• A cuatro años del asesinato de los defensores de derechos humanos, sus familias exigien justicia.
• Amigos y organizaciones de la sociedad civil mantienen una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República en la ciudad de México
• El acceso a la justicia es un derecho de las víctimas y una garantía contra la impunidad, denuncian
Regeneración. Mayo 6, 2014.- El 27 de abril de 2010, Bety y Jyri integraban una caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, cuando fueron agredidos mortalmente por un grupo paramilitar conocido como UBISORT; mismo grupo que mantenía sitiada la comunidad.
Los asesinatos generaron indignación nacional e internacional, 4 Relatorías de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron de manera conjunta por primera vez en la historia de México, condenando el ataque y exigiendo una investigación efectiva para sancionar penalmente a los responsables materiales e intelectuales, de igual manera la comunidad diplomática europea se pronunció en ese sentido.
Este hecho evidencio la fragilidad y el riesgo con el que realizan su trabajo las y los defensores de derechos humanos en México, y la necesidad urgente de adoptar medidas adecuadas para garantizar el pleno ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales; y también hizo visible la existencia y operación de grupos civiles armados, que actúan y agreden a la población, con la permisividad del Estado México.
Desde el pasado martes 29 de abril sus familias, sus amigos y organizaciones de la sociedad civil mantienen una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, para exigir que se cumplimenten las 12 órdenes de aprehensión que un Juez de Oaxaca libró en contra de los responsables materiales de los asesinatos ya que dichas ordenes a más de dos años de haber sido obtenidas siguen sin consumarse.
El acceso a la justicia para las víctimas es un derecho humano, y la sanción efectiva para los responsables de estos asesinatos es una garantía para evitar que hechos semejantes se repitan pero sobre todo para impedir que la impunidad siga siendo la constante en casos de agresiones a defensores y defensoras de los derechos fundamentales.
Ante ello, nos pronunciamos por el cumplimiento inmediato de todas las ordenes de aprehensión pendientes, por el inicio y sustanciación de un juicio pronto en contra de los autores materiales e intelectuales del doble asesinato, y pedimos que el esposo de Bety Cariño quien mantiene una huelga de hambre en la ciudad de México sea recibido por el Procurador Jesús Murillo Karam con la finalidad de acordar a la brevedad las acciones indispensables para detener y procesar a los asesinos.