En la actualidad, de manera indistinta y de acuerdo con los contextos, relaciones de poder, intereses y posturas ideológicas, el término resistencia, y más específicamente el de resistencia civil, viene siendo utilizado desde sectores gubernamentales y el Estado para visibilizar acciones de grupos sociales frente a los «actores armados ilegales» con el objetivo de «promover y/o justificar» propuestas en defensa del orden «institucional y legal»
Capítulo I
Los debates sobre la resistencia civil qué es y qué no es*
Alfredo Molano Bravo
Aproximaciones a la resistencia civil
William Tolosa G., ATI
A propósito de la resistencia. Apuntes para una reflexión necesaria
Eugenio Guerrero
La resistencia una opción legítima y viable
Marcos López
William Tolosa G.
Aproximaciones a la resistencia civil**
«Nosotros creemos que la palabra deja huella, las huellas marcan rumbos,
los rumbos implican definiciones y compromisos.
Quienes comprometen su palabra a favor o en contra de un movimiento,
no sólo tienen el deber de hablarla, también el de «agudizarla»
pensando en sus objetivos. «¿Para qué?» y «¿Contra qué?»
Son preguntas que deben acompañar a la palabra.
No para acallarla o bajar su volumen, sino para completarla y
hacerla efectiva, es decir, para que se escuche
lo que habla por quien debe escucharla».
El mundo: Siete pensamientos en mayo de 2003, Subcomandante insurgente Marcos
En la actualidad, de manera indistinta y de acuerdo con los contextos, relaciones de poder, intereses y posturas ideológicas, el término resistencia, y más específicamente el de resistencia civil, viene siendo utilizado desde sectores gubernamentales y el Estado para visibilizar acciones de grupos sociales frente a los «actores armados ilegales» con el objetivo de «promover y/o justificar» propuestas en defensa del orden «institucional y legal»; o bien desde sectores sociales populares (urbanos, campesinos, pueblos indígenas y afro colombianos) que definen la resistencia como apuestas colectivas de acción, en reivindicación de su derecho a ser y a existir. Precisamente en oposición al statu quo y al modelo de desarrollo imperante, con una visión de sociedad de nuevo tipo. Así, el análisis del conjunto de acciones, apreciaciones socio históricas, lecturas políticas y reflexiones conceptuales, que conforman la compleja trama en la que se ha elaborado, y desde los cuales se lee y aplica el término «resistencia civil» en Colombia, precisa puntualizar algunos elementos que se encuentran en el centro del debate y que, por lo mismo, pueden dar pistas para su comprensión.
En este apartado presentaremos cinco trabajos que desde diferentes posturas abocan una conceptualización del término resistencia civil, haciendo referencia precisamente a esos elementos de debate desde los cuales nos acercamos a su comprensión, así:
1. ¿Frente a qué, y frente a quiénes se ejerce resistencia civil? ¿Frente al Estado, las lógicas del mercado, micro poderes, actores que ejercen control económico, social, político, militar y/o cultural?
2. ¿Se define la resistencia civil como un proceso o puede hacer referencia a acciones colectivas coyunturales y espontáneas?
3. ¿Se ejerce la resistencia civil desde una clara territorialización, apuesta política definida y una población homogénea social y culturalmente? ¿Es posible la resistencia civil sin una organización estructurada alrededor de principios o apuestas políticas compartidas de manera explícita?
4. ¿Implica la resistencia civil construcción de poder contrahegemónico?
Veamos algunos de estos elementos:
En primer lugar, una de las centralidades conceptuales compartida en la mayoría de las reflexiones sobre la resistencia civil, aunque no necesariamente explícita en todas ellas, es la referida a la construcción y el ejercicio del poder. La resistencia civil implicaría el autorreconocimiento colectivo como factor de poder. En este sentido, apuntaría a la construcción y movilización de un poder social que ha de ser enfrentado a otro poder. Poder contra poder o poder que contrarresta poder en su misma dinámica y proceso de construcción. Así, la resistencia civil, en tanto construcción social de poder, se definiría de entrada como uno de los elementos constitutivos de la lucha política.
Partiendo de este primer elemento, entenderíamos que la noción de proceso como elemento inherente a la definición de la resistencia civil, implicaría, en principio, la construcción y movilización de una apuesta política clara que supera las acciones coyunturales, espontáneas, o contestatarias, desarticuladas de una visión de futuro. Desde aquí es donde fundamentalmente el debate sobre la definición de las acciones colectivas de los sectores sociales comienza a tener diversas interpretaciones. ¿Podemos afirmar que son acciones de resistencia civil aquellas expresiones que se articulan en torno de reivindicaciones inmediatas (de seguridad, económicas, sociales), que en su resolución no afectan ni cuestionan las relaciones de poder, subordinación o exclusión?
En segundo lugar, la resistencia civil igualmente se presenta, en tanto acción colectiva, para enfrentar y superar situaciones de violación de derechos, reconocidas o no desde el punto de vista legal, pero sentidas y reivindicadas desde una perspectiva sociohistórica, política y/o cultural por parte de los pueblos y sectores sociales excluidos. Implica en sí misma la desobediencia, insubordinación, desconocimiento o enfrentamiento respecto a un orden de dominación que desconoce, o, por lo menos, no llena las expectativas esenciales para la existencia digna, en cuanto a la realización económica, cultural, social y/o política de estos sectores sociales que se encuentran en situación de subordinación[1]. Partiendo de este elemento y bajo el supuesto que el Estado es el único garante y sobre quien recae la responsabilidad fundamental de velar por los derechos humanos de la población, la resistencia civil se definiría como tal, en tanto respuesta social a situaciones de instrumentalización del poder por parte del Estado, mediante el ejercicio sistemático de la violencia estructural y/o la violencia directa sobre la población en general o sobre sectores excluidos. Desde este punto de vista, los llamamientos y, las políticas implementadas por parte del Estado para promover la resistencia civil ¿implicarían una negación de sí mismo, al efectuar una sustracción de su papel y su responsabilidad para con la población respecto a la protección de sus derechos frente a instancias gubernamentales, privadas y/o modelos económicos violadores de derechos y al otorgarle a otros agentes o a la misma población un papel que sólo corresponde al Estado?
