El TEPJF dictó medidas de protección para la Secretaria de Mujeres del CEN de morena por violencia política de género
Por: Karla Motte
Desde hace varias décadas se ha dado una batalla por visibilizar diversas conductas explícitas y también sutiles que constituyen violencia política de género. Se trata de una problemática que es recurrente en los espacios institucionales y afecta de muchas maneras a las mujeres que toman la decisión de participar en política. En atención a este tema, el 18 de marzo la Cámara de Diputados concluyó el proceso legislativo para reconocer, tipificar y castigar a la violencia política de género.
Toda conducta o actitud misógina hacia las mujeres en política es altamente reprobable, y desafortunadamente recientemente ha ocurrido en la dirigencia de morena.
Al día de hoy, ha resultado evidente que en nuestro país el aumento del número de mujeres que participan en espacios de poder no se ha traducido en igualdad sustantiva, pues prevalecen atavismos culturales que han resultado en espacios hostiles para las mujeres.
Es por ello que, en el dictamen de la reforma recién aprobada por la cámara baja, se reconocen las conductas que constituyen violencia política de género, tales como descalificación, intimidación, burlas, agresiones, falta de apoyos o simulación en el cumplimiento de los cargos.
En el marco del reconocimiento jurídico de este grave problema, el 2 de abril del 2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó medidas de protección para la Secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, Mtra. Carol Arriaga, en razón de haber sido víctima de violencia política de género por parte del presidente interino de este organismo político, Alfonso Ramírez Cuéllar.
La secretaria Carol Arriaga denunció ante el Tribunal que recibió ofensas, amenazas y descalificaciones, las cuales llegan a la degradación de su persona y su trabajo. Tal y como se determinó en la reforma a diversas leyes que está pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, estas conductas constituyen violencia política de género, pues limitan arbitrariamente las atribuciones que corresponden a su cargo, impidiendo su ejercicio.
La violencia política de género es una conducta que se ha reconocido como un grave problema muy recurrente en la política mexicana, la cual suele no solo obstaculizar la participación de las mujeres, sino incluso también puede llegar a impedirles su derecho a participar en la vida pública y enriquecer a las instituciones con sus aptitudes y experiencia.
En nuestro país hay una subreperesentación de las mujeres en los espacios de poder, y a ello se suman las diversas actitudes misóginas a las que se enfrentan muchas de ellas.
Es por ello que la resolución del Tribunal resulta relevante, pues de forma inédita, solicita a un partido político que evite cualquier tipo de amenaza, directa o indirecta contra la secretaria Carol Arriaga y su familia, las cuales puedan poner en riesgo su integridad física y moral.
Además, pide que se le proteja para garantizarle desarrolle sus funciones, de acuerdo a lo que declaran los estatutos, como Secretaria Nacional de Mujeres. El tema, además, deberá ser atendido por las instancias internas, con apego a la exigencia de las mujeres de poder ejercer sus cargos en condiciones de igualdad.
Las mujeres constituimos más de la mitad de la población, por lo que tenemos derecho a participar en las instituciones y la vida pública sin ningún tipo de violencia, tal y como lo determina nuestra legislación y los instrumentos internacionales en la materia, como el artículo 4° de la Convención Belém do Pará:
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
La violencia política de género no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia, pues desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la vida pública, lo que a su vez debilita la representatividad democrática a la que aspiramos las ciudadanas que, históricamente, hemos dado una lucha muy larga para desenvolvernos en espacios libres de violencia.
La sororidad entre mujeres que participan en la vida pública, unidas en contra de toda actitud misógina, es también una herramienta para acabar con el machismo de los hombres en política, sin importar orientación ideológica o partido político.