En Chiapas, Guerrero y Veracruz, la cifra de matrimonios infantiles es más elevada que en el resto de la República, estaca la oficial de Programas de ONU Mujeres México.
Regeneración, 09 octubre 2017.- En Chiapas aún se venden mujeres, la tercera parte de la población pertenece a un pueblo originario, de 33%, más de la mitad son mujeres. Expertas afirman que las habitantes no tienen el derecho a decidir en los espacios públicos.
En una investigación realizada por El Universal, Hermelindo de Jalisco, municipio de Las Margaritas, Chiapas, ha pagado 8 mil 150 pesos por comprar dos mujeres en sus 51 años. Una para él, por 150, Estela, su esposa, en los años 80. Otilia fue la otra para que su hijo, “quien conoció el amor”, no tuviera que separarse.
En los dos casos los padres de las féminas fijaron, es prácticamente una herencia familiar: su padre y su abuelo hicieron lo mismo. “Es la costumbre. Hasta la fecha cobran por sus hijas a la hora que se van a casar. Ahorita piden 10 mil o 14 mil pesos”, explica sentado frente a la casa de su hija mayor, Trinidad, de 20 años, quien no ha afrontado la vulneración de su derecho a decidir si quiere o no hacer vida conyugal, porque “nadie ha pedido precio” por ella a Hermelindo.
Paradójicamente aunque su padre pagó por una esposa, aunque tuviera un comprador él sería incapaz de vender a su hija. “Me siento como si estuviera vendiendo una de mis vacas, o un toro, pienso que no es así. No podemos vender. Si se va, es voluntario”.
Trinidad no fue a la escuela, no sabe leer ni escribir; se cubre el rostro cuando la ven hablando con hombres y dice que no sabe qué es el amor. Habla tojolabal desde niña y teje bolsos y blusas para vender.
Sabe que su padre compró a su madre y su cuñada y repite que así es la costumbre, “qué se le va a hacer”. Sabe que a su edad la mayoría de las mujeres tienen pareja, que “se juntan” desde los 15 o 18 años, pero también conoce algunas que quedaron solteras. No ha rechazado a ningún hombre, pero tampoco espera el día de su matrimonio.
La mujer de Hermelindo se levanta muy temprano para alimentar a la familia, a las 03:00 horas muele maíz y luego va a la milpa. Hermelindo comienza actividades hasta las 06:00 horas, desayuna lo que su mujer dejó preparado en la cocina.
Antes de pedirle a Estela que fuera su esposa había hablado con ella tres veces. Tenía 20 años y ella 19. Hace 30 años habló con su suegra y le pidió 150 pesos a cambio de llevarse a su hija “para hacer una vida”.
Agustín, también de Las Margaritas, tiene tres casas se juntó y tuvo seis hijos con una mujer de la misma comunidad. Después conoció a la hermana de la madre de sus hijos y con ella tuvo 4 hijos.
“Únicamente se le pide permiso al papá y a la mamá. De ahí se entrega algo de comida, un refresquito, un poco de pan y algo de aguardiente”.
Él quería que sus dos esposas como se refiere a ellas a pesar de no tener papeles que avalen alguno de los enlaces legalmente, lo acompañaran para esta entrevista. Pero las hermanas no quisieron. Agustín habla del tiempo en que vivieron los tres juntos. “Estuvimos como un año así, en la misma casa, y vi el problema de competir y de pelear. No quedó más remedio que apartarse”.
En Chiapas, la tercera parte de la población pertenece a un pueblo originario. De 33%, más de la mitad son mujeres.
Para Gloria Flores Ruiz, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch), la misma situación que atraviesan las tojolabales la experimentan muchas otras indígenas del estado. Su derecho a decidir es vulnerado. “La constante es que las mujeres no tienen el derecho a decidir en los espacios públicos. Tienen muy poco poder de decisión en la familia y también sobre su propia persona. La constante es no poder decidir sobre su cuerpo”, subraya Flores Ruiz.
En 2016 se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) para siete de los 122 municipios de Chiapas: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristobal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaores, a fin de impulsar mejores condiciones de vida para ese sector.
“Tenemos una legislación que prohíbe los matrimonios infantiles o forzados, pero el estado se enfrenta con otra realidad: la normatividad comunitaria. Es importante aclarar que no podemos hablar de usos y costumbres porque muchas de estas formas que decimos o que el estado avala como ‘usos y costumbres’ tienen que ver con procesos impuestos a los pueblos indígenas, que no son propios de su cultura, pero que se han usado para avalar la violencia contra las mujeres”, enfatiza Flores Ruiz.
La Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas registró a junio de 2017, 59 denuncias de violencia contra ellas. La violación abarca casi la mitad de los expedientes. El promedio de edad de las víctimas es de 15 años, en su mayoría solteras y estudiantes.
Una de las acciones que el gobierno estatal debe realizar en torno a la AVGM es convocar a todos los presidentes municipales para abordar el asunto y establecer medidas de prevención y erradicación de la violencia desde la competencia local, explica Flores Ruiz. “Incluso uno de ellos [los alcaldes] ha dicho que tocar el tema de la violencia hacia las mujeres y de sus derechos puede generar un conflicto social, porque no es fácil decirle al pueblo y a los hombres que las mujeres tienen derechos, que no pueden ser golpeadas; habría reacción contra ellos”, detalla.
Juliette Bonnafé, oficial de Programas de ONU Mujeres México, destaca que en Chiapas, Guerrero y Veracruz, la cifra de matrimonios infantiles es más elevada que en el resto de la República.
“Esto quiere decir que no sólo pasa en zonas indígenas. Es en todo México. Ocurre en regiones urbanas y rurales. No quisiera un foco que excluya al resto del país, que también vive esta situación. Lo que las cifras dicen es que a mayor pobreza, mayor tasa de matrimonio infantil y que a menor educación, mayor tasa de matrimonio infantil.
“Estos parámetros se cruzan con el hecho de que las regiones más pobres coinciden con las que tienen comunidades indígenas y también con menor grado de educación entre sus habitantes, particularmente mujeres. Es el resultado de una múltiple discriminación y desventaja social y económica que hace que estas cifras se incrementen en estas regiones”, concluye Bonnafé.
Con información de El Universal
