Pobladores de las comunidades indígenas de Chalchitépetl y Chimalco, en la huasteca potosina obtuvieron un amparo para suspender las obras de un gasoducto que atraviesa sus tierras.
Regeneración, 9 de agosto de 2017.- Los habitantes de las comunidades de Chachitépetl y Chimalco obtuvieron un amparo de parte de la justicia federal para que se suspendan las obras de un gasoducto que pasa por sus tierras y para el cual nunca fueron consultados, según lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.
La ex titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Margarita Viñas, fue una de las personas que participó como intermediaria para tratar de convencer a los habitantes de aceptar el paso del gasoducto, el cual esta a cargo de la empresa Enercitro, quien tiene el respaldo de la transnacional española Iberdrola.
Por su parte el investigador del Colegio de San Luis (COLSAN), Daniel Jacobo Marín quien dio asesoría legal y ambiental en este caso, junto con la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP.
El investigador señaló que el proyecto que se combate es un gasoducto impulsado por la empresa Enercitro, cuya línea de conducción atraviesa varias comunidades y ejidos de la Huasteca Potosina, en un proyecto que asegura carece, en términos técnicos, de una Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Regional, como lo regula la legislación ambiental y de hidrocarburos en México.
Resaltó que esta suspensión definitiva se trata de una resolución relevante en términos de la protección de los derechos indígenas y comunitarios frente a la renovada ola de exploración y extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina, tras la aprobación de la Reforma Energética en agosto de 2014, ante esto representantes de dos comunidades indígenas de la Huasteca Potosina, Chalchitépetl en Matlapa) y Chimalaco en Axtla de Terrazas solicitaron la asesoría ambiental y legal para defender a las comunidades de estas obras de explotación.
La alcaldía de Axtla, en el mes de febrero pasado dio la autorización para el paso del gasoducto, el cual fue instalado desde el estado de Hidalgo, por la zona de la comunidad indígena de Chimalaco, argumentando que los directivos de la empresa habían explicado a los que se oponían que no habría riesgo, según lo informó el entonces presidente municipal Julio César Hernández.
El alcalde aceptó que el paso del gasoducto sólo fue aprobado por habitantes de otras zonas del territorio municipal, pero no por los pobladores de Chimalco, debido a la oposición de la comunidad por la desinformación.
A los habitantes se les dijo que “no afectaba sus tierras porque (el paso del gasoducto) era subterráneo”, lo que ocasionó que la comunidad buscara la ayuda de la Clínica de Litigio Estratégico, tal como ocurrió con las localidades del municipio de Santo Domingo con el proyecto del tiradero industrial en el rancho Palula.
“Fue por medio de la coacción y acuerdos privados como se pretendió imponer la construcción del gasoducto… algo similar a las omisiones de la consulta indígena para el Plan Estatal de Desarrollo”, dijo el investigador Daniel Jacobo.
LIDERES BUSCARON AYUDA
Los líderes de Chalchitépetl y Chimalaco se reunieron con los integrantes de la Clínica que coordina Guillermo Luévano Bustamante y con los investigadores del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis (Colsan).
“En agosto pasado tuvimos reuniones y recorrimos las comunidades; encontramos preocupación por el desconocimiento y porque la empresa aparentemente no daba la cara, sino que se presentaba en lo individual a los ejidatarios y pobladores a través de varios intermediarios. Decidimos dar la asesoría e interponer los amparos”, explicó el integrante de la Clínica de la UASLP.
Para el 12 de mayo se interpusieron dos amparos –uno por cada comunidad– en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, y los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, en su calidad de autoridades responsables de otorgar autorizaciones y permisos.
El juez quinto de Distrito concedió la suspensión provisional el 6 de junio y finalmente la suspensión definitiva de las obras el 20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.
“Se trata de identificar la zona por la que pasa el gasoducto como región indígena, la población que la habita, el tipo de organización comunitaria, el motivo que sustenta la aplicación de las consultas de manera obligada a esto pueblos, los efectos positivos y negativos de este proyecto, y los derechos colectivos”, puntualizó Daniel Jacobo.
Cabe destacar que en una parte de la zona ya se encuentra parte del gasoducto, por lo que la lucha legal implica que lo instalado se clausure y deje de operar.
Les ofrecían 20 mil pesos
“La empresa busca negociar con cada uno. Les ofrecía 20 mil pesos por autorizar la servidumbre de paso; ahora les duplicaron la cantidad para que los dejen pasar”, dijo el entrevistado.
“A lo mejor otros pueblos han obtenido triunfos legales, pero este es relevante porque lo otorga un juez en el marco de la reforma energética de 2014”, resaltó.
Se trata de una más de las amenazas latentes en la Huasteca potosina por la extracción y conducción de hidrocarburos, “y ahora los jueces están entrándole a revisar la reforma energética”, finalizó.
Hay que resaltar que los amparos también se fundamentan en la inobservancia de la Ley de Consulta Indígena del San Luis Potosí, y de la Ley de Hidrocarburos a nivel federal, que obligan a las autoridades encargadas de otorgar permisos sobre las actividades de extracción y conducción de hidrocarburos, a consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuyos territorios se vean afectados por dichos proyectos
Con información de: Proceso