El asesinato de los activistas que se oponían al proyecto de la presa Agua Zarca es un poderoso recordatorio de que los bancos financiadores internacionales deben tomar responsabilidad en proteger a las comunidades locales.
Por Zeid Ra’ad Al Hussein.
Regeneración, 21 de marzo de 2016.- Poco después de la medianoche del 3 de marzo, Berta Cáceres fue asesinada por pistoleros en casa de su hermano. Cáceres era una mujer de especial valor y principios, líder de COPINH, (Consejo Cívico Popular e Indígena de Organizaciones de Honduras), ganadora del Premio Ambiental Goldam en 2015, y que llevó la resistencia con la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque, que se reporta que ha sido construida sin el consentimiento de las comunidades indígenas y que las amenaza con perturbar sus vidas y su acceso al agua.
Menos de dos semanas después, el 15 de marzo, Nelson García, un miembro compañero del COPINH fue asesinado por un pistolero desconocido. Los asesinatos de Cáceres y García son los últimos de una cadena de muertes violentas de defensores de los derechos humanos conectados con las disputas de la tierra y el desarrollo de proyectos en Honduras, provocando una condena global. Claramente, el gobierno tiene la responsabilidad de investigar y aplicar la justicia contra los perpetradores. Honduras es conocida por ser el país donde mueren más activistas ambientales. El gobierno debe hacer todo lo que pueda para terminar con el ciclo vicioso de violencia e impunidad. Pero quienes financian estos proyectos de desarrollo también tienen el deber de cumplir los derechos humanos.
La presa de Agua Zarca está financiada por el banco de desarrollo holandés FMO, el fondo finés para la Cooperación Industrial, (Finnfund), y el Banco Central para la Integración Económica (Cabei), entre otros. FMO y Finnfund, se han comprometido a respetar los derechos humanos en relación a los proyectos que apoyan. Ambos han condenado públicamente el asesinato de Cáceres y han hecho un llamado para realizar una investigación más profunda. También ambos han proporcionado las cuentas públicas de sus roles y acciones en relación al proyecto. Y luego de los reportes del asesinato de García, el FMO suspendió todas sus actividades en Honduras pendientes de consultas en comunidades del área y una investigación de sus actividades en el país.
Mientras las cuentas reales del FMO y Finnfund deben ser verificadas, las acciones tomadas por FMO están seguramente dentro de los mínimos requeridos para un financiador en una situación como esta. Yo urgiría fuertemente a Cabei y a otros que apoyan este proyecto a hacer algo similar, y para todos los bancos de desarrollo a realizar una revisión de riesgos de derechos humanos de sus carpetas en Honduras y requerir una debida diligencia de derechos humanos para nuevos proyectos.
Este tipo de problemas no son únicos de Honduras, el espacio de la sociedad está siendo amenazado en todos lados. Las violaciones de derechos humanos, y su débil diligencia han sido reportadas de estar en conexión con inversiones de proyectos apoyados por bancos de desarrollo en Serbia, Paraguay, Uzbequistán, Etiopía, Kenia, India, Camboya, Laos y Panamá, por decir algunos ejemplos recientes.
¿Cómo pueden ser anticipados y prevenidos estos riesgos? El punto inicial es un conjunto de políticas medioambientales y sociales fuertes con claros requerimientos de debidas diligencias. Políticas ancladas en un compromiso explícito en el que quien presta el dinero respetará estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos y que tomará todas la medidas necesarias para evitar apoyar proyectos que pueden poner a quien recibe el dinero en infracción de sus obligaciones sociales, medioambientales y sobre todo derechos humanos.
Si un compromiso a respetar los derechos humanos no es claro y explícito y si la implicación de esto e la propia diligencia debida del prestador, no son claramente establecidas, riesgos sociales y medioambientales pueden no ser identificados y dirigidos propiamente.
La correcta calificación de riesgos no se activará, el tipo correcto de análisis no se llevará a cabo y la gente correcta no será consultada. Las medidas que remedien estas situaciones serán inadecuadas u ocurrirán demasiado tarde.
Bancos de desarrollo multilateral han actualizado sus políticas sociales y medioambientales en años recientes y han incluido compromisos al respeto a los derechos humanos. 83 bancos de todo el mundo han firmado en los Principios de Ecuador, gestionar los riesgos sociales que incluyan tal compromiso.
Pero nada traerá de vuelta a Berta Cáceres, Nelson García o tantos otros que han muerto, y siguen muriendo defendiendo a los desprotegidos. El estado lleva la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos y como tal deben rendir cuentas. Sin embargo, quienes financian proyectos de desarrollo deben demostrar que se toman en serio los riesgos de los derechos humanos seriamente, y que no son parte del problema.
Fuente: The Guardian.