De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.
Regeneración, 10 julio 2017.- Nuevamente el periódico norteamericano The New York Times, da cuenta del espionaje como práctica cotidiana del gobierno de mexicano con tecnología sofisticada para vigilar criminales y terroristas, ahora al equipo de investigadores internacionales que llegó a México para indagar una de las peores atrocidades de derechos humanos, es decir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa.
El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.
Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.
De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.
Los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43, dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.
El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus.
La nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso paradigmático de los derechos humanos en México, parte clave del legado de Enrique Peña Nieto.
La inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.
El enojo por el caso de Ayotzinapa también ha tenido como foco al presidente Peña Nieto, cuyo afán por cambiar la percepción sobre México de una nación sumida en la violencia a una de promesas económicas se topó con una realidad distinta. La indignación se mantiene pues, casi tres años después, la mayoría de los jóvenes siguen oficialmente desaparecidos.
Muchos mexicanos sentían que los expertos representaban la oportunidad de descubrir qué les sucedió realmente a los estudiantes; pero los integrantes del GIEI dijeron que el gobierno obstruyó sus pesquisas y luego básicamente los expulsó al rehusarse a extender su mandato lo que, según ellos, evidencia que el gobierno simplemente no quería que el caso fuera resuelto. Sin embargo, es difícil comprobar sus acusaciones.
De acuerdo con el análisis, los mensajes SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI, el enlace para todos los involucrados en la pesquisa, el 1 de marzo y el 4 de marzo de 2016. Alrededor del mismo momento, otras personas que investigaban el caso fueron víctimas del software, como abogados del Centro Prodh, grupo de defensa de los derechos humanos que representa a los padres de los 43 estudiantes.
“El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial, las cosas cambiaron”, dijo Cavallaro, quien era presidente de la CIDH cuando se dieron los intentos de hackeo. “Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”.
Los investigadores le enviaron una carta privada al secretario ejecutivo de la CIDH a finales de junio en el que detallaban sus sospechas después de otro artículo de The New York Times sobre los intentos de vigilancia a los periodistas y defensores de derechos. Además del teléfono de Gómez Trejo, dijeron que otros dos celulares recibieron mensajes sospechosos.
Uno de ellos, enviado en marzo, era de alguien que pretendía ser un amigo cercano cuyo padre acababa de fallecer, contenía un enlace con los presuntos detalles del funeral. Cuando le dieron clic, se abrió el sitio web de una casa funeraria mexicana. Un mensaje muy similar, con el enlace al mismo sitio web, fue enviado el año pasado a un académico que impulsaba un impuesto a los refrescos en México. En el caso de ese académico, se confirmó que el mensaje contenía el software Pegasus.
El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía. La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o “verdad histórica” del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.
El misterio comenzó el 26 de septiembre de 2014 cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, intentaron secuestrar unos autobuses. Como lo habían hecho otros años, planeaban usarlos para viajar a Ciudad de México para una marcha en conmemoración de una matanza estudiantil en 1968 y luego regresarlos; era una tradición que las empresas de camiones y las autoridades usualmente toleraban.
Pero esa noche de pronto se volvió en un portento siniestro de la historia reciente de México. La policía abrió fuego contra los estudiantes y los autobuses en los que viajaban, lo que provocó seis muertes y dejó decenas de heridos en Iguala, Guerrero. Los policías después bajaron a los estudiantes a bordo de dos autobuses, los detuvieron y se los llevaron en patrullas. Eran 43.
El gobierno acusa que los oficiales locales, junto con un grupo narcotraficante con el que trabajaban, Guerreros Unidos, secuestraron a los estudiantes, los mataron e incineraron sus cuerpos en un basurero cercano.
Sin embargo, la versión del gobierno nunca dejó claro el motivo y los mexicanos exigieron una investigación independiente. El gobierno aceptó y la CIDH nombró a un grupo de cinco expertos: abogados destacados y activistas del mundo hispanohablante.
Cuando los expertos llegaron a México, tras meses de protestas por la desaparición, había la esperanza de que surgiera otra versión de los eventos y de que pudieran ser hallados los jóvenes. Empezó como algo excepcional: un gobierno receloso que se abría al escrutinio externo.
En pocos meses dejó de ser así y la relación entre el GIEI y las autoridades se deterioró. En su primer informe, el grupo contradijo una parte central de la verdad histórica que la PGR sostenía, al decir que no había evidencia de un incendio suficientemente poderoso como para haber incinerado 43 cuerpos y que ningún hueso o fragmento entre los restos coincidían con los de los desaparecidos.
La acrimonia se hizo sentir. Algunos periódicos mexicanos publicaron reportes críticos del GIEI y una persona fue invitada a hablar en una universidad local tras acusar a una de las integrantes del grupo, la colombiana Ángela Buitrago, de haber fabricado pruebas. Luego, las autoridades abrieron una investigación contra el entonces secretario ejecutivo de la CIDH por denuncias infundadas de que hubo fraude en el manejo de los fondos mexicanos destinados para la comisión.
“Siempre trabajamos de buena fe, y entramos con el corazón y los ojos abiertos”, dijo Cox, el chileno. “Nuestro propósito era contribuir al Estado de derecho en México”, finalizó.
Con información de The New York Times