Como caso límite, algunos autores plantean que un Estado puede llamar a la población a participar en acciones de resistencia civil en aquellas situaciones, y sólo en aquellas, en que la soberanía nacional está en juego, bien sea por intromisión de otro Estado o por una fuerza militar de carácter externo que pone en peligro a la sociedad en su conjunto. Aquí el Estado, mediante la definición de una política pública en ese sentido, podría realizar llamamientos para la vinculación activa de la población en sus estructuras de defensa militar (ejército y milicias), o en la articulación de acciones generalizadas de carácter omisivo frente al invasor por parte de la misma población.
Sin embargo, igualmente surge el interrogante acerca del papel mismo del Estado frente a estas eventualidades, ya que la defensa de la soberanía nacional es en sí misma una responsabilidad estatal para la cual existen reglamentaciones al interior de cada uno de los Estados, e igualmente se encuentra reconocida en la legislación internacional, sujeta a mecanismos y procedimientos establecidos en el ordenamiento del sistema de naciones. Desde esa perspectiva, este tipo de acciones no implicaría apelar a la categoría de resistencia. Sin embargo, ¿resulta muy reduccionista definir la resistencia civil como aquella que se realiza exclusivamente frente a la acción u omisión estatal?
En esta disyuntiva de precisar a qué y a quién se hace resistencia civil, parece más acertado, para descentrar el debate de la resistencia exclusivamente frente a la esfera de lo Estatal, hablar de resistencia civil frente a poderes hegemónicos y sobre los cuales la población construye contrapoder, que en tanto propuesta política genera espacios y dinámicas desde las bases mismas de la sociedad, las cuales se sustraen de las lógicas hegemónicas de dominación. Nos referimos aquí a poderes hegemónicos de carácter ideológico, político, cultural, tecnológico o económico, como las iglesias, la escuela, el mercado y los medios de comunicación, sobre los cuales el Estado tiene un papel que cumplir y a través de los cuales se ejerce la dominación.
En este sentido, cuando las comunidades en resistencia hablan y construyen desde la soberanía alimentaria, los bancos de semillas propias, la economía campesina, la justicia comunitaria, la medicina tradicional o alternativa, o se defienden los territorios frente a los apetitos de las multinacionales o la lógica política o económica de la guerra, están enfrentándose precisamente a los poderes hegemónicos y a los actores e instituciones que representan esta hegemonía.
Por último, se plantean las discusiones frente al método o los métodos que definen las acciones colectivas como acciones propias de la resistencia civil. Aquí el debate se centra en la consideración frente a las formas colectivas de hacer o no hacer y las acciones típicas correspondientes a cada una de ellas. De este modo, en el movimiento social colombiano y latinoamericano la resistencia o las resistencias civiles vienen expresándose desde una gama muy diversa en sus formas de actuación, acumulación y visibilización política, las cuales van desde los movimientos pacifistas que deslindan campos de manera categórica con todas aquellas acciones que atentan contra la vida, pasando por la desobediencia civil, entendida como acción omisiva no violenta, hasta aquellas que, sin descartar el uso sistemático de la defensa, promueven las vías de hecho y la acción directa: la resistencia activa.
¿Qué?, ¿para qué? y ¿contra qué? son interrogantes sobre los cuales se pretende aportar en el presente capítulo.
** Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Equipo Justicia y Conflicto de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI.
[1] La socialización o mecanismo mediante el cual todo individuo es dotado de herramientas discursivas y prácticas para la vida, está determinado por gran número de normatividades y se materializa en distintos escenarios, el primero de los cuales es el espacio de lo privado, el espacio de la casa o la familia, el otro gran escenario es el espacio de lo público, donde las normas están determinadas por agentes externos y superpuestos a los individuos, es decir son regulaciones generales a las que difícilmente puede escindirse el sujeto social.
El Estado es la figura moderna por excelencia encargada de esta regulación, la que realiza por diversos medios, pero cuyo centro es la normatividad y las leyes, todas ellas claramente viabilizadas por las instituciones políticas, militares, sociales y económicas. Un individuo desde la lógica discursiva del Estado, debe comportarse de manera aceptable dentro de las regulaciones que de él emanan, sin embargo no todas las normas son seguidas por los ciudadanos que habitan un territorio, en cuyo caso el Estado recurre a mecanismos coercitivos para, por un lado, exigir el cumplimiento de la norma por parte del individuo que la desconoce, y por otro, como medio para evitar que su conducta sea imitada por otros individuos. Esta iniciativa individual de desconocimiento de la norma se torna insostenible cuando el Estado enfila todos sus recursos en la represión de la misma. Sin embargo, cuando el descontento frente a una norma se generaliza y cada individuo aislado puede encontrar coincidencia con otros, es factible construir identidades a partir de elementos comunes, base indispensable para la acción colectiva; en cuyo caso, el Estado puede generalizar la represión o modificar la norma que ha desatado la oposición.