Han pasado ya tres años de los hechos registrados en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, Estado de México y el caso aún no está cerrado.
Regeneración, 30 de junio de 2017.- Hoy se cumplen tres años del enfrentamiento entre militares y civiles que han sido señalados por las autoridades como presuntos delincuentes y que dejó un saldo de 22 personas muertas.
A través de un comunicado que difundió la Comisión Méxicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos, resaltan que “la impunidad” con la que se han cubierto los hechos de Tlatlaya, “es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública».
Ayer, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informó que, al hacer un contraste del material gráfico de la escena de los hechos contenido en el expediente de la causa penal militar 338/2014, con las fotografías revisadas por la CNDH, identifican que de 19 de los 22 cuerpos “fueron manipulados”.
La CNDH, en su Recomendación 51/2014, dada a conocer el 30 de junio del 2016, asentó que “algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”.
Las abogadas Aracely Olivos y Gabriela Carreón Lee, del Centro Prodh, explicaron este jueves que, en calidad de representantes de una testigo y madre de la menor de edad Ericka, quien murió junto con otros 21 civiles, han interpuesto dos amparos.
Mediante el juicio de amparo con número de expediente 135/2015, obtuvieron acceso a parte del expediente militar. Este documento contiene material fotográfico de la escena, el cual fue elaborado previo a las imágenes que tomó y registró la CNDH.
El pasado 15 de junio, la testigo Clara Gómez González, interpuso un amparo por falta de debida diligencia de la PGR para que rinda cuentas, que actualmente se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la ciudad de México, bajo el número de expediente 545/2017.
Las averiguaciones abarcan también a policías ministeriales. En enero del año en curso, fueron sentenciados a tres años y ocho meses de prisión, cuatro policías ministeriales del Estado de México por el delito de tortura en contra de tres sobrevivientes en el operativo militar de Tlatlaya.
El 7 de marzo del año en curso, inició el juicio de otros tres policías por el mismo delito.
Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria, agregan
La resolución del Tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.
En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento.
La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH.
Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de “abatir delincuentes” en horas de oscuridad, revelada hace ya dos años, finalizan las agrupaciones.
Con información de: Noticias MVS y Milenio