Dos reconocidos abogados de casos de alto impacto relacionados con el homicidio múltiple ocurrido en 2015 en la Ciudad de México, aún sin esclarecer, son los nuevos objetivos confirmados del sistema de espionaje de alta tecnología Pegasus.
Regeneración, 2 de agosto de 2017.- Según una investigación realizada por el grupo Citizen Lab, presentada este miércoles, indica que dos de los abogados del caso Narvarte también fueron espiados por el malware Pegasus.
David Peña Y Karla Micheel Salas recibieron el malware a través de mensajes en septiembre y octubre de 2015, luego de asumir el “caso Narvarte” y de cuestionar la actuación de las autoridades con respecto a los hechos perpetrados.
Dichos abogados representan a tres de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén Espinosa en la colonia Narvarte de la capital mexicana el 31 de julio de ese año.
Cabe resaltar que una de las victimas era la activista Nadia Vera, que al igual que Espinosa, huyó meses antes de Veracruz por amenazas.
El software Pegasus espía a través de los celulares y se vende exclusivamente a gobiernos, supuestamente para vigilar a criminales y terroristas. Citizen Lab ya había confirmado su empleo contra otros 19 objetivos: periodistas que habían denunciado casos de corrupción que llegaban hasta el presidente, activistas que proponían gravar las bebidas azucaradas, políticos de oposición, o incluso expertos extranjeros que indagaban con estatus diplomático en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 a manos de autoridades vinculadas con el crimen organizado.
Uno de los artífices del informe de la universidad canadiense, John Scott-Railton, dice que los casos evidencian “un patrón” porque los objetivos del espionaje han sido “abogados e investigadores cuyo trabajo contradice las tesis oficiales”.
Cada vez que encontramos nuevos casos pensamos, ‘esto debe ser lo más conflictivo’ pero cada vez nos sorprendemos, en México ya hay 21 [personas afectadas] y en Panamá docenas más”, añadió.
El abogado David Peña recibió un texto que le informaba de un supuesto caso de extorsión que afectaba a un grupo de abogados con el que trabajaba y tiempo después un segundo mensaje, pero, según dijo a The Associated Press, no abrió ninguno de ellos.
Salas, sin embargo, sí lo hizo cuando leyó en su celular: “Karla en la madrugada falleció mi padre estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir”.
Al recibir esto la abogada se mostró muy preocupada ante la posibilidad de que quien quisiera espiarla haya podido tener acceso a “información sensible” que le confiaron víctimas y que podría poner a gente en peligro, máxime porque muchas de esas personas “ya han estado en situación de riesgo por denunciar o exigir justicia”.
“Considero que quienes podrían estar interesados en espiarnos solo podrían ser agentes estatales”, añadió en conversación con AP.
Los abogados quienes son miembros de un mismo colectivo y que llevaban también temas de feminicidios o trata de personas, acababan de presentar en octubre de 2015 en la asamblea de Ciudad de México un informe con 10 crímenes emblemáticos ocurridos en la capital y que habían quedado impunes, como el de Narvarte o el secuestro y ejecución de 12 jóvenes que desaparecieron del Bar Heaven en 2013 y cuyos cuerpos fueron localizados meses después en una fosa clandestina.
EL CASO NARVARTE
Para David Peña, el caso Narvarte es el que más pudo provocar que alguien quisiera espiarles “por su relevancia, por su complejidad y para saber qué sabemos nosotros ya que tiene implicaciones en Veracruz y con grupos de sicarios que operan en Ciudad de México”.
La Comisión de Derechos Humanos de la capital acaba de evidenciar que la fiscalía local cometió negligencias en la investigación de este crimen, así como omisiones y violaciones al debido proceso y a la verdad.
Está confirmado que el gobierno federal mexicano compró el software espía a NSO Group, pero no está claro todavía quién lo usó ni para qué, hasta el momento las autoridades han negado cualquier utilización ilegal del mismo.
La PGR abrió una investigación, aunque los afectados dudan que la fiscalía pueda investigarse a sí misma y por eso han exigido una indagatoria independiente, internacional y al más alto nivel.
Por su parte, García indicó que siguen analizando más mensajes de otros posibles afectados pero que lo que urge es que se investigue el origen de los mismos.
Con información de: Excélsior