Aprobar los acuerdos de San Andrés significará el pleno reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, señala Jaime Martínez Veloz
Regeneración, 10 de junio del 2018.“Lo primero que significaría la inclusión de los Acuerdos en la Constitución y las leyes es un cambio en la correlación de fuerzas y el establecimiento de reglas para poder procesar todos los temas que tienen que ver con el campo y las comunidades indígenas, tanto en el tema de proyectos como en el de las políticas públicas”, asegura Martínez Veloz desde Tijuana.
En entrevista el periodista Carlos Carabaña de México.com, Jaime Martínez Veloz, subraya «la clave estaría en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público».
En su reportaje Carabaña indica que una de las propuestas de AMLO que se han repetido en sus tres campañas electorales (2006, 2012 y 2018), está la de respetar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y promover su integración en la Constitución y de ahí a las legislaciones secundarias.
¿Qué son los Acuerdos de San Andrés?, ¿en qué consisten y qué significaría que AMLO cumpliera su palabra?
El reportero recuerda que los Acuerdos de San Andrés fueron firmados el 16 de febrero de 1996, dos años después del levantamiento zapatista, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno federal, entre las rúbricas está la de Jaime Martínez Veloz, entonces presidente de la Comisión para la Concordia y Pacificación, la COCOPA. Esta comisión se encargó de acompañar estas negociaciones sobre derechos y cultura indígena.
En entrevista Martínez Veloz señala: «Lo primero que significaría la inclusión de los Acuerdos en la Constitución y las leyes es un cambio en la correlación de fuerzas y el establecimiento de reglas para poder procesar todos los temas que tienen que ver con el campo y las comunidades indígenas, tanto en el tema de proyectos como en el de las políticas públicas.»
«La clave estaría en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público», subraya.
Los Acuerdos de San Andrés en realidad son el primer tema de una agenda de seis pactada entre el EZLN y el Gobierno Federal: derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, derechos de la mujer indígena, reconciliación en Chiapas y el acuerdo final de paz.
Tras una primera mesa de negociación fructífera y abierta, de la que salieron los Acuerdos, al llegar al segundo tema, la relación se congeló.
Para el bando gubernamental, el EZLN no quería negociar y buscaba cualquier excusa para levantarse de la mesa. Según los zapatistas, la actitud del Gobierno fue fría, seca, sin comentar ni responder a sus propuestas e ideas.
“En diciembre de 1996, (el presidente) Zedillo rechazó los acuerdos”, se lee en la Enciclopedia Británica, “a la vez, el Gobierno lanzó una guerra encubierta contra los rebeldes. Armó unidades paramilitares que batallaban a los zapatistas y sus simpatizantes, atacando a civiles con frecuencia”; puntuliza el periodista Carabaña
Tras la matanza el 22 de diciembre de 1997 de 45 civiles totziles en Acteal, Chiapas, por fuerzas paramilitares simpatizantes del PRI, Zedillo dio un discurso en Kanasín, Yucatán, en el que expresaba sus motivos para haber rechazado los acuerdos. “No podría aceptar formas de gobierno antidemocráticas y autoritarias, ni fanatismos. No podría aceptar fueros y privilegios excluyentes ni desprecio a las minorías”, dijo Zedillo, según se lee en el repositorio de documentos de su presidencia.
La académica Magdalena Gómez, en su análisis Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en: entre la razón de Estado y la razón de Pueblo, interpreta ese discurso como un rechazo a “el reconocimiento a la libre determinación y a la autonomía y, como expresión de esta, el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, así como la comunidad como entidad de derecho público”.
¿Qué es un sujeto de derecho público?
El portal de México.com, hace un recuento de las consecuencias políticas y jurídicas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de México.
Este concepto jurídico define a “entes que siendo o no personas morales forman parte de la organización gubernamental y tiene reconocidas por la ley determinadas competencias”, se lee en el documento Los Pueblos Indígenas como Sujetos de Derecho Público del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Ahora mismo la Constitución los reconoce como “grupos indígenas” en su apartado de “sujetos de interés público”.
Por ejemplificar: un sujeto de derecho público es un municipio o un estado, mientras que uno de interés público es un parque nacional. “El carácter de derecho público las convertiría en parte de la administración pública y como tal no tendrían necesidad de recurrir a algún otro órgano de Gobierno para hacer cumplir su determinación”, sigue el documento.
“Esto implicaría que se podrían sentar con las grandes empresas en los procesos de desarrollo y tendrían que darles un trato de socios, de igual a igual, con mayor poder para negociar, y no de grupos marginales”, continúa Martínez Veloz. Explica que “ahora hay un patrón (en las negociaciones) en el que con suerte mandan a la cárcel a los dirigentes y hasta se puede llegar al asesinato de los líderes indígenas”. Pone como ejemplo el caso de Mariano Abarca, asesinado el año 2009 en Chiapas por personas vinculadas a Blackfire Exploration, la empresa minera a la que se oponía.
La inclusión de los puntos y el espíritu de los Acuerdos en la Constitución precisa de una reforma constitucional. El proceso requiere que “el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”, según se lee en el artículo 135 de la Constitución.
¿Dan los números para hacer una reforma constitucional?
En el Congreso, la mayoría calificada está en 334 votos de los 500 legisladores. Según la estimación de mayo de Consulta Mitofsky, MORENA y sus aliados se moverían en la horquilla de 298 a 236. En el mejor de los casos, solo necesitarían 36 votos adicionales, en el peor, 98.
Martínez Veloz ve posible lograrlos. “Conozco a mucha gente en el PRI que está a favor de esta idea”, asegura. La horquilla del PRI va de 62 a 50, quinta fuerza política tras MORENA, PAN, Encuentro Social y PT.
La propuesta de AMLO, para la que una comisión de la que forma parte Martínez Veloz está trabajando en un documento guía, incluye la “creación de un nuevo organismo público nacional, con nivel de Secretaría de Estado, que tendrá por mandato diseñar, planear, coordinar y evaluar, de manera integral y transversal, todas las políticas, programas y acciones del Gobierno federal relativas a los pueblos indígenas de México”. Martínez Veloz asegura que estará dirigida por una persona de los pueblos originarios.
Se crearía también una Comisión Intersecretarial de Pueblos Indígenas que concretaría la transversalidad de las políticas y programas. Contemplan que el presupuesto del ejercicio 2019 para los pueblos indígenas no pueda ser menor al del año 2016: 85 mil 260 millones de pesos.
“Este país es como un edificio y sus cimientos son los pueblos indígenas. Le puedes poner lo que quieras arriba, los mejores acabados, pero si los cimientos no están bien consolidados, el edificio no va a aguantar”, concluye, “la próxima transformación debería tener como uno de sus protagonistas a los pueblos indígenas”.