Por Enrique Calderón Alzati* La Jornada/
El lunes pasado un grupo de líderes de opinión encabezados por el senador Javier Corral y el padre Alejandro Solalinde convocaron a la sociedad mexicana a efectuar un ejercicio ciudadano destinado a buscar la revocación del cargo de presidente de la República otorgado (de manera cuestionable) al ciudadano Enrique Peña Nieto en virtud de las razones siguientes:
A poco más de dos años, la actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que no fueron imaginadas ni en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho han sido hechos constantes del actual gobierno. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país…
Me uno y celebro la presentación de esta convocatoria plural y ciudadana que refleja puntualmente el sentir y el pensar de la ciudadanía.
Nos queda clara la importancia del actual proceso electoral, destinado a renovar esencialmente la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas estatales, y al igual que los convocantes pienso que sería un trágico error dejar de votar o anular nuestro voto, lo cual sería permitir que el grupo en el poder siga destruyendo el país, en virtud del triunfo que se le estaría otorgando al PRI, lo cual constituiría, de facto, un voto de confianza para continuar su labor de depredación. Por ello aplaudo esta magnífica alternativa de agregar a cada voto una papeleta, indicando la petición de que el Presidente renuncie o sea retirado de su cargo, por el bienestar del país.
La iniciativa, además de sencilla de instrumentar, tendrá como efecto secundario que gran número de ciudadanos se sume a una acción específica de lucha social en contra de la corrupción y la impunidad imperantes, haciéndoles ver a quienes gobiernan que no cuentan con el apoyo ni la simpatía de la población.
Sin embargo, es necesario pensar en qué sigue, ya que, por un lado, aun con la separación de Peña Nieto del cargo muy poco sería lo que cambie; él ha sido sólo un instrumento creado por una red de intereses y de individuos que fueron capaces de llevarlo a la Presidencia conociendo sus enormes limitaciones intelectuales, su total desconocimiento del país, su falta de visión, sus complejos e inseguridades, su evidente incapacidad para gobernar y, aun así, conspiraron a espaldas de la nación para lograr su objetivo, lo cual hace necesario deshacernos también de todos ellos de una vez por todas.
Pero en un escenario contrario, en el que el referendo fuera boicoteado por las autoridades y pasara inadvertido por la sociedad y a escala internacional, se generaría un nuevo efecto de frustración en la población, al ver que estas iniciativas no logran nada, como fue el caso de los varios millones de personas a las que se pidió su firma, recogidas todas con gran esfuerzo, sólo para que los señores de la Suprema Corte de Justicia lo declararan improcedente en cuestión de minutos, no obstante la relevancia de los temas y su inocultable importancia para el futuro de la nación.
Considerando estos dos posibles escenarios, resulta fundamental desde ahora hacer las consideraciones siguientes:
- Que adicionalmente a la revocación de mandato del señor Peña Nieto debemos prepararnos para exigir la instauración de un gobierno interino, cuya única función sea convocar a un Congreso Constituyente de cuyas discusiones surjan el nuevo esquema de gobierno que el país requiere, así como la convocatoria a elecciones para los puestos definidos en ese nuevo esquema de gobierno.
- Que el Congreso Constituyente debe sustituir al Congreso que será elegido precisamente en el actual proceso electoral, en virtud de que los actuales comicios carecen de legitimidad en cuanto han estado sujetos a todo tipo de irregularidades y delitos electorales al igual que los de 2012, por lo que no proporcionan seguridad alguna de que los diputados electos enarbolen las aspiraciones y opiniones de la sociedad que supuestamente representan.
- Que dadas las múltiples modificaciones hechas por los últimos gobiernos a la Constitución actual, sólo para el beneficio de individuos y corporaciones ajenas a los intereses de la nación, será necesario que previamente a la instauración de ese Congreso Constituyente sea realizada una consulta nacional que permita conocer la opinión de las mayorías en relación con los objetivos y características mínimas que la nueva Carta Magna deba contemplar.
Aunque muchos lectores han manifestado apoyo a una consulta nacional que he propuesto en artículos anteriores, sé que todo esto puede parecer un sueño imposible de realizar; sin embargo, instrumentar los cambios que el país requiere para salir del atolladero al que la sucesión de gobiernos ineptos, corruptos e irresponsables (que han pasado los límites de lo que se puede considerar como traición a la patria), incluyendo al actual, lo han conducido, requiere de un esfuerzo de esta dimensión, como única alternativa para la transformación pacífica del país.
Por ello me permito plantear al senador Corral, al padre Solalinde y a los demás personajes que han planteado este proyecto de referendo utilizando el actual proceso electoral, que piensen en un plan B, que consiste en realizar, con la participación de la sociedad misma, una primera consulta nacional, para mostrar que la propuesta de revocación de mandato cuenta con el apoyo de la sociedad toda y que un proceso de este tipo es hoy totalmente realizable con el apoyo de la tecnología.
Una convocatoria de este grupo para realizar una consulta nacional podría permitir su organización y realización en unos cuantos meses; valdría la pena pensar en el 26 de septiembre próximo para recordarnos a todos a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Existe la experiencia de 1994, coordinada por Alianza Cívica, en la que pudimos convocar y organizar a 28 mil ciudadanos de todo el país en un lapso de cuatro meses, para observar las elecciones y realizar un conteo rápido de los comicios de ese año, en respuesta al enojo y la desconfianza causados por el gobierno de Salinas, por ello convocar ahora a más de 200 mil ciudadanos para organizar una consulta nacional es totalmente viable, dado el nivel de enojo y hartazgo de la ciudadanía.
Twitter: @ecalderonalzat1
México, regeneración, 18 de abril del 2015. Fuente: La Jornada. Foto: