Avanza ley de amnistía para independentistas catalanes

Mayoría absoluta de diputados en favor de ley de amnistía a catalanes, votaron en contra la derecha como el Partido Popular (PP) y la ultraderecha Vox

Mayoría absoluta de diputados en favor de ley de amnistía a catalanes, votaron en contra la derecha como el Partido Popular (PP) y la ultraderecha Vox

Regeneración, 14 de marzo de 2024. Portales destacan que diputados españoles aprobaron este jueves por mayoría absoluta una ley de amnistía para los independentistas catalanes.

Además, esta amnistía, fue aprobada con 178 votos a favor y 172 en contra. Es resultado de un acuerdo entre el Partido Socialista y las formaciones independentistas de Cataluña.

Y se que esa era la exigencia de los partidos independentistas catalanes al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para posibilitar su investidura.

Desde luego, favorecerá implicados en el proceso secesionista en Cataluña de 2017 y que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Catalanes

Cabe destacar que los portales indica que la votación se hizo por llamamiento y de viva voz.

Al tiempo que se observa que la votación no deparó sorpresas; ya que, tal como se esperaba, solo votaron en contra los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox.

E incluso los partidos regionales UPN y Coalición Canaria.

Por otra parte se destaca que fue posible al incorporar las últimas exigencias de los independentistas de Junts, que hace un mes votaron en contra.

Lo anterior, para pedir modificaciones que blindaran las causas de terrorismo, porque su líder, el expresidente catalán Carles Puigdemont, está acusado de este delito.

Invitados

Asimismo se destaca que presenciaron las intervenciones desde la tribuna de invitados el dirigente independentista Oriol Junqueras, que estuvo en prisión tras el referéndum de 2017.

Así como Laura Vilagrà, vicepresidenta de esta región del nordeste de España, donde gobiernan los independentistas de ERC.

Condenas

La justicia española publicó en octubre de 2019, la sentencia contra 12 líderes y funcionarios catalanes haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal.

Así como la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.

Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras.

Esto es, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC); principal acusado en este juicio histórico ante la ausencia de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que huyó a Bélgica.

Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.

Cárcel, multas contra independentistas catalanes

Así para Oriol Junqueras la fiscalía pidió 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación. Fue condenado a 13 años de prisión, por sedición y malversación de fondos públicos.

Además, para la Fiscalía es “el motor principal de la rebelión”. Ésta se apoyó en tres pilares -ejecutivo, legislativo y judicial- que funcionaron como una “organización criminal” liderada por Junqueras, en ausencia del expresident Carles Puigdemont.

En tanto Carme Forcadell, de 64 años, recibió 11 años y 6 meses de prisión por sedición. La fiscalía solicitaba 17 años, los abogados del Estado, 10.

Primero, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y, después, del Parlament. Las acusaciones le adjudican el título de “promotora” de la rebelión.

Cajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las denominadas leyes de desconexión.

E incluso, y permitió el voto de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Forcadell denunció que estaba siendo juzgada por rebelión por su trayectoria política y no por sus actos; porque hizo lo mismo que sus compañeros de Mesa, que van a ser juzgados en Cataluña por desobediencia.

Los catalanes Jordis

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el Tribunal Supremo condenó a 9 años de prisión por sedición al presidente de la ANC en el momento de los hechos, Jordi Sánchez, de 55 años;, y el presidente de otra gran asociación separatista, Omnium Cultural, Jordi Cuixart, de 44 años. La fiscalía reclamaba 17 años, los abogados del Estado, 8.

Como líderes de ANC y Òmnium Cultural, la Fiscalía sostiene que fueron “reyes y señores del orden cívico de Barcelona” en el turbulento otoño de 2017; impartiendo órdenes a los Mossos y condicionando la actuación de la Guardia Civil.

Al tiempo que Joaquim Forn fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por sedición.

Ex conseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos.

La Fiscalía le acusó de haber controlado “el montaje” de los Mossos el 1-O y de asumir la violencia al hacer oídos sordos a las advertencias de la policía autonómica en vísperas del referéndum.

Él negó haberles dado instrucciones para que no cumplieran con su obligación.

Jordi Turull, Condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación. Responsable de la Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos, según las acusaciones.

Afirmó en el juicio que el Govern decidió ignorar las advertencias del Constitucional en un ejercicio de “ponderación” en el que priorizó el mandato popular de votar.

Por otra parte, Josep Rull a 10 años y 6 meses de prisión por sedición.

Además de animar a votar el 1-O, prohibió “arbitrariamente” en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona), aunque en el juicio sostuvo que no sabía quién iba en la embarcación.

Afirmó que se apostó por el referéndum con la “convicción” de que no era delito y ante lo que consideraban “falta de autoridad moral” del Constitucional.

Según su testimonio, no había plan o estrategia para desarrollar la DUI.

Sedición, malversación según la justicia Española

Raul Romeva, 12 años de prisión por sedición y malversación.

Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el “procés” y dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una “suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal” desde el que se contrataron presuntos observadores internacionales, según la Fiscalía.

Como Junqueras, Romeva solo contestó a su abogado, se limitó a defender el derecho de autodeterminación, negó “rotundamente” la violencia y tachó de “delirante” que se le acusara de malversar.

Dolors Bassa, sentenciada a 12 años de prisión por sedición y malversación. Encarcelada desde marzo de 2018, dirigió la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se le atribuye haber retirado a los funcionarios de su departamento la competencia sobre algunos centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, el desarrollo de una base de voluntarios y haber animado a la participación.

Bassa relativizó el 1-O y sus consecuencias: el referéndum, dijo, “no fue nunca un acto concluyente” para proclamar la independencia, sino un instrumento para forzar una negociación con el Estado, y la DUI fue una declaración política, “nada más”.

Otros tres

Otros tres ex ministros regionales, los únicos acusados en libertad condicional, fueron condenados a una multa de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ellos son Santi Vila, 46 años, quien abandonó el gobierno regional la víspera de la declaración de la independencia, el 27 de octubre de 2017; Carles Mundó, 43 años; y Meritxell Borràs, 55 años.

Las acusaciones les imputan haber respaldado junto al resto del Govern los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y haciendo un uso ilegítimo de fondos públicos.

Todos negaron que desde sus departamentos saliese un euro público para el referéndum.

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