Por Luis Moreno/ Alai*
Si bien en el último cuarto de siglo el debate sobre política tributaria ha estado en la agenda de los gobiernos latinoamericanos, su principal foco ha sido el aumento de la recaudación tributaria. La interacción de la política fiscal con la política macroeconómica, sus efectos sobre el ahorro y la inversión y su impacto en la distribución de los ingresos son temas que continúan abiertos.
El incremento de los ingresos fiscales en América Latina en la última década se explicó, entre otras cosas, por el mayor crecimiento y la relativa estabilidad experimentada, a expensas del aumento de la demanda de los países de mercados emergentes y de los altos precios internacionales de las materias primas.
Crecimiento económico con alta desigualdad social ha sido una de las principales características de los últimos años, lo que hace de América Latina una de las regiones más desiguales del mundo. El gran desafío de la región es, por tanto, crecer con equidad e inclusión social.
Al mismo tiempo, la recaudación de ingresos de estos países se ve fuertemente resentida por razones ligadas a la evasión y la elusión fiscal, en todas sus manifestaciones. Entre las formas de elusión cabe señalar la manipulación de los precios de transferencia por parte de las empresas multinacionales a fin de reubicar ganancias y pérdidas (utilizando guaridas fiscales) para evitar el pago de impuestos y ocultar.
A estos problemas se suman los beneficios tributarios otorgados a las grandes inversiones, mediante acuerdos bilaterales de inversión que privilegian la entrada de capitales extranjeros por sobre la inversión nacional y otorgan estabilidad jurídica a dichas inversiones.
Como si esto fuera poco, la región enfrenta redes de corrupción, conformadas por empresarios, funcionarios y asesores que facilitan la evasión y elusión fiscal, redes de narcotráfico y crimen organizado. Esta actividad no sería posible sin ayuda de un sistema financiero no ético que ha jugado un rol crucial de intermediario para ayudar a esconder y transferir inmensas cantidades de fondos no declarados hacia centros financieros offshore que sirven de guaridas, tal es el caso HSBC recientemente, Crédit Suisse y otros grandes bancos que forman parte del sistema financiero que han ayudado a socavar las bases tributarias de nuestros países.
En ese marco, los gobiernos deben perseguir sistemas tributarios progresivos capaces de financiar el desarrollo para atender los derechos fundamentales de las personas, desafiando y reduciendo la desigualdad social.
Así, nace el trabajo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe para lograr una verdadera justicia fiscal en nuestro continente. Justicia fiscal que nace de un enfoque basado en un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa, y transparente y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente.
Y es justamente en este contexto que más que nunca debemos poner a la justicia fiscal en el centro de atención de nuestras políticas nacionales, regionales y mundiales. Organizaciones sociales, ciudadanos y activistas del mundo, hacemos un llamado a las instituciones internacionales, regionales y nacionales a reformar el quebrado sistema fiscal mundial. El momento de la justicia fiscal es ahora.
Regeneración, 28 de julio del 2015. Luis Moreno es Economista y Master en Gestión Pública. Actualmente es el Coordinador de la Red de la Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y responsable del área de Justicia Fiscal de Latindad.
* Artículo publicado en la edición 506 (julio 2015) de la revista América Latina en Movimiento, sobre “La hora de la justicia fiscal” –http://www.alainet.org/es/revistas/506