Además de la tortura a los detenidos, México Evalúa y el CIDE señalaron la falta de investigación de la policía estatal ante los crímenes que aquejan a la demarcación.
Regeneración, 20 de octubre de 2016.- En el Estado de México, estado gobernado desde hace décadas por el PRI, los jueces no investigan la crueldad de los policías contra los detenidos aunque un informe médico dé cuenta de ello.
Esa conclusión es una de las tantas que México Evalúa y el CIDE señalaron en su estudio ¿Cómo se Juzga en el Estado de México?, una radiografía de cómo ha operado el nuevo sistema de justicia penal desde que empezara a implementarse en 2009.
El informe está realizado a través del estudio de mil 145 casos de personas detenidas y con procesos penales que concluyeron entre 2010 y 2014. Éste indica que en el 18 por ciento de los casos, los médicos legistas determinaron que encontraron fracturas por golpes o lesiones derivadas del uso de descargas eléctricas, que denotaban tortura o tratos denigrantes.
Así, de los mil 145 casos, en 206 se certificó algún tipo de tortura policial; sin embargo, se cree que los casos podrían ser potencialmente mayores, pues los médicos legistas trabajan con los elementos de seguridad.
Ya antes la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional advirtieron que la tortura es una práctica generalizada en México o que está fuera de control.
Pero de todos los casos que sí están certificados, en los que los médicos indicaron que se realizaron métodos de tortura, los jueces que los analizaban jamás, ni una sola vez, ordenó una investigación contra la policía y tampoco liberó o desestimó su declaración, claramente lineada.
Al respecto habló Gustavo Fondevila, investigador del CIDE que participó en el informe.
“En los casos de tortura, los jueces no hacen absolutamente nada”, dijo.
“Es decir, no invalidan las pruebas obtenidas mediante tortura, no ordenan investigar a ninguna autoridad, y ni siquiera hablan a la comisión estatal de derechos humanos para reportar los casos”.
El investigador, tienen algunas teorías del por qué no se desestiman las pruebas cuando existen casos documentados de tortura: “Puede que haya jueces que digan, ‘bueno, esta persona está acusada de homicidio, y no la voy a dejar libre porque la torturaron’, por ejemplo. O puede que otros jueces piensen que las policías solo dan resultados con la tortura como método de investigación, y que si empieza a tirar casos por acusaciones de abusos, entonces se acabe el sistema penal”.
Y por si fuera poco, tampoco se investigan los casos.
En la radiografía, las organizaciones señalaron otro punto clave: la inexistente investigación policial en el Estado de México.
En la demarcación, si una persona no es detenida al momento de cometer el delito, la probabilidad de que la detengan como fruto de una investigación es muy baja.
Y como prueba de ello están las cifras que dicen que de los casos analizados, el 91.7 por cientos fueron personas a las que se sorprendió en flagrancia, es decir, cometiendo el ilícito y el 8.3 por ciento restante, fueron producto de una orden de aprehensión.
“Que más de nueve de cada 10 imputados hayan sido detenidos en flagrancia sugiere una baja capacidad de investigación policial bajo supervisión de la fiscalía. Es decir, no parece existir un Ministerio Público investigador que solicite activamente órdenes de aprehensión después de haber recabado dato de prueba en una investigación”, critica el informe.
Para el investigador, los Ministerios Públicos de la demarcación no hacen su trabajo de manera adecuada pues “en 9 de cada 10 casos los policías preventivos hacen todo el trabajo, mientras que los MP hacen solo el papeleo”.
Vía Animal Político