Regeneración, 17 de mayo de 2014. El pleno del Congreso local de Chiapas aprobó la iniciativa del Código que Establece el Uso legítimo de la Fuerza por las instituciones de Seguridad Pública del Estado. La nueva disposición fue aprobada por la mayoría del PRI-PVEM, con 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
El objetivo de la nueva ley es regular el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así como avalar el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.
El nuevo Código es iniciativa del gobernador chiapaneco Manuel Velasco y considera que una manifestación es violenta cuando un grupo de personas se encuentra armado, o bien que en la petición que se haga ante la autoridad se empleé uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que se deseen, o se incite a la comisión de un delito, o se perturbe la paz pública y la seguridad ciudadana.
De acuerdo defensores de derechos humanos, esta ley violará las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos, dejando a la autoridad margen para aplicar la norma con discrecionalidad
En caso de manifestaciones pacíficas se podrán armar operativos preventivos para, entre otros, resguardar bienes de terceros en caso de que la protesta se vuelva violenta.
El Código define, clasifica y establece las reglas para el uso legítimo de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas bajo los principios de “legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad y con respeto y protección de los derechos humanos”.
“Nuevo Código contiene disposiciones anticonstitucionales”: Artículo 19
Tras la aprobación ayer del nuevo Código, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 criticó en un comunicado, que la nueva iniciativa contiene disposiciones inconstitucionales y contrarias a los estándares internacionales de los derechos humanos, “que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión”.
Según Artículo 19, esta nueva legislación no garantiza la seguridad jurídica a las personas que ejercen estos derechos, lo cual puede derivar en acciones arbitrarias por parte de los elementos de Seguridad Pública del Estado que pongan en riesgo la integridad personal o la vida de quienes se manifiesten públicamente.
Asimismo, la organización de la sociedad civil denuncia que la clasificación de “manifestación violenta” que contempla el nuevo Código propuesto por Manuel Velasco “es desproporcionada y no cubre con el principio de discriminación de actos violentos”.
“La Corte Interamericana ha establecido que las autoridades, en el uso de la fuerza pública, deben distinguir imperativamente entre quienes constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave para sí o para terceros y quienes ejercen sus derechos a manifestarse y no presentar esa amenaza”, recuerda Artículo 19.