2011, en tres días los zetas desaparecieron 300 personas, destruyeron 40 casas, en Allende, Coahuila; autoridades no acudieron ningún llamado de auxilio
Regeneración, 19 de marzo del 2018. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una serie de recomendaciones por la masacre de Allende en Coahuila, sitio en el cual durante tres días los Zetas masacraron aproximadamente a 300 personas, destruyeron 40 casas y siete ranchos. A pesar de los múltiples llamados de auxilio a las autoridades éstas no acudieron.
Precisamente sobre los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo del 2011; el periódico de Coahuila, La Vanguardia retoma que Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en su investigación denominada “El Yugo Zeta”, donde revelan que la línea de emergencia 089, el C4 coahuilense, recibió 26 reportes de Allende y mil 225 de Piedras Negras entre el 18 y 22 de marzo de 2011.
De las llamadas, 100 fueron para alertar 42 incendios distintos en Piedras Negras, y nueve en Allende sobre cuatro incendios más.
Pese a los llamados. Ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni federal. Y no hay detenidos por esas omisiones.
La escena: los llamados de auxilio de un lado del auricular. ¡Auxilio! ¡Están quemando! ¡Están incendiando la casa! Nada. Ninguna respuesta.
El informe “El Yugo Zeta” reproduce una llamada de auxilio al C4: ‘Persona de sexo femenino proporciona la siguiente información: Menciona que “Allende es un pueblo sin ley, andan incendiando casas, levantaron a mucha gente, hay muchos desaparecidos los Zetas se los llevaron yo creo que se traicionaron unos a otros porque hay un desorden bruto, horrible. […] Hay demasiada gente desaparecida, hay saqueos en los domicilios. Esto ocurre desde el viernes en la tarde y es lo mismo todas las noches’. No proporciona más datos y corta la llamada”.
El Consejero de la CNDH, Michel Chamberlin, por medio de las redes sociales indicó los datos centrales de la recomendación emitida por violaciones graves con folio 10/2018
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que derivado de las imputaciones que han hecho testigos de los juicios de Texas, y los estudios de la Universidad de Texas, el Colegio de México y la FIDH, las instancias encargadas de la procuración de justicia, deben investigar a servidores públicos federales, de Coahuila, y de los municipios de Allende y Piedras Negras a quienes se les señala de haber tenido vínculos con ‘Los Zetas’ en la temporalidad de las masacres en ambos lugares.
En los hallazgos para acreditar las violaciones a los derechos humanos, la CNDH comprobó que durante los sucesos ocurridos entre el 18 y el 20 de marzo en Allende, se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y a las imprecisiones de la PGR en los datos del desglose de la averiguación previa que inició el agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Coahuila.
La CNDH acreditó que la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, tuvo tolerancia con los ‘Zetas’, para los diversos sucesos de desaparición.
Al Gobernador del Estado de Coahuila y al Municipio de Allende, la CNDH recomendó colaborar con la PGR ‘’con motivo de la denuncia que este Organismo Nacional formule en contra de los servidores públicos del Estado de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada’’, así como reparar el daño a víctimas indirectas de la desaparición, y los otros delitos acreditados.
Al Gobierno del Estado en general, la CNDH hizo un llamado para que implementen en un plazo no mayor a seis meses, acciones a través de políticas públicas para combatir ‘’índices de violencia que imperan en el Estado’’, asimismo, la comisión urgió un censo que en seis meses establezca el número víctimas de desplazamiento forzado derivado de los hechos ocurridos en la relatoría de la recomendación.
A la Fiscalía General de Coahuila, le fue recomendado entre otras cosas: ‘’realizar las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior del rancho “Los Garza”, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y en su caso, se ejercite acción penal en contra de los presuntos responsables’’.
Y a la PGR, dicha comisión recomendó entre otras cosas:
’Se colabore en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de los servidores públicos involucrados en las imprecisiones en los informes proporcionados a esta Comisión Nacional’.’