reformarla Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 15 se encuentran en el Senado y 59 en la Cámara de Diputados, sólo una ha sido avalada; de los ocho puntos de acuerdo, cinco de éstos fueron aprobados, el resto están sin resolver.
Es bien sabido que los legisladores tienen un desempeño bajo, de hecho, casi todos los grupos parlamentarios tienen alrededor de 90 por ciento de legislaciones «a revisión», según reportó el diario 24 horas en abril.
Los legisladores toman muy a la ligera la realización de reformas que podrían salvar la vida de miles de mujeres que sufren violencia de género.
Entre los pendientes se encuentra el punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de entidades federativas a implementar políticas públicas contra el acoso callejero. El documento señala que el acoso callejero es un problema que en la actualidad se minimiza, aun cuando cada día vaya en escala, puesto que, de acuerdo con datos del Inegi, 72 por ciento de mujeres denuncian haber sufrido violencia sexual.
Otra propuesta es la relacionada con promover la alternativa de vivienda provisional para las mujeres víctimas de cualquier violencia, así como para sus hijos.
Una iniciativa relacionada es la de facilitar a las mujeres violentadas la instalación y mantenimiento de refugios temporales.
También en la congeladora está la propuesta que obligaría a reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, a fin de establecer elementos encaminados a tipificar, prevenir y sancionar la violencia feminicida.
Lo que echaría en marcha que el Congreso de Seguridad Pública deberá diseñar e implementar planes de acción para prevenir todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como dictar los lineamientos, desde la perspectiva de derechos humanos y género.
Así, con mantener en la congeladora varias propuestas de legislación, los diputados y senadores sólo hacen lo que la omisión hace, asesinar a personas reales por no implementar acciones que lo prevengan.
Vía El Universal.