Por Guadalupe Lizárraga | Los Ángeles Press
¿Quién son los que coordinan las investigaciones sobre los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en Iguala?
El 11 de octubre, el aún gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, subió un par de fotografías a su perfil de Facebook para informar que se encontraba en una reunión de trabajo con el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón. En la misma reunión estuvieron presentes dos mandos del ejército, el procurador del Estado Iñaki Blanco, y otros funcionarios de menor jerarquía. Según el propósito de la reunión era coordinar las tareas para buscar a los normalistas.
Primero hay que preguntarnos ¿quiénes son las autoridades que están buscando a los normalistas? Y segundo, ¿con qué calidad moral han asumido esta tarea, si ellos mismos están involucrados en los hechos y en otras violaciones de derechos humanos contra la misma población?
El gobernador
El gobernador Ángel Aguirre es el primer responsable de la masacre en Iguala y de crear un gobierno de terror en el Estado para favorecer a su familia y a los cárteles de drogas con los que colabora. Hay suficientes evidencias y testimonios de su colaboración con el crimen organizado, que sólo una autoridad judicial cómplice no quiere ver. Aguirre también es el responsable de mantener en prisión a la líder comunitaria Nestora Salgado, pese a que fue exonerada de cargos por el Poder Judicial federal. Aguirre no sólo ha coartado la libertad de Nestora, sin justificación alguna. Incluso, se ha jactado de ello -entre risas y vacilaciones ante la defensa jurídica de Nestora- que él secuestró a la líder utilizando al ejército para ello.
Aguirre también es responsable de la cárcel injusta de doce policías comunitarios en penales federales, entre éstos, Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Aguirre trabaja con Eliseo Villar, uno de los sicarios que se había infiltrado como Policía comunitario en San Luis Acatlán, a quien el gobernador le paga hasta dos millones de pesos, según los testimonios de los mismos comunitarios, para aterrorizar a la población, desaparecer opositores políticos, y servir de grupo de choque contra la auténtica policía comunitaria.
Aguirre es señalado como primo de Víctor Hugo Aguirre Garzón, líder del Cártel Independiente de Acapulco, uno de los principales aliados del Cártel Guerreros Unidos, que comanda el presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, actualmente prófugo por el asesinato de nueve personas y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
El procurador
Iñaki Blanco fabricó el expediente de Nestora Salgado como “secuestradora” poco después de la detención arbitraria por el ejército y la Marina que la mantuvo incomunicada durante siete días. Blanco usó testimonios de falsas víctimas, incluyendo a dos menores de edad, vinculadas al consumo y distribución de drogas. Estas jóvenes habían sido entregadas por sus madres a la Policía comunitaria de Olinalá para que se “reeducaran” de acuerdo al sistema normativo indígena, porque también se prostituían. Sin embargo, con la intervención de la PGJE, fueron sacadas del recinto comunitario y usadas como testigos de cargo contra Nestora.
Iñaki Blanco fue el que acordó junto con el presidente municipal de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, acusar penalmente a Nestora, por “privar de la libertad” al síndico Armando Patrón Jiménez, detenido por la Policía comunitaria por el robo de evidencia en un doble asesinato. Patrón fue grabado con evidencias de su delito, y se obtuvieron testimonios de su participación con el crimen organizado y posesión de armas en una “casa de seguridad”. Pero el procurador liberó al síndico y fabricó el expediente por secuestro y delincuencia organizada a Nestora.
Ya antes, el procurador había sido denunciado públicamente por fabricar culpables en el caso del empresario belga Jan KM Sarens, asesinado en Acapulco en febrero de 2013. La orden fue dada al oficial David Urquizo Molina, quien se rehusó a cumplirla y se desató una persecución en su contra imputándole falsos delitos.
Urquizo denunció ante la Embajada de Bélgica que el procurador de Guerrero quería presentar a cualquier persona como culpable del asesinato, por la presión que ejercía el gobierno belga a México, y que él estaba siendo hostigado y amenazado por el procurador.
En 2010, Iñaki Blanco, siendo director de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, con Marisela Morales, colaboró también en la fabricación del secuestro y homicidio de Hugo Wallace en complicidad con la madre de la supuesta víctima, Isabel Miranda Torres. El papel que desempeñó Blanco fue como testigo de cargo contra César Freyre Morales, uno de los acusados por el falso secuestro Wallace y sentenciado a 131 años de cárcel. Varios meses después, Iñaki Blanco fue premiado con el cargo de delegado de la PGR en Guerrero, y posteriormente como procurador del Estado.
El ejército
Guillermo Hernández, miembro de la Sociedad de Alumnos de la Normal de Ayotzinapa, en entrevista para Los Ángeles Press, especificó que el día de la masacre contra los normalistas, el 26 de septiembre, varios heridos pidieron auxilio a un grupo de militares que presenciaba los hechos sin intervenir. Los militares les respondieron que no podían hacer nada, pese a que el cuartel más cercano se encontraba a tan sólo a seis kilómetros de distancia.
Los militares que presenciaron la masacre pasivamente no han sido investigados ni llamados a declarar. No ha habido ninguna sanción por omisión, a pesar de los testigos que denunciaron que ellos estaban viendo cómo cazaban a los estudiantes y los subían a una camioneta pick up, sin hacer nada.
Este mismo ejército, con 15 patrullas, detuvo arbitrariamente a Nestora Salgado García el 21 de agosto de 2013. Facilitó las condiciones para que se perpetrara un secuestro de Estado contra la líder comunitaria. Antes de que se llevaran a Nestora, el ejército la estuvo hostigando junto a otros policías comunitarios. Nestora lanzó varios comunicados públicos con las denuncias contra los militares, porque se habían subido al techo de su casa y desde ahí apuntaban con sus armas exclusivas a la gente que transitaba por la calle. Nestora también los denunció por molestar a las mujeres de la comunidad, y por rondar el pueblo alcoholizados mientras portaban el uniforme y armas.
Éste es el equipo de trabajo del gobierno mexicano, a través de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, para buscar a las víctimas de desaparición forzada del propio gobierno del Estado. Mientras, medios mexicanos hacen eco de la versión oficial que pretende presentar la matanza de Iguala y el secuestro de los normalistas como un crimen de grupos narcotraficantes, como si éstos estuviesen al margen del gobierno de Guerrero, y no como un crimen de Estado por autoridades implicadas directamente en el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Y nos preguntamos por último: ¿Por qué no está la Policía comunitaria en la mesa de discusiones si fueron los que encontraron las primeras fosas clandestinas en Iguala, y son una autoridad legítima y legal en el Estado de Guerrero?