Regeneración, 30 noviembre 2015-. En su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Secretaría de Cultura para que este rubro ya no dependiera de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras diputados afirman que aprobarán la iniciativa de ley a más tardar en abril de 2016, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alertan deficiencias en la propuesta presidencial, como la estrategia de explotación “intensa” del patrimonio histórico, que abriría la puerta a la privatización.
Este martes 1 de diciembre, la comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de diputados iniciará los foros de análisis para recibir las propuestas y consideraciones de investigadores, trabajadores y especialistas para “fortalecer” la iniciativa presidencial y conseguir un dictamen en consenso, asegura el presidente de la comisión, Santiago Taboada.
Profesores de investigación científica y docencia del INAH advierten que la desvinculación de la educación con la cultura contradice principio impulsado como parte de la reforma educativa de José Vasconcelos y afectaría la formación integral de las nuevas generaciones, por lo que piden a los diputados no sólo modificar la propuesta de ley, sino rechazarla completamente.
Las controversias
La iniciativa de ley publicada en la gaceta de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre pasado, advierte que se requiere una nueva secretaría que atienda la administración de las instituciones, museos, teatros, galerías, escuelas, centros culturales y un patrimonio de más de 200 mil vestigios arqueológicos y más de 140 mil monumentos históricos.
Hasta ahí, la propuesta suena bien, pero, según los investigadores que han analizado el texto, en el apartado de estrategias se establece como una de las estrategias: “el aprovechamiento intensivo del patrimonio”, lo que abre al “usufructo privado el aprovechamiento de las zonas arqueológicas y artísticas de México”.
Esto contradice la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigida al Estado mexicano para “establecer criterios para mantener un acceso público irrestricto a las zonas arqueológicas, de modo que se evite que la propiedad privada ejerza un derecho de usufructo que resulta en la alteración del carácter público de estos bienes del patrimonio cultural”, establecida en el “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos humanos en México” de 2003.
La profesora investigadora del INAH, Aldir González, advierte que la iniciativa presidencial es “peligrosa” porque el patrimonio entraría a una “mercantilización” que podría afectar la conservación. Un ejemplo de ello es la propuesta “Resplandor Teotihuacano”, presentada por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México en 2009 y que consistía en la instalación de luz y sonido en las pirámides de Teotihuacán.
El argumento del ex gobernador era propiciar mayor derrama económica para los habitantes de una de las zonas arqueológicas más importantes del país; sin embargo el proyecto fue suspendido ante la oposición de trabajadores, legisladores e incluso del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la UNESCO.
Esto podría repetirse, sobre todo porque la decisión para la conservación y aprovechamiento recaería solamente en el secretario de cultura, toda vez que el INAH y el INBA (actualmente facultados para ello) quedarían reducidos sólo a oficinas administrativas.
La iniciativa de ley se refiere al INAH e INBA como órganos administrativos; sin embargo, actualmente son órganos descentralizados, es decir, tienen “personalidad jurídica y patrimonio propios”, según se establece en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Una de las características es que se les asignan competencias exclusivas, para la atención de un fin de interés general o un servicio público determinado, mientras que los órganos administrativos están “jerárquicamente subordinados” a las dependencias federales, refiere la misma ley.
Esto, agrega la investigadora Alba Barrios, “pone en riesgo las funciones sustantivas de ambos órganos, que son la investigación científica, la conservación del patrimonio cultural y la difusión de estos”. El presidente de la Comisión de Cultura, Santiago Taboada, afirmó que es más conveniente que el INAH e INBA sean órganos administrativos, por eso, dijo, en los foros deberán aclararse las dudas y, en todo caso, modificar la redacción.
Al preguntarle si, efectivamente la iniciativa tiene un resquicio para la privatización, el legislador panista advirtió que la propuesta tal como está redactada “puede ser interpretable y genere incertidumbre, por eso hay que fortalecerla”.
Otra crítica es que la propuesta pretende crear primero la Secretaría de Cultura y después los reglamentos que regule sus responsabilidades, lo cual es un “absurdo legislativo”, afirma la investigadora y secretaria general de la delegación DII-1A de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De acuerdo con el análisis que trabajadores del INAH hicieron, esta iniciativa “altera sustancialmente la esfera de funciones estatales ya normada, que corresponde a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del INAH y la Ley que crea el INBA.
El diputado Taboada advierte que si bien se abrirá la discusión para elaborar el dictamen, “no nos podemos tardar un año. Tenemos que trabajar en tiempos cortos para que sea aprobada en este periodo ordinario o el siguiente. No más”.
México ocupa el sexto lugar en Patrimonio Mundial, primero en América Latina y décimo segundo en Patrimonio Inmaterial y tercero en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que debe conservarse, advierten los investigadores.
Si bien la idea de una secretaría es aplaudible, la propuesta presidencial es imprecisa, que atenta contra el derecho a la cultura y “no es más que una estrategia política y no una verdadera medida para impulsar el desarrollo de la cultura”, afirman los investigadores.
(información de Animal político)