Defensores «lo hemos intentado todo», sin resultados; piden ayuda internacional para investigar y castigar crímenes atroces en México
Regeneración, 5 de mayo del 2018. Los esfuerzos deliberados de familiares y sociedad civil por fortalecer las instituciones del Estado y sus políticas para la localización e investigación de desaparecidos en México, no tienen respuestas concretas, señaló Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Coahuila.
El defensor de derechos humanos hizo una extensa y muy detallada explicación de todos los esfuerzos que hechos por defensores de derechos y familiares de desaparecidos en México.
Estos esfuerzos van desde propuestas concretas, iniciativas insitucionales, presionar para el cumplimiento en México de estandares internacionales; sin resultados.
A pesar de todos estos esfuerzos, no hay «personas localizadas de entre los desaparecidos de manera forzada o por particulares» y tampoco procesos penales por desaparición, ni sentencias; declaró a La Vanguardia, el defensor de derechos.
«En suma, los esfuerzos deliberados de familiares y sociedad civil por fortalecer las instituciones del Estado y sus políticas para la localización e investigación de desapariciones no tenían, ni tienen respuestas concretas», puntualizó
Crímenes atroces a Corte Penal Internacional
Sabiendo de esta situación es que en julio de 2017 se presenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación, solicitando se abra una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad cometidos en México, particularmente en Coahuila, detalló Chamberlin.
Las razones para acudir a la CPI son fundamentalmente dos:
1-Los crímenes de desaparición, torturas y asesinatos no están siendo investigados, mucho menos en la magnitud de lo que representan: crímenes de lesa humanidad.
2-Hay una manifiesta incapacidad para llevar a cabo estas investigaciones.
Chamberlin dijo que la Corte Penal Internacional «tiene la facultad de intervenir en situaciones como las documentadas, ejerciendo su papel de complementariedad, salvo que el Estado mexicano implemente una respuesta contundente para atender la grave crisis humanitaria».
Explicó que esta respuesta contundente del Estado Mexicano implicaría revertir «su política de seguridad fallida y violenta por una seguridad sin guerra y acordando con las Naciones Unidas la creación de un Mecanismo Extraordinario para la investigación penal y procesamiento de responsables».
Para el defensor de derechos, este mecanismo deberá tener las siguientes características:
• Estar conformado por expertos nacionales e internacionales, con inmunidad y con probada imparcialidad e independencia.
• Debe investigar crímenes atroces desde la perspectiva del derecho penal internacional.
• Debe enfocar sus esfuerzos a desmantelar las redes de macro criminalidad y corrupción que permiten la continuidad de los crímenes y particularmente las desapariciones.
• Debe coadyuvar en el fortalecimiento de las instituciones nacionales para hacerlas eficaces.
«Lo hemos intentado todo»
A continuación el miembro del Centro de Derechos remarcó que «también participamos en la creación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda e Investigación, un esfuerzo que, como en Coahuila, resulta necesario hacer».
Aclaró de manera enfática «pero la Ley General no va a detener la crisis ni resolver los crímenes atroces, la insuficiencia ha sido demostrada en la experiencia de Coahuila».
«Sin duda uno de los pasos próximos a dar será contar con fiscalías verdaderamente autónomas, fiscalías que sirvan, pero la crisis de corrupción e impunidad en la que están inmersas no se los permitirá, salvo que un Mecanismo Internacional Extraordinario les ayude a salir de su marasmo» dijo.
«Esto también ha sido probado en la experiencia de Coahuila», subrayó Chamberlin.
Los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas, y después de la sociedad en su conjunto, ya no pueden esperar, ya lo hemos intentado todo; finalizó.