A organismos internacionales preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.
Regeneración, 18 diciembre 2017.- Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada la madrugada del pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.
“Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.
“Al igual que las defensoras y defensores de derechos humanos en México, organismos internacionales y expertos de la academia, Amnistía Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional”, se lee en la misiva.
Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.
Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.
“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.
Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.
Aunado a lo anterior, puntualiza, las disposiciones de la ley implican que toda la información que se genere en su aplicación sería reservada, es decir, que se mantendría en secreto, y esto es contrario al derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho de acceso a la información.
Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la CNDH, el INE o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.
“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones”.
En la misiva enviada a Peña Nieto, Shetty destaca que 2017 “terminará como el año más violento de su sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década”.
Insiste: “Presidente Peña Nieto, ahora que tiene en sus manos esta ley tiene la oportunidad de rectificar las graves fallas en esta legislación y asegurar el respeto y protección de los derechos humanos en México”.
En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.
Con información de Proceso y La Jornada