El mundo vive una oleada de acuerdos de libre comercio de segunda generación que intensifican, profundizan y extienden los términos del Consenso de Washington y el fundamentalismo liberal: además del ATP están el Acuerdo integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés), entre la Unión Europea (UE) y Canadá, firmado hace poco más de un año; y en fase avanzada de negociación, el Acuerdo en Comercio de Servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA), que agrupa a 23 países de Europa, América, Asia y Oceanía, y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), en cuya negociación participan Estados Unidos y la UE.
A primera vista el conjunto de instrumentos ATP-TISA-TTIP-CETA parece muy incluyente, pero en realidad está ideado bajo el signo de una doble exclusión: la de países determinados (China, Rusia, India y la mayor parte de las naciones de Sudamérica, con la excepción de Chile, Perú, Paraguay y Colombia) y, en cada país, la de los trabajadores, pequeñas y medianas empresas, migrantes y organizaciones comunitarias y no lucrativas.
Es decir, esta segunda generación de tratados comerciales (tlc) tiene un propósito geopolítico bien claro: tender un cerco aduanal, tecnológico y legal alrededor de los BRICS (Brasil, Rusia, India,China y Sudáfrica), del Mercosur y de la totalidad de Africa. En este sentido, además de un derribo de barreras comerciales, los acuerdos referidos son una muralla planetaria en contra del libre comercio entre las naciones cuyos gobiernos comulgan aún con el llamado Consenso de Washington y las que han tomado distancia de él o bien son vistas, por su escaso desarrollo, como meros bancos de materias primas y mano de obra.
Adicionalmente, los nuevos tlc deparan a las poblaciones que quedan incluidas en alguna de sus instancias una brusca transformación económica, social y política que dejará en el desamparo a grandes sectores: todos aquellos que no estén organizados en forma de corporaciones. Las grandes sociedades anónimas serán los sujetos predominantes y los más poderosos, y podrán moverse a sus anchas en un inmenso territorio que abarca varios continentes. Tendrán instrumentos y potestades para imponer su voluntad en los mercados nacionales, atribuciones para someter a los ciudadanos, consumidores y organizaciones sociales, y facultades para fiscalizar y contrarrestar la acción reguladora de las instituciones políticas. Véase, a guisa de ejemplos, el impacto que el ATP tendrá en el agro mexicano (http://is.gd/uZtQN6 ), lo desastroso que resultará para las políticas de salud pública (http://is.gd/yVK4Mq ) y para la contención de daños ambientales (http://is.gd/ThTmeA ) así como el avasallamiento sobre redes de comunicación y datos privados (http://is.gd/rmZ0T3 ) que las corporaciones podrán realizar en el país en caso de que el instrumento sea aprobado por el Legislativo.
Hace unos días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, especulaba que la entrada en vigor en México del ATP elevaría 1.3 por ciento el crecimiento económico del país (http://is.gd/CNTkWA ). Aun si la cifra referida tuviera alguna base real, hay maneras más eficaces, justas y equilibradas de lograr tal índice. Sin ir más lejos, tendría mejor resultado el que los funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes dejaran de robarse (http://is.gd/BSWci9 ) los cientos de miles de millones de pesos que sustraen año con año al erario (algo así como el 10 por ciento del presupuesto público o el 4 por ciento del PIB) y lo invirtieran en educación, salud, obras de infraestructura y generación de empleos.
En todo caso, la creación de una patria empresarial supranacional implicará pérdidas de empleos, cierre de pequeñas y medianas empresas (las que no tengan recursos para demandar a gobiernos extranjeros en el nuevo marco comercial) y un desbarajuste social mayúsculo. Todo ello, para complacer a Washington (http://is.gd/Jw0Zuh ) y para lograr un crecimento de 1.3 por ciento que de todos modos irá a los bolsillos de las corporaciones.
Igualmente grave, la adhesión de México al ATP implica una abdicación mayor de soberanía y una injustificable entrega de facultades ejecutivas, legislativas y judiciales a organismos extranjeros. La firma del tratado es una nueva traición al país por parte del régimen oligárquico y no debe permitirse que el Senado ratifique semejante canallada.
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