Por Ilán Semo/La Jornada*
Un repaso de los diferentes movimientos sociales que actualmente resisten al proyecto de nación encabezado, en un principio, por la colusión de partidos del Pacto por México y, después, de manera casi solitaria por Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional, podría mostrar los puntos de derrame que hoy definen la crisis del sistema político creado en 1977. Nótese que ninguno de estos movimientos en sí ha provocado esta crisis. Se trata de afanes e impulsos ligados a demandas particulares, casi siempre aislados entre sí, que se oponen a algún aspecto de la política oficial y rechazan –tal vez esta sea su parte más positiva– cualquier intento de coordinación o dirección nacional, pero que se identifican por su capacidad de mantener la cohesión, sobrevivir a las medidas represivas y dar un nuevo sentido a lo que entendemos por acción civil.
En rigor, la crisis política ha sido, hasta hoy, resultado de la congestión del propio sistema. Por un lado, desde los años 80 del siglo pasado, se abrió el espacio a una seudocompetencia electoral; del otro, se mantuvo intacto el principio de anulación de la división de poderes (en particular del Poder Judicial) –eso que llamamos: impunidad. El saldo de esta extraña suma (o resta) es la actual implosión. Como si una familia dividiera sus bienes dando libertad a los más rijosos. Sólo que, en este caso, los más rijosos criminalizaron todas las reglas. El orden electoral se ha transformado en un enjambre –o un avispero– tribal.
Los saldos de la confluencia entre la gradual pérdida de legitimidad del sistema de partidos y las opciones y alternativas que abren las diversas franjas del movimiento social están por verse. Por ahora se pueden advertir cinco espacios de conflictualidad.
1) En primer lugar: el magisterio. La reforma educativa, cuyo cometido era aumentar el control sobre los maestros, acabó politizando a todo el gremio. Ya no se trata solamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de secciones enteras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en todo el país. No hay que olvidar que, en muchas poblaciones, el maestro sigue representando un centro de acción civil, organiza demandas sociales, participa en iniciativas comunitarias, etcétera. El crimen de Ayotzinapa, tan sólo para evocar un caso, está ligado a un ajuste de cuentas con la disidencia normalista.
2) Si se sobreponen los mapas del crimen organizado y los de las regiones donde, en las últimas dos décadas, arribaron compañías de minería, extracción y producción de energéticos, proliferación de transgénicos y tala de bosques, las coincidencias son simplemente escalofriantes (como muestra una investigación de Alberto Carral, que aparecerá en un libro conjunto con Carlos San Juan). Las empresas dedicadas a extraer recursos naturales se multiplicaron por cientos a partir de 2007. Transgrediendo relaciones políticas y sociales que garantizaban la vida comunitaria, han devastado zonas ecológicas enteras. En muchas áreas de Tamaulipas, Tabasco y Morelos, su llegada estuvo acompañada de políticas de despoblamiento a cargo del crimen organizado. En Sonora, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz hay comunidades que se encuentran al pie de una revuelta. Si a esto se suma el desarrollo de la infraestructura para transportar y comercializar los recursos, que crea súbitos centros de poder y economía, el resultado es explosivo.
En principio, esta infraestructura representa hoy uno de los principales centros del poder real. No es casual que muchas de las movilizaciones que se oponen a los flujos que transitan por ellas, se realicen en puentes, carreteras, puertos y aeropuertos.
3) Paz y justicia: las comunidades del duelo. La exigencia de presentar a los desaparecidos por el estado intermitente de excepción ha introducido una poderosa variante a los cuestionamientos al actual orden político: la demanda moral. Si sus iniciativas cobraron una dimensión nacional con el movimiento encabezado por Javier Sicilia, hoy son una de las escenas que expresa la colusión entre los cuerpos del Estado y la falta general de seguridad. La memoria como clivaje de la justicia. Sectores importantes de la Iglesia han sido decisivos en esta disyunción política.
4) La generación de las redes. En 2012, con el movimiento #YoSoy132, aparece un nuevo sujeto social y político. Se trata de jóvenes y estudiantes, pero que pertenecen a un mundo entrecruzado por la comunicación y la interacción digital. Lo que aguarda a la mayoría de ellos, frente a los procesos de restructuración, es el desempleo, el subempleo o el infraempleo (trabajos muy por debajo de sus niveles de calificación). Es una franja de la experiencia social completamente nueva, que desborda los controles del Estado y de los medios tradicionales de representación. Aquí lo local, lo nacional y lo global simplemente confluyen en las redes. Nada escapa a la pecera digital.
5) Las fronteras. Las iniciativas de protección y defensa de los migrantes que llegan y se van del país proliferan en ambas fronteras, el norte y el sur. En la actualidad, las comunidades de mexicanos en Estados Unidos representan un centro de apoyo y solidaridad con sus familias y poblaciones en México. Un nuevo espacio de beligerancia fuera del control del Estado y los poderes locales.
Y, finalmente, los contrapoderes. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán decenas de municipios desarrollaron en años recientes formas de poder que actualizan a las antiguas relaciones comunales de una manera inusitada. Todas han cerrado el paso al sistema electoral, propiciando sus propias formas de representación.
Las próximas elecciones intermedias tendrán ante sí un triple desafío: las comunidades que se hacen a un lado, una corriente que hoy impulsa el no voto, y los electores que irán a votar para ver evaporarse a las urnas o que simplemente no irán. Pero esto es tema de otro artículo.