Brigitte Gynther | SOAWatch
15 de agosto del 2015.-El pasado domingo 19 de julio, Idilberto Reyes García, de 12 años, fue asesinado por el ejército mexicano en la comunidad Indígena de Ixtalpilla, municipio de Ostula. Una niña de 6 años, Yeimi Nataly Pineda Reyes, y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas en el ataque militar.
El encargado del mando especial para la seguridad en Michoacán, el general Felipe Gurrola Martínez, quien recibió entrenamiento militar por los Estados Unidos en la Escuela de Infantería en el Fuerte Benning, Georgia, y en el Centro de Estudios Superiores Navales en California, declaró que las balas fueron disparadas al aire.
Dicha declaración desafía la realidad dado que una niña de 6 años, un niño de 12 años, un comunero de 60 años y otros miembros de la comunidad fueron alcanzados por balas que los soldados dispararon directamente hacia ellos.
El asesinato del niño Idilberto es sólo el último de una larga lista de ataques y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, entrenadas y financiadas por Estados Unidos.
Estos forman parte de una estrategia que busca criminalizar a las policías comunitarias, quienes, al haber logrado proteger sus comunidades del crimen organizado, han amenazado seriamente a los poderes que se ciernen sobre la región.
El ataque militar en Santa María Ostula ocurrió cuando la comunidad protestaba en contra de la detención de Simeí Verdía Zepeda, líder de la policía comunitaria, quien fuera detenido más temprano sin orden de aprensión y sin informar a donde seria trasladado.
Símeí y el cuerpo de seguridad comunitaria han tomado acciones decisivas en contra del crimen organizado y del narcotráfico, incluyendo el cartel de los Caballeros Templarios. Lideres comunitarios declararon que al abrir fuego en contra de la población los militares gritaban: ¡Vivan los Caballeros templarios!
En una delegación reciente del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW) a México, escuchamos una y otra vez que la guerra financiada con el Plan Mérida no es una guerra en contra de las drogas, sino una guerra en contra del pueblo mexicano, especialmente, en contra de aquellos y aquellas que se organizan para proteger sus comunidades de los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y de poderosos negocios trasnacionales.
Otro ejemplo de esta repugnable estrategia es el encarcelamiento de Nestora Salgado, quien, como Semeí, es la líder de una Policía Comunitaria Indígena, encarcelada por luchar en contra del narcotráfico. Nuestra delegación viajó a la cárcel femenina para visitar a Nestora, una ciudadana estadounidense quien regresó a su pueblo natal, Olinalá, Guerrero, donde fue electa democráticamente como comandanta de la Policía Comunitaria. El sistema de justicia y seguridad indígena basado en usos y costumbres es legalmente reconocido en Guerrero.
Nos contaron que, después de ser testigos de cómo la policía municipal entregó sus uniformes a los criminales para que estos pudieran salir de las cárceles sin problema, la policía comunitaria de Olinalá se organizaron para enfrentar el crimen organizado. A pesar del dinero que se les ha ofrecido, ellos y ellas se han rehusado a detener su lucha. Proteger a sus comunidades y no tener miedo a enfrentar a criminales poderosos que actúan en colusión con el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado es lo que ha llevado a Nestora y otros 12 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero tras las rejas.
La colusión de la delincuencia organizada y narcotraficantes con casi todos los niveles de gobierno es lo que permite que esta mafia de negocios ilícitos prosperen y crezcan. El tráfico de drogas es sólo uno de los negocios de los que se benefician, otros incluyen: el tráfico de órganos, la minería, el tráfico de armas, entre otros. Dicha colusión funciona en dos sentidos: por un lado los funcionarios del gobierno permiten, a cambio de sobornos, que las redes del narcotráfico lleven acabo su negocio ilícito, mientras que por el otro, el crimen organizado beneficia al gobierno y a la agenda neoliberal impuesta por Estados Unidos y las corporaciones multinacionales «legales» en su saqueo de México.
Escuchamos varias veces que cuando las comunidades se oponen a las compañías mineras que contaminan sus tierras y sus aguas, y se niegan a dejar su territorio, la zona es, convenientemente, tomada por grupos de narcotraficantes. La impunidad con la que asesinan estos grupos, sin que nadie haga preguntas, hace de ellos una herramienta mucho más eficaz para silenciar a las comunidades que enviar al ejército. La gente o es silenciada o se ve obligada a huir de la violencia «generada por las drogas» , y así, repentinamente, proyectos mineros se instalan y operan sin ningún tipo de resistencia, claro, siempre y cuando paguen un porcentaje a los cárteles.
Muy conveniente, sobre todo si tomamos en cuenta la riqueza en recursos naturales con la que cuentan estas regiones , recursos con los que las grandes corporaciones buscan enriquecerse, y que pueblos originarios y otras comunidades protegen con sus vidas. Esto en un contexto de grandes ganancias para las empresas trasnacionales que se producirán con las reformas ultra-neoliberales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la reforma educativa, contra la cual, los docentes y los estudiantes están protestando.
Cuando viajamos a la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en Guerrero, nos enteramos que la desaparición de los 43 estudiantes no fue la primera vez que el gobierno ha atacado a los estudiantes de esa escuela. En diciembre del 2011, dos estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría fueron asesinados por fuerzas de seguridad del estado cuando estos estaban protestando para que el gobierno les brindara más fondos para la escuela. Después de un largo e infructuoso diálogo con el gobierno los estudiantes decidieron salir a las calles a protestar con el objetivo de conseguir fondos suficientes para cubrir los gastos básicos de funcionamiento de la escuela, fue entonces cuando el gobernador ordenó a las fuerzas de seguridad «despejar las calles», lo que se hizo abriendo fuego en contra de los estudiantes. Gabriel y Alexis han sido inmortalizados en las paredes de la escuela, donde escuchamos a algunos de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Nos contaron como el gobierno mexicano se ha negado a abrir una línea de investigación en contra del ejército y las puertas de los cuarteles militares para permitirles la búsqueda de sus hijos.
Incluso, a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Expertos Independientes no se le ha permitido entrevistar a los militares acerca de la desaparición de los 43 estudiantes. Ante esta exigencia la CIDH, durante cuatro meses, sólo ha recibido excusas, a pesar de tener un acuerdo de cooperación con el gobierno mexicano para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Qué está escondiendo el gobierno? ¿Por qué no investigar al ejército?
También nos enteramos de que Guerrero alberga muchos recursos naturales, incluyendo oro, plata, hierro y un puerto muy útil para el tráfico de drogas. Hay muchas posibilidades de generar ganancias en estas tierras si tan sólo la sociedad organizada que protege sus recursos es removida del camino. Como una investigadora nos dijo, el verdadero propósito de la «guerra contra las drogas» es la creación de la violencia, la confusión y el desorden con el fin de destruir el tejido social y desmovilizar a las personas organizadas que se interponen en el camino de las ganancias de las empresas multinacionales, tanto legales como ilegales, ya sean la minería de oro, de plata, el tráfico de órganos, de armas, de drogas, u otras.
Nuestra delegación se fue de México con la determinación de hacer nuestra parte en exigir que los Estados Unidos deje de enviar miles de millones de dólares al narco-estado mexicano para financiar una guerra en contra de su propia gente.
Traducción: Evalejandra – SOAWatch, Equipo Sur