Regeneración, 8 de mayo del 2015. Ciudad de Puebla a 7 de mayo de 2015. (NODH) En la madrugada del 3 de mayo, según los testimonios que han circulado públicamente Jaid Mothe Hernández, Subdirector de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, asesinó al joven de 18 años Ricardo Cadena Becerra. ¿De quién es la culpa? Esa es una pregunta que está en el aire, una pregunta que podría guiar la búsqueda de justicia ante un hecho que refleja mucho más que los acontecimientos de esa madrugada en específico. En el México que vivimos, sobre todo en tiempos electorales, tratar de entender quién o quienes son responsables de un hecho como este y sobre todo para evitar que las condiciones que lo hicieron posible no se repitan pasa a segundo término, lo importante es a quién se le echa la culpa para no perder votos, para evitar que el escándalo salpique a todos los que con sus acciones y omisiones permitieron, nuevamente, que un joven muriera a manos de la policía.
El policía dice que su arma se disparó por accidente, la pregunta que sigue es si al perseguir a un par de jóvenes que pudieran o no estar armados con un gis y que ese gis pudiera o no haber tocado una pared, también desenfundó la pistola por accidente.
La siguiente pregunta es si el desenfundar una pistola ante dos jóvenes desarmados es una ocurrencia, parte de un procedimiento policíaco o lo que es más importante, parte de un ambiente que favorece el abuso de autoridad y la sensación de que por tener un cargo público es posible quedar impune.
¿Qué puede generar ese ambiente? Probablemente contribuya a generar un ambiente así el que en Chalchihuapan, Puebla, un niño de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo muriera por un proyectil proveniente de un arma “no letal” en un operativo policíaco sobre el que los responsables materiales permanecen impunes, sobre el que no ha habido una investigación verosímil, y sobre el que ni siquiera ha habido una simple disculpa por parte del Gobierno del Estado de Puebla. Habría que recordar que ese operativo fue el primero que se dio bajo el cobijo de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, mejor conocida y definida como #LeyBala, promovida por la administración de Rafael Moreno Valle, aprobada casi por unanimidad por el Congreso Local.
Abona a ese ambiente el que se convierta a los jóvenes en sinónimo de delincuentes potenciales y se apruebe una ley que define las formas de expresión como el pintar una pared “sin permiso” como delito grave, como es el caso de la reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (a los artículos 185, 413 Bis, se adiciona el 413 Ter; el apartado O del artículo 69 y se reforma el inciso d), de la fracción III, del apartado A del artículo 248), mejor conocida y definida como “Ley Antigrafiti”, propuesta por el diputado Eukid Castañón (presuntamente muy cercano al gobernador poblano) y aprobada por la gran mayoría del Congreso Local.
Tal vez el desdén que la administración municipal de José Juan Espinosa en San Pedro Cholula ha demostrado ante el descontento provocado por la construcción del parque de diversiones que, junto con la administración de San Andrés Cholula y el gobierno estatal, pretenden construir en los terrenos que rodean la pirámide de Cholula, se sume a la idea de que quien tiene algún cargo de poder público está por encima del ciudadano común.
Tal vez todo lo anterior junto con el hecho de que el desprecio es la forma de relación de prácticamente todos los gobiernos con la mayoría de sus representados haya hecho que Jaid Mothe Hernández al ver a dos jóvenes que pudieran o no estar pintando una pared, sintiera que podía desenfundar su Glock 9 milímetros y que las posibles consecuencias podrían quedar en el olvido y en la impunidad, no por alguna razón en particular, sino porque en México y en Puebla así ocurre.
El asesinato del joven Ricardo Cadena Becerra es un símbolo muy doloroso, es un síntoma del odio que Rafael Moreno Valle y un reducido sector de la sociedad en Puebla le tienen al 99% de los poblanos, a los de abajo, a los que les estorban, a los que les urge quitar del paisaje para presuntamente hacer “progresar” al Estado de Puebla. Un desprecio que las obras de la administración estatal por sí mismas reflejan, una política de absoluta displicencia por la gente. Las leyes que promueven la violencia, las reformas que criminalizan a los jóvenes, el encarcelamiento indiscriminado de personas que se oponen a los proyectos gubernamentales, los afanes de control absoluto, empiezan a tener las características de una política de limpieza social que ya está acumulando muertes.
¿Qué delito es más preocupante y necesario evitar, el del “grafitti” o el de “homicidio”? ¿Quién es el criminal, el que desde el poder se determina o el que es definido por sus crímenes? ¿De qué sirven los castigos ejemplares a chivos expiatorios mientras los responsables de favorecer la violencia quedan impunes?
¿De quién es la culpa, del gis que pudo o no estar ahí, del joven que tal vez lo sostenía, de la bala que le atravesó la nuca, de la pistola que la disparó, del policía que la desenfundó, del que le dio la pistola al policía y lo hizo policía, de los legisladores que aprobaron leyes que convirtieron a los gises y las paredes en delitos y a los jóvenes en criminales potenciales, del diputado o gobernador que la propuso, de quienes estimulan y apoyan una política de limpieza social y sueñan con una sociedad de mirreyes y sirvientes, de quienes miran la tragedia y la dejan perpetuarse?
Estás son preguntas que no podemos dejar de hacernos, son hechos que no podemos dejar pasar.
Desde el Nodo de Derechos Humanos nos sumamos e invitamos a sumarse a la protesta de este sábado 9 de mayo a las 4pm de manera simultánea en Puebla (Panteón Guadalupe de Cholula), Distrito Federal (Metro Sevilla – Ángel de la Independencia), Guadalajara (Parque Rojo) y Nueva York (Union Square Park) para exigir justicia a #RicardoCadena
Nodo de Derechos Humanos
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