Organizaciones civiles de Guerrero pretenden tomar los 81 ayuntamientos de la región
De momento sólo han podido hacerlo con cuatro, aunque 16 han suspendido funciones.
Miles de personas se manifiestan en Acapulco exigiendo justicia a las autoridades
Regeneración, 19 de octubre del 2014.-En su edición dominical de El País,la periodista María Verza, relata para el público de España los horrores que se viven en México y en particular la de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzina.
«No sabíamos la cruda realidad que se estaba viviendo en México; yo veía en la televisión que secuestraban, pero nunca pensé que me iba a tocar a mi», dice don Mario, hojalatero de Tlaxcala (en el centro del país) y padre de uno de los 43 desaparecidos de Iguala, César, de 19 años. «Aquí se viene uno a enterar de muchas cosas: que hay fosas con cientos de muertos y que van a encontrar miles con más miles de muertos… Es mi México desnudo. Pero yo sólo le ruego a Dios que mi hijo esté bien y nos los regrese porque este dolor es demasiado terrible, estamos acabados y ahora ya también indignados y enojados».
Mario hablaba así justo antes de participar en la gran manifestación que recorrió la avenida más turística de Acapulco, con miles de personas exigiendo justicia y el regreso con vida de los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace tres semanas.
«Faltan balas para matarnos a todos», «Si no hay justicia para el pueblo no habrá paz para el Gobierno» y el ya tradicional «Vivos se los llevaron vivos los queremos». Los gritos resonaban en el turístico enclave, convertido ahora en una de las ciudades más violentas de México y se repitieron a menor escala en otros puntos del país.
«Esto nos toca a todos, ya no podemos más», sollozaba una anciana, María Velásquez, vecina de un pueblo cercano a Iguala y que desde el jueves llegó a la escuela para acompañar en el dolor a unos amigos que esperaban angustiados noticias de su hijo.
Desaparecidos, muertos, fosas clandestinas de una a otra punta del país, vínculos entre policías y narcos, entre narcos y autoridades… «Iguala destapó las cloacas de México», aseguraba Abel Barrera, el director de la organización de derechos humanos que apoya a las víctimas de Iguala, Tlachinollan. «Se acabó la simulación. Esto no es una democracia real aunque votemos y haya partidos». Barrera asegura que en muchos lugares del país «no hubo transición» y el poder «sigue ejerciéndose de forma caciquil, con policías que realmente son pistoleros a sueldo del señor, sin formación y sin cultura de derechos humanos, y el crimen organizado se empotró en ese sistema gracias a la corrupción y la impunidad».
«Faltan balas para matarnos a todos», corean los manifestantes
El académico del Colegio de México, Sergio Aguayo, coincidía hace sólo unos días. «El talón de Aquiles de la transición son los municipios que se quedaron solos frente al crimen organizado y este se apropió de ellos». Ahí impera todavía una «lógica totalitaria», añade el analista.
Según el experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia, en torno al 80% de los municipios están infiltrados por el narco y los controles del Estado mexicano para poder solucionar esta situación han colapsado porque no se han combatido las raíces del problema: la corrupción y la impunidad.
«Lo que más tristeza me da es que no se lo llevaron malandros (narcos), sino que fueron policías los que se llevaron a mi hijo y debían atender órdenes de mas arriba… ¿por qué, si sólo eran estudiantes, ¿por qué?»
El Gobierno federal ya ha detenido a medio centenar de personas, la mayoría agentes municipales pero siguen faltando respuestas y la indignación crece precisamente por la participación en el suceso de autoridades.
Por eso, varias organizaciones civiles, entre ellas las escuelas «normales rurales» como la de Ayotzinapa -centros de formación de maestros a los que van alumnos pobres destinado a enseñar en comunidades más pobres todavía- y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero iniciaron esta semana un proceso de «toma de ayuntamientos» hasta que «se haga justicia». El viernes ya habían ocupado cuatro (hay 81 en el estado), entre ellos el de la capital, Chilpancingo, que estaba empapelado de pintadas de «Narco-gobernador», «Aguirre asesino», en alusión al gobernador de Guerrero, o «Devuélvanlos ya» y cientos de tiendas de campaña en su puerta.
El Gobierno federal ya ha procedido a la detención de medio centenar de personas
Pero en otros 16 municipios las sedes del Gobierno local, entre ellos el de Iguala, «suspendieron actividades» para evitar problemas. «Si llegan les dejaremos entrar, están en su derecho», comentaba a EL MUNDO un policía a las puertas del Ayuntamiento de Tixla, donde se encuentra la escuela de la que desaparecieron los 43 jóvenes. «Hay mucha tensión, mire cómo nos miran», añadió.
En Iguala la situación era igual de tensa. Varios centenares de policías comunitarios preparaban una manifestación para la tarde del viernes (madrugada en España) mientras fuerzas federales resguardaban las oficinas que previamente habían sido vaciadas de archivos, ordenadores y material diverso.
La Gendarmería, el nuevo cuerpo de seguridad lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto, custodiaba la entrada al pueblo, pero los vecinos se mostraban más preocupados que hace unos días porque desde el jueves gran parte de los efectivos federales desplegados en la zona se habían ido a Acapulco y las balas, por segunda vez desde el 26 de septiembre, volvieron a resonar en la ciudad.
Pese a los refuerzos de agentes antidisturbios y de los mensajes de cautela lanzados por el gobierno estatal durante las marcha, no había policías visibles y algunos restaurantes y bares de la turística avenida mostraron su apoyo a los manifestantes ofreciéndoles bebida y comida.