• Exigen destitución de funcionarios que apoyan explotación de la mina de oro en Cómala, Colima
(Foto: Noticias Colima)
Regeneración. Abril 11, 2014 Colima, Colima.- Miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), quienes se oponen a la explotación de una mina de oro en las tierras de su comunidad, exigieron la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria en la entidad, María Elena Díaz Rivera, y del visitador agrario Carlos Soulé Díaz, hijo de la funcionaria.
A través de una queja presentada ante el titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, Raúl Armas Katz, y ante el titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, los denunciantes argumentaron que los servidores públicos cometieron “violaciones administrativas y actos presuntamente delictivos” en perjuicio de su comunidad.
Con el apoyo de tres abogados de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el CIDTZ —entre cuyos representantes se encuentran Epitacia Zamora Teodoro y Jesús Santos Quirino— señaló que la delegada de la PA en Colima violó la Ley Agraria y el Código Penal Federal, ya que consciente de las irregularidades cometidas por el anterior presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, y estando ella presente en una de las asambleas “no verificó que ésta se hiciera conforme a derecho, siendo que ella debe, en representación de esa institución, cuidar por la legalidad y protección de nuestros derechos como campesinos e indígenas”.
Por el contrario, narraron que a pesar de que en varias asambleas los comuneros ya habían votado en contra de la operación de una minera en su territorio, la funcionaria ha estado todo el tiempo “en una posición terca y reticente, por más que nosotros le hacíamos ver que estaba mal, e insistiendo en que el punto de la mina se siguiera considerando en las convocatorias cuando ya habíamos dicho no”.
Los comuneros de Zacualpan solicitaron a la dependencia federal que se realice una investigación sobre la actuación de su delegada en Colima, así como de su hijo Carlos Soulé quien ha sido acusado de amenazar a comuneros y a activistas de la organización Bios Iguana, que apoyan el movimiento contra la mina.
Pidieron también que se determine lo que en derecho corresponda y se les restituya en el goce de sus derechos violados, además de que se reconozca la validez de la asamblea del 23 de febrero pasado, cuando los comuneros destituyeron a Guzmán Teodoro y declararon a Zacualpan como territorio libre de minería.
Por su parte, Carlos Sotelo García, apoyó las demandas del pueblo de Zacualpan para que se investigue a los servidores públicos y que no se instale el proyecto minero, que entre otras consecuencias provocaría daños irreversibles a los mantos acuíferos que abastecen de agua potable a la zona conurbada de la capital del estado.
Los funcionarios denunciados, añadió el ex senador en un comunicado, “han incurrido hasta en amenazas de muerte contra activistas y comuneros, maniobrando en todo momento para favorecer a la compañía que encabeza el empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez y para criminalizar la protesta y lucha social”.
Refirieron también que Gabriel Martínez Campos y Esperanza Salazar Zenil, dirigentes de Bios Iguana, “han sido señalados y criminalizados por parte del gobernador, Mario Anguiano Moreno, en su afán de minimizar el conflicto de una comunidad indígena que rechaza este proyecto ecocida y depredador al medio ambiente y la salud pública”.
Apro | Pedro Zamora Briseño