Por Concha Moreno (@Kontxaki) | Periodistas-es
Regeneración, 8 de octubre de 2014.-Cuando el estupor y la rabia por la ejecución de 22 personas a manos del ejército aún estaban pintados en la cara de los mexicanos, otra noticia peor, si cabe, les sacudía: 43 estudiantes habían “desaparecido” tras una redada policial. Y aparecieron. Al menos, una parte: se descubrieron varias fosas clandestinas que alojaban a un número indeterminado de personas con signos de tortura, quemados en parte, asesinados brutalmente.
Familiares de estudiantes normalistas asesinados
Todo comenzó el 26 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero, donde alumnos de la Escuela Normal Rural fueron agredidos por fuerzas policiales del Estado mientras hacían colectas de víveres y de donaciones monetarias que solucionarían los problemas económicos de su instituto. También intentaban conseguir que algún conductor de autobuses les llevara al día siguiente a alguna de las protestas convocadas para evitar que se aprobara un reglamento que consideraban improcedente.
Pero alguien consideró que ya estaba bien de algarabía, que molestaban, y cargaron contra ellos. Se sabe que al alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quería impedir que los estudiantes llevaran su protesta al lugar donde su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rendía cuentas de su actividad al frente del DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Encargó que les “callaran”… y se les fue de las manos. Y callaron para siempre a siete personas, 25 más resultaron heridas, y 43 estudiantes no aparecían.
En estos actos participaron tanto policías municipales de Iguala, como personas vestidas de civil, quienes debieron pasar “inadvertidos” para las múltiples fuerzas de pacificación de la zona, compuesta por federales, la gendarmería y las fuerzas armadas, cuya presencia es notoria en este Estado ante la vigencia del operativo “Guerrero Seguro”. Los integrantes de ese operativo, supuestamente, luchan contra el crimen organizado.
El despertar del día después puso una sombra de temor que fue acrecentándose a medida que pasaban las horas y se carecía de noticias sobre el paradero de los muchachos. Se hablaba de detenciones, pero nadie sabía a dónde los habían llevado ni quienes. Sospechas había y muy fundadas, pero fuentes “oficiales” se habían apresurado a aventurar que estarían “escondidos” para huir de la policía y del castigo que “se merecían” por alterar el orden público, etc; etc.
La cruda realidad
La cruda realidad llegó en forma de fosas donde había múltiples cadáveres (unos 28), y con ellas se empezó a “destejer” el entramado oficial de acusaciones contra los muchachos, contra la población, contra todo aquel que osó levantar el dedo hacia la alcaldía y la policía. Porque el alcalde y el jefe de este cuerpo, Felipe Flores Velázquez, habían desaparecido sin dejar rastro. No, no habían sido detenidos ni “levantados”, como se dice en México. Se largaron a marchas forzadas para huir de los crímenes de los que eran responsables directos. De ellos partieron las órdenes de actuar contra los estudiantes .
Entonces comenzaron las detenciones y las confesiones, y salió a la luz lo que esos dos personajes intentaron tapar: que los jóvenes fueron metidos en camiones por la policía de Iguala y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión de los asesinos de los Beltrán Leyva. Parece más que comprobado que estos “guerreros” eran los verdaderos dueños de Iguala. El alcalde y la policía, sus esbirros, simples marionetas a su servicio.
Dos de los primeros detenidos (29 hasta este momento) confirmaron la ejecución de 17 estudiantes. Según reveló Iñaky Blanco, procurador de Justicia de Guerrero, los asesinos aseguraron que la orden de detener a los normalistas vino de Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, mientras que el líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, llamado ‘El Chucky’, fue quien ordenó asesinarlos.
Del resto de los chicos todavía no se sabe nada, pero se especula con que irán apareciendo en otras fosas, no muy lejanas, y en las mismas condiciones: torturados, quemados, destrozados…, por el “crimen” de protestar contra un sistema educativo con el que no están de acuerdo. Y por la inseguridad, y por la represión, y por la injusticia, y por la impunidad, y por tantas cosas…
Los padres de los estudiantes han informado de que un grupo de especialistas argentinos va a participar en el proceso de identificación de los restos para ayudar a esclarecer la verdad de los hechos. No se fían de las investigaciones “oficiales”.
La represión de los normalistas
El presidente de la Limeddh*, Adrián Ramírez López, ha emitido un comunicado en el que, entre otras cosas, asegura que existen ataques sistemáticos en contra de las Normales Rurales (centros a los que pertenecían los desaparecidos) a lo largo y ancho del país, que tratan de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su alcance para su desaparición, desde el recorte presupuestario, el cierre de dichos centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición de autoridades en los planteles; las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Para Ramírez, las reformas estructurales, y concretamente la educativa, “trata de acabar con este modelo de formación de los normalistas** y en este marco se inscribe la masacre de Iguala”. Responsabiliza a los tres niveles de gobierno y, sobre todo, por negligencia criminal, al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal (alcalde) de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Que paguen todos
Precisamente, es la cabeza del Gobernador la que se está pidiendo hoy a gritos (aunque ya se urgía su renuncia estos días atrás) en todo el país, en manifestaciones y actos convocados por centros educativos y organismos de derechos humanos. Los ciudadanos quieren acabar con la impunidad, con las agresiones sistematizadas de quienes deberían protegerles, y con los abusos de sus dirigentes. Claman justicia y piden que se detenga a todo aquel que esté implicado, sea quien sea.
Ante la gravedad de este nuevo caso de asesinato masivo, el presidente Peña Nieto ha salido a la palestra para apaciguar ánimos, se supone, pero su intervención, además de corta, ha sido demasiado “tibia”. Le ha faltado contundencia. Quizás, porque delante de su residencia tiene a dos grupos pidiendo justicia: padres de los 49 niños que murieron en la guardería ABC de Hermosillo (Estado de Sonora) hace cinco años, y familiares de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárezdesde hace 20. Por más que se le llene la boca de que su “prioridad” son los derechos humanos, los mexicanos siguen sin ver ni un sólo avance.
*La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y está asociada a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC).
**La Escuela Normal Rural es una institución fundada en 1920 que tiene como objetivo la formación de los profesores que llegan a las comunidades más aisladas de México. Sus planteles se encuentran distribuidos en las regiones marginadas del país. Guerrero es el Estado más pobre y su Escuela Normal tiene un fuerte arraigo social, ya que los egresados de sus aulas, regularmente, son personas de muy bajos recursos que reciben el apoyo de su comunidad. Cuando un profesor rural se gradúa, la fiesta es en todo el pueblo que lo vio partir, que lo apoyó en sus estudios de manera económica y moral. Además, el pueblo que lo recibe le da asilo como un hijo más.