Este fin de semana, 15 y 16 de febrero, se realizó en el pueblo de Zacualpan el Foro Nacional contra la Minería, convocado por el Comité Indígena por la Defensa del territorio de Zacualpan, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Bios Iguana. Con representantes de organizaciones de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí y la comunidad de Canoas, Manzanillo, se compartieron experiencias, explicaron los diferentes mecanismos de cooptación, división y amenazas que utilizan las empresas transnacionales y el Estado, para imponer los megaproyectos en donde entregan el territorio y la soberanía nacional a particulares. Resaltaron su lucha única en torno a la defensa del agua, la tierra, la biodiversidad, su cultura y la vida.
Con gran alegría en medio de un ambiente de música tradicional, ceremonias, música prehispánica y cuenta cuentos, se instaló, el sábado 15 por la tarde, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, que inauguró su nueva oficina de la resistencia, para ofrecer un espacio para la lucha, la lectura y organización de la comunidad.
La solidaridad y ordenación que se pudo observar fue ejemplo para las decenas de ciudadanos que, preocupados por el entorno y la problemática ambiental, asistieron desde Colima y Villa de Álvarez. Y no es para menos, pues si las actividades mineras llegan a realizarse, aparte de destruir las tierras comunales, correrían la misma suerte la biodiversidad de la región y el agua, que terminaría contaminada. Esto último tendría efectos expansivos, debido a que en Zacualpan nace el manantial que abastece a estas dos ciudades grandes del estado, lo que podría representar un daño para 270 mil personas más fuera de la comunidad, donde la minería pretende instalarse.
En voz de doña Epitasia, comunera y referente de lucha en la comunidad, trasmitieron su denuncia en torno al gobierno capitalista, corrupto y opresor que pretende acabar con todas las formas de vida en Zacualpan y sus alrededores; reiteraron su derecho a decidir sobre su territorio y su futuro como Pueblos Indígenas, además de rechazar las prácticas y métodos del gobierno que consisten en mentiras, engaños, represión, compra de líderes y autoridades comunitarias, que intentan dividir a la comunidad y sus familias.
Como conclusión, tras la jornada de 2 días, las organizaciones en contra de la mina exigieron la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, al igual que la destitución del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno, a la Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima, al empresario dueño del proyecto minero y al presidente de Bienes Comunales, por la integridad física de los comuneros de Zacualpan.
Además, una vez más pidieron respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros y la anulación de la concesión minera de la comunidad indígena en Comala, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima y de las miles que existen en todo el país, que según Francisco López Bárcenas, uno de los más destacados teóricos de derecho indígena en el país, representa más del 30 por ciento de territorio nacional, registrándose exactamente hasta 2013 la cantidad de 31 mil 951 concesiones.
Por último, queda como mensaje grabado en las y los asistentes al foro, la experiencia de los compañeros de San Luis Potosí que han sufrido las consecuencias de la minera San Xavier, a la pregunta de un compañero sobre qué se podía hacer en solidaridad con los pueblos y comunidades que ya fueron o están siendo afectados por la minería, éste respondió: “Lo más importante que podíamos hacer los presentes, habitantes de la comunidad de Zacualpan y avecindados de Colima, Villa de Álvarez y otros municipios, es la defensa del territorio e impedir la instalación de la mina”. Por esta razón, el reto principal del movimiento social es trabajar en la declaratoria de Zacualpan como territorio libre de minería.