El gobernador fue acusado de abuso de capacidad oficial y coerción por parte de un servidor público
Un fiscal especial pasó meses interrogando a testigos y acumulando pruebas de que Perry quebrantó la ley cuando prometió públicamente que negaría la asignación de 7.5 millones de dólares en dos años a la unidad de integridad pública
15 de agosto, 2014.-Un jurado de investigación acusó este viernes de abuso de poder a Rick Perry por amenazar con vetar los recursos para fiscales estatales que investigaban posibles actos de corrupción, lo que convierte al posible aspirante a la presidencia de Estados Unidos para 2016 en el primer gobernador de Texas en ser procesado en casi un siglo.
Un fiscal especial pasó meses interrogando a testigos y acumulando pruebas de que Perry quebrantó la ley cuando prometió públicamente que negaría la asignación de 7.5 millones de dólares en dos años a la unidad de integridad pública, que dirige la fiscal Rosemary Lehmberg, del condado de distrito de Travis.
Varios asistentes de alto nivel del gobernador se presentaron ante jurados de investigación en Austin, entre ellos su subjefe de gabinete, su director legislativo y el asesor general. Perry no fue llamado a declarar.
El gobernador fue acusado de abuso de capacidad oficial y coerción por parte de un servidor público, por un jurado de Austin. La pena máxima que podría recibir por el primer cargo es de 99 años de prisión, por la segunda recibiría una sentencia de dos a 10 años.
Perry dijo que Lehmberg, que reside en Austin, debería renunciar tras ser arrestada y declararse culpable de manejar alcoholizada en abril de 2013. Una grabación en video hecha en la cárcel mostró a Lehmberg gritándole a los policías que llamaran al jefe, pateando la puerta de la celda y sacando la lengua.
Lehmberg cumplió casi la mitad de su sentencia de 45 días pero se mantuvo en el cargo pese a las afirmaciones de Perry en el sentido de que su conducta fue inapropiada.
Eventualmente, Perry cumplió con su amenaza de veto. Nadie niega que tiene la capacidad para vetar medidas aprobadas por la legislatura, incluyendo parte del presupuesto estatal. Pero la organización de rendición de cuentas de filiación izquierdista Texanos por la Justicia Pública presentó una queja en la que acusa al gobernador de coerción ya que amenazó con usar el veto y lo hizo como un método para presionar a Lehmberg a renuncia.
Información: La Jornada