Las reglas de operación son inaccesibles para 15.7 millones de beneficiarios.
Los proyectos productivos y culturales de la CDI, exigen requisitos que para la mayoría de los pueblos es imposible cumplir
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados reportó que el 30 por ciento de los recursos destinados a los pueblos originarios presenta subejercicios, a pesar de que 80 por ciento de estas comunidades se encuentra en vulnerabilidad en materia de seguridad, salud y educación.
Subraya que “los programas y las acciones instauradas en la actualidad han mostrado resultados temporales e insuficientes para terminar con el rezago de los pueblos indígenas”.
En un estudio -basado en cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI- destaca que “las causas de este menor gasto son las reglas de operación inaccesibles para los 15.7 millones de indígenas que habitan en el país”.
Por ello, expone que “es necesario realizar políticas públicas orientadas al desarrollo de los pueblos indígenas en los ámbitos económico, social, político y cultural, y garantizar que el presupuesto destinado a este sector sea orientado de forma correcta, a fin de que las comunidades salgan del retraso y la marginación. Los pueblos indígenas no buscan dádivas; lo que quieren son oportunidades para ser productivos y autosuficientes”.
Considera que un tema fundamental a atender es el principio de participación y consulta a los pueblos indígenas, al tenor de los instrumentos internacionales de los que México forma parte, a fin de empatar objetivos, metas y generación de indicadores que permitan evaluar el efecto de las políticas públicas en la materia.
Precisa que es necesario homologar lo establecido en el artículo primero de la Constitución con los tratados internacionales, respecto a los derechos humanos, ya que esto permitirá a los indígenas un trato digno y que se les consideren sujetos de derecho público.
Además, recomienda que se les reconozca la manera colectiva deseleccionar a sus autoridades y figuras de gobierno, así como sus formas de expresión y tradiciones.
Refiere también que los pueblos indígenas “son engañados por grandes empresas mineras, ya que se les expropian sus tierras sin consultarles y al no pedirles su opinión sobre concesiones a proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros, en estas comunidades, violan principios internacionales”.
“Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, sino que se respete su derecho a la consulta, la salvaguarda de los recursos minerales y ecosistemas y se les dé la oportunidad de participar en los proyectos como socios por ser dueños de la tierras, las cuales han preservado por muchos años y representan más del 90 por ciento de la riqueza ambiental del país”, puntualizó.
Plantea que ante este panorama, “es importante formular planes nacionales, programas sectoriales y quehaceres institucionales que fomenten el derecho a la representación de los pueblos indígenas y buscar mecanismos que faciliten las reglas de operación y que el presupuesto sea utilizado de manera responsable, ya que esto contribuirá a terminar con el rezago y vulnerabilidad de las comunidades rurales”.
El Financiero