De 2000 a 2017 han sido asesinados en México 126 periodistas, crímenes impunes en su abrumadora mayoría según datos de la ONU. Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa recuerdan muchos otros hechos semejantes.
Por Ángel Guerra Cabrera | La Jornada
Regeneración, 18 de mayo del 2017.-Esta semana el periodismo mexicano y La Jornada perdieron a un extraordinario profesional y ser humano, Javier Valdez, corresponsal de nuestro diario en Sinaloa, acribillado a balazos a las 12 del día en Culiacán, a unos pasos del semanario Ríodoce, del que fue cofundador. Hace 57 días, el 23 de marzo, murió también acribillada frente a su casa nuestra compañera Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua, mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela. También Miroslava era otro gran valor del periodismo mexicano y, al igual que Javier, comprometida con las luchas sociales.
Ambos gozaban de merecido prestigio y reconocimiento social en sus estados y en el país, tanto por su rigor y brillantez profesional como por sus valores éticos, inmunes al soborno y la intimidación. Sus impecables notas eran lectura asidua para gran parte de los fieles lectores de La Jornada. Eran imprescindibles para conocer la situación del país pues relataban el narcotráfico y la corrupción gubernamental, las luchas de los maestros contra la reforma educativa, de las comunidades contra los megaproyectos de las trasnacionales, los grupos de poder local y autoridades a ellas vinculados.
Mucho más, cuando en el caso de Sinaloa, a falta de oportunidades de trabajo, el narco –coludido con el Estado– es desde hace décadas un poder creciente, el medio de sustento de gran parte de la sociedad y, por supuesto, de muchos de los más humildes, aunque sean ellos los menos beneficiados. No sólo eso, el narco, como ya ocurre en el resto del país, controla los más criminales y depredadores delitos. En Chihuahua, al pingüe negocio del narco se suma la voraz acción depredadora del gran capital contra las comunidades indígenas y mestizas. Miroslava había dado cuenta del total abandono y discriminación del pueblo rarámuri y sus luchas contra los señores del dinero, que les arrebatan a toda velocidad sus fuentes de vida y los mantienen sumidos en la desnutrición y las enfermedades prevenibles. Dos meses antes que ella, fue asesinado el líder rarámuri Isidro Valdenegro López, protagonista de no pocas notas de Miroslava, a quien nada lo pudo proteger el galardón que le concedió la Fundación Goldman por su defensa del territorio indígena y los bosques. Como tampoco a Javier Valdez, el premio Libertad de Prensa del Comité Internacional para la Protección de Periodistas.
En una administración que acumula ya 36 asesinatos de reporteros, Javier fue el séptimo de este año, pero al día siguiente una colega fue herida de gravedad y unos días antes, en Guerrero, otros siete salvaron sus vidas no se sabe cómo de un grupo armado, aunque perdieron todos sus equipos de trabajo e información. Entre ellos había dos de nuestro diario, el corresponsal en ese estado, Sergio Ocampo, y el fotógrafo Jair Cabrera.
De 2000 a 2017 han sido asesinados en México 126 periodistas, crímenes impunes en su abrumadora mayoría según datos de la ONU. Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa recuerdan muchos otros hechos semejantes.
No nos digan que el responsable es el narco. El indebidamente llamado crimen organizado es inherente al capitalismo y ha crecido como la espuma en su etapa neoliberal, cuando cada vez es más difícil deslindar los llamados crímenes de cuello blanco de los de las organizaciones mafiosas y cuando estas son indispensables para la acumulación capitalista en la etapa financierista. No hay un solo gran banco en el mundo que no lave dinero. Suponiendo que lo evitara, los flujos de capital de procedencia ilícita son de tal magnitud y se mueven a tal velocidad, que es imposible controlarlos a menos que hubiera una decisiva acción de los estados.
En México es mayor que nunca el clamor de justicia y por poner fin a la escandalosa impunidad con que se cometen al alza cientos de asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, así como decenas de miles de desapariciones. El Estado, por definición, es el responsable de esta catástrofe y las medidas que ha tomado se han revelado del todo ineficientes, como lo demostró en estas páginas Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No deja de sorprenderme que, igual que Almagro, el gobierno del país de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y la no intervención, apunte a la entrañable Venezuela bolivariana cuando se le incendia la casa.
Twitter:@aguerraguerra
