Varios estados de la República y el Ejército adquirieron un software de espionaje que es capaz de infectar computadores y celulares para robar información ilegalmente y en en impunidad.
Regeneración, 29 de noviembre de 2016.– Según un estudio de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), gobiernos estatales y el ejército adquirieron software de espionaje que no están justificados y cuya utilización es ilegal.
El documento, titulado “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, indica que tres compañías mundiales: Hacking Team, NSO Group y FinFisher, especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, vendieron sus programas a gobiernos locales, lo que representa un potencial riesgo para millones de ciudadanos que no saben que están siendo vigilados.
Esta información fue confirmada luego de que se filtraran miles de correos de comunicación interna de la empresa Hacking Team, donde se detalla que México era el principal comprador de sus programas, con una inversión de seis mil euros.
La empresa habría vendido a 12 entidades: Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
“La gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas por lo tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, sostiene el estudio.
Tras la filtración, los gobiernos estatales trataron de justificar la compra indicando que estaba destinado a las fiscalías, único organismo con facultad para intervenir las comunicaciones.
Sin embargo, para R3D, “los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública levantan serias dudas sobre su uso legal o sobre la justificación de la inversión realizada”.
Y es que para que una intervención en las comunicaciones sea legal en México, es necesario que primero la apruebe un juez federal y según datos oficiales del Poder Judicial, sólo en Nuevo León se han autorizado las solicitudes de intervención, lo que podría decir que las demás entidades lo hacen a la sombra de la ley.
Por otro lado, también el ejército adquirió material para espionaje, aunque dicha dependencia no tiene facultades para esta tarea.
Por lo que sólo con la adquisición y capacitación para el uso del programa de la empresa italiana, la Sedena habría incurrido en faltas, además de gastar seis millones de pesos.
Pero no es todo. En la información filtrada se advierte además que la Sedena ya había adquirido previamente equipo y software tecnológico de espionaje para su Centro de Comando y Control, entre ellos el programa espía de nombre Pegasus que es capaz de tomar el control de un teléfono al punto registrar todos sus archivos, grabar las conversaciones o manipular la cámara.
El estudio de R3D concluye que el empleo de ataques informáticos con la utilización de software malicioso para infectar equipos de comunicación “no puede considerarse un ejercicio legítimo de poder del Estado”.
Vía Animal Político.