La SCJN solo debe decidir si la consulta es “constitucional” y los ministros deben limitarse a lo que señala la normatividad
Regeneración, 28 de septiembre de 2020. Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso realizar una encuesta para enjuiciar a los expresidentes; sin embargo, el Ministro Luis María Aguilar lo declaró inconstitucional.
Para John Ackerman, la decisión de Aguilar demuestra que prefiere quedar bien con los antiguos amos del país que abrazar los nuevos tiempos democráticos.
Si en la consulta “se obtuviera un NO, se obligaría a las fiscalías correspondientes a claudicar en la función social que se les ha encomendado», argumenta Aguilar.
«Incluso, podría con archivarse o determinarse el no ejercicio de la acción penal de las denuncias que se presentaran en el futuro o las que se hubieran presentado».
Ackerman califica como espurio e hipócrita el razonamiento de Aguilar. Señala que no existe elemento para generar una “obligación” al Fiscal para “archivar” o “determinar” el no ejercicio de la acción penal contra los expresidentes.
Si la ciudadanía decidiera dar una respuesta negativa no representaría ninguna obligación para que Gertz Manero cerrara algún expediente.
Un “No” solo implicaría la ausencia del respaldo popular mayoritario para las investigaciones, resalta Ackerman.
Aguilar señala que “la propia Constitución y las leyes que de ella emanan prevén mecanismos para evitar la impunidad».
«La consulta popular no es necesaria para que las autoridades persigan, investiguen y sancionen los delitos en que incurra cualquier persona, independientemente de si ésta ejerció el cargo.”
En este punto, Ackerman le da la razón a Aguilar pues una consulta no es “necesaria” para activar los mecanismos de procuración de justicia.
El papel de la SCJN no es decidir si la consulta es “necesaria” sino si es “constitucional” y los ministros deben limitarse a lo que señala la normatividad.
Además, en caso de que la respuesta de la ciudadanía fuera positiva tampoco habría una afectación a los derechos humanos.
Aguilar dice que el objeto y la forma de la pregunta permite identificar a las personas que la consulta propone investigar y se puede vulnerar la presunción de inocencia.
PREGUNTA PROPUESTA POR AMLO
La pregunta redactada por AMLO se limita a preguntar si los ciudadanos están de acuerdo con que exista “la presunta comisión de delitos.”
Además sugiere que “las autoridades competentes” hagan su trabajo.
Una respuesta afirmativa sería el equivalente a una denuncia colectiva contra los expresidentes y contaría con enorme legitimidad popular.
El resultado de la consulta no obstaculizaría la aplicación de la ley, solo influiría en la manera en la que las instituciones ejerzan sus obligaciones.
Ackerman señala que a consulta es una invitación a que la ciudadanía se exprese respecto a la “presunta” comisión de delitos por los expresidentes.
Cabe señalar que Aguilar fue propuesto por Calderón para su cargo actual y durante la administración de EPN llegó a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.