A la luz de cualquier consideración jurídica contemporánea, toda esa discriminación legalizada es grotescamente contraria al principio de igualdad ante la ley y violatoria de los derechos humanos de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos por naturalización

Por Pedro Miguel | La Jornada 

Regeneración, 23 de noviembre del 2018.-Este miércoles el Senado aprobó en comisiones una reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) para eliminar la nacionalidad mexicana por nacimiento como uno de los requisitos para encabezar una de esas entidades. Para horror de algunos masiosares (algunos de ellos hasta se las dan de ilustrados, liberales y cosmopolitas), y con el telón de fondo de la xenofobia y el chovinismo inducidos en sectores de la población para atizar el odio a los centroamericanos de las caravanas, las comisiones senatoriales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa que presentó la senadora Citlalli Hernández, de Morena, con el voto en contra –quede para el registro– del PRI y del PAN. Se consumó así un primer acto de justicia para eliminar las ciudadanías mexicanas de primera (por nacimiento y de padres mexicanos), de segunda (por nacimiento y de padres extranjeros) y de tercera (por naturalización).

Tiene su gracia el que esa disposición discriminatoria llegue a su fin por un asunto relacionado con el Fondo de Cultura Económica (FCE), o sea, la creación del espacio legal para que Paco Ignacio Taibo II, mexicano nacido en España, pueda dirigirlo. Porque hay que recordar que poco después de asumir la Presidencia, Gustavo Díaz Ordaz dio una muestra de su talante al echar del FCE a Alejandro Orfila, continuador y engrandecedor de la obra de Daniel Cosío Villegas, porque editó Los hijos de Sánchez, una obra antropológica de Oscar Lewis a la que podrá cuestionársele todo menos el derecho a ser publicada. El responsable confeso de la masacre del 2 de octubre hizo berrinche porque Orfila, llegado a México en una de las oleadas tempranas del exilio argentino, hubiese tenido el atrevimiento de difundir una obra que exhibía la miseria en territorio nacional. El entrañable editor se ajustaba a la perfección, pues, al perfil del extranjero pernicioso y Díaz Ordaz no vaciló en sacarlo del FCE para salvar a la patria de las garras del extraño enemigo.

Lo cierto es que, una vez restituida la decencia en la LFEP, quedan un sinfín de retenes en artículos constitucionales y leyes orgánicas y reglamentarias que prohíben el paso a quienes somos mexicanos de segunda y de tercera. En varios de sus pasajes, la propia Carta Magna contradice la letra y el espíritu de su artículo primero, en el que se asienta: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional… Pero 27 artículos después lo que se prohíbe es que un naturalizado ocupe un cargo en la Comisión Federal de Competencia Económica o en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el caso más relevante de esta discriminación constitucional es el del artículo 82, que no sólo exige a los aspirantes a la Presidencia la nacionalidad mexicana por nacimiento sino también tener padre o madre mexicanos. Otro ejemplo curioso es el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que veta a quienes no nacimos en México para ser delegados en los estados de dependencias y entidades de la administración pública. Y así por el estilo.

A la luz de cualquier consideración jurídica contemporánea, toda esa discriminación legalizada es grotescamente contraria al principio de igualdad ante la ley y violatoria de los derechos humanos de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos por naturalización; va a contrapelo de la tradición de asilo y asimilación que caracteriza a nuestro México (sí, nuestro) y carece de sentido porque, como lo han demostrado los gobernantes del ciclo neoliberal –de presidentes de la República a directores de oficina y de Salinas a Peña–, para traicionar los intereses nacionales y ponerse al servicio de los foráneos no es necesario haber nacido en el extranjero.

Y asombra el desgaste de la agudeza: si bien la reforma a la LFEP tuvo el propósito coyuntural de permitir que Taibo II ocupe la dirección del FCE, su alcance es mucho mayor: es un primer acercamiento entre las leyes y el principio incuestionable que fuera formulado en forma coloquial por Chavela Vargas: Los mexicanos nacemos en donde nos da nuestra rechingada gana.

Twitter: @Navegaciones

[email protected